Mientras legisladores de la oposición avanzan con denuncias y pedidos judiciales, para dilucidar si hubo una ramificación local del complejo sistema de coimas con que operó la compañía brasilera Odebrecht, la Provincia comenzó a dar los primeros pasos para modificar el sistema actual de licitaciones de obras y concesiones de servicios públicos.
La intención es seguir el camino que marcó la Nación al sancionar, en 2016, la Ley de Participación Público-Privada para llevar adelante proyectos de infraestructura y gerenciar servicios públicos.
La Provincia adhirió a la norma nacional (a través de la ley 10.409) y, mientras se trabaja en su reglamentación, lanzaron una línea concreta: un acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) que prometió apoyo técnico y el know how para estructurar el nuevo sistema.
En qué consiste. Los programas PPP proponen una serie de herramientas para que los privados participen de forma más activa en el diseño, distribución, concreción y financiamiento de la obra pública. “Implica una asociación para un interés u obra determinada o la prestación de un servicio. El privado asume el cumplimiento de ese objetivo y el Estado le va pagando una vez finalizada la obra, a diferencia del actual sistema, si la obra reúne las características y condiciones que se solicitaron. Se presentan una serie de incentivos para que el privado realice la obra de la mejor manera posible y en los mejores plazos porque, como contraparte, el Estado puede aplicar sanciones o no pagar”, detalla la secretaria de Planeamiento y Modernización del Estado, Alejandra Torres.
Otra diferencia con el esquema actual es que al financiamiento lo aporta el privado. Así, el Estado se limita a trabajar en el pliego de licitación y en las tareas de control y seguimiento de la obra, a través de una unidad ejecutora específica.
La PPP admite varias modalidades: puede ser un fideicomiso, o conformar una Asociación Público-Privada (APP). La semana pasada se realizó en Córdoba el Primer Encuentro de Participación Público-Privada. De esa jornada, la Provincia se llevó el compromiso de la UNOPS de gestar un vínculo asociativo para formar equipos técnicos y la posibilidad de financiar estudios de prefactibilidad para identificar las obras que podrían salir bajo esta modalidad. “Estamos trabajando para que salga este año”, señaló Torres.
-La obra pública ha sido uno de los sectores que más se ha prestado para la corrupción, ¿una PPP puede ayudar a bajarla?
-Un estudio que realizó el BID dio como resultado que con la asociación público-privada se encontraron menos casos de sobrecosto, por la generación de incentivos para que se terminen las obras con menores costos y a tiempo para evitar penalizaciones.
-¿Hasta qué punto no implica una privatización de servicios o de la obra pública?
-No, no tiene nada que ver lo ideológico. La obra o el servicio que se preste es un bien público, no se cede la propiedad. Buscamos mayor eficiencia porque hay cosas que el Estado no tiene por qué ponerse a hacer. Es una herramienta más para tratar de trabajar a mayor velocidad y hacer las cosas mejor. No es una privatización.
