En el balance estadístico del 2018 difundido por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, un dato sobresaliente es la cantidad de resoluciones que produjo en materia penal económica. De un total de 681 protocolizadas en la secretaría penal, 210 fueron por delitos económicos. Por estupefacientes fueron 145.
Entre ambas, suman poco más de la mitad del total de causas en las que decidieron los jueces de la segunda instancia en los tribunales federales locales.
En Córdoba, la causa más grande en materia penal económica es la que investiga a socios y empresas vinculadas a la desaparecida financiera ilegal CBI Cordubensis S.A. En el transcurso de 2018, la Cámara Federal confirmó la elevación a juicio y por esa decisión, en noviembre último iniciaron las audiencias en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), con 16 acusados, cuya continuidad está prevista en febrero.
Los delitos económicos de competencia federal son complejos. Son iniciados por denuncias de damnificados, por Afip, la Unidad de Información Financiera (UIF) o la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Además de CBI, otro caso resonante en trámite con efecto político es la investigación al líder sindical Hugo Moyano, imputado por lavado de activos en la compra de terrenos en Punilla.
Además de estas causas, de gran trascendencia mediática, la Cámara resolvió sobre varios expedientes por evasión impositiva en las cuales los imputados usaron prestanombres insolventes con el objeto de comercializar granos sin tributar las cargas legales. Fueron tramitados, en su mayor parte, en el interior en la zona de mayor producción agropecuaria provincial.
Drogas sintéticas. El segundo gran grupo de resoluciones penales estuvo referido a estupefacientes. A la par del tráfico y contrabando de las drogas más convencionales, como marihuana y cocaína, la aparición de pastillas de diseño generó nuevas discusiones jurídicas. Entre esas cuestiones, la Cámara convalidó la apertura de envíos postales a través del correo, que es la modalidad adoptada para introducirlas desde otros países, especialmente de Europa.
Productividad. En materia penal, civil y previsional, las sentencias producidas fueron más que los expedientes que ingresaron al tribunal. Los registros arrojan los siguientes resultados: ingresaron 547 causas en Penal y hubo 681 resoluciones; en Civil subieron 1.367 y se produjeron 1.620 fallos.
Previsionales. Desde 2014, por una directiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tribunal cuenta con una Secretaría Previsional para revisar fallos de primera instancia de juicios iniciados por jubilados. En aquella oportunidad se resolvió descomprimir la Cámara Nacional de la Seguridad Social por el volumen de casos en los que debía intervenir. De ese modo, se habilitó a las Cámaras Federales en todo el país como tribunales de alzada.
Entre enero y diciembre del año pasado, la Secretaria Previsional recibió 1.628 expedientes y protocolizó 2.615 sentencias sobre planteos de trabajadores pasivos.
Amparos. Por último, un aspecto destacable es la cantidad de recursos de amparo presentados por particulares. En total, la Cámara intervino en 293 pedidos. Es conocida la preocupación de las autoridades por los numerosos reclamos ante la negativa de obras sociales o empresas de medicina prepaga que niegan la cobertura de prácticas médicas o medicamentos a los pacientes. Sin dudas, en ese universo la mayoría responde a este tipo de pedidos de intervención judicial.
