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CóRDOBA / LEY DE DESFEDERALIZACION
domingo 14 enero, 2018

El combate al narcomenudeo debilitó lucha contra el narcotráfico

Desde que Córdoba adhirió a la Ley de Desfederalización y se enfocó en el combate del comercio al menudeo, la Justicia Federal prácticamente dejó de investigar narcotráfico en territorio provincial.

por Norma Lezcano

CAMBIO DE PARADIGMA. En los tres primeros años de vigencia de la Ley de Desfederalización en Córdoba, el combate al consumidor final desvió la atención sobre el narcotraficante. Foto: CEOP PERFIL

En 2018 se cumplirán 13 años de la entrada en vigencia de la Ley Nacional de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes (Ley Nº 26.052), a la cual Córdoba adhirió en diciembre de 2012 (Ley Nº10.067).

Al cabo de un quinquenio de aplicación de la norma en la provincia, la conclusión es que la Justicia Federal prácticamente ha desparecido del territorio cordobés en materia de investigación de causas por narcotráfico. 

Según muestra el último Informe Estadístico sobre Narcocriminalidad elaborado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), dependiente de la Procuraduría General de la Nación, antes de la implementación de la Ley de Desfederalización, en Córdoba el 66% de las causas iniciadas en la Justicia Federal investigaban hechos delictivos vinculados a estupefacientes. 

Ese porcentaje descendió drásticamente al año siguiente (de 66% a 22%) como consecuencia del traspaso parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, del ámbito federal al provincial. Para el año 2014, solo 12% de las causas eran por estupefacientes y en 2015, 13%. En términos nominales, los datos de ese último año implicaron unas cinco causas por estupefacientes por cada 100.000 habitantes, tramitadas ante la Justicia Federal en Córdoba. 

A partir de mayo de 2015, la aplicación de la Ley de Desfederalización se acompañó en la provincia con la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), cuya actuación redujo aún más la participación de la Justicia Federal. En los primeros 15 meses de gestión de la FPA, las causas de narcotráfico elevadas a la instancia judicial nacional pasaron de 174 a 20 (-89%). 

El impacto del alejamiento de la Justicia Federal en materia de narcotráfico en Córdoba es tal que se refleja en los números nacionales que muestra la Procunar: “La disminución de causas totales por estupefacientes iniciadas en la Justicia Federal, entre 2012 y 2013 (de 46% a 43%), se explica fundamentalmente por la implementación de la Ley de Desfederalización en la Provincia de Córdoba”, sostiene el documento. 

Del total nacional de investigaciones por tráfico de estupefacientes que realizó la Justicia Federal en 2012, el 10% de las causas se iniciaron en Córdoba; para 2013 ya representaban solo el 2% y desde entonces es menos del 1%.

¿Qué significa todo esto? La Ley Nacional de Desfederalización introdujo la posibilidad de que las jurisdicciones provinciales que adhieran a la norma asuman la competencia penal de delitos por estupefacientes considerados menores (tenencia simple y tenencia para consumo personal, Art. 14, Ley 23.737) y el comercio al menudeo (comercio fraccionado en dosis destinadas directamente al consumidor, Art. 5, Ley 23.737). Mientras tanto, el tráfico ilícito que excede el menudeo, el contrabando de estupefacientes y los restantes delitos previstos en la Ley 23.737 se mantienen dentro del ámbito de la competencia federal.

A  más de una década de iniciado este esquema atomizado de combate al narcotráfico, la Procunar comenzó a advertir sus debilidades, sobre todo si se tienen en cuenta los resultados:  el Informe Anual sobre las Drogas 2016 que publicó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ubicó a la Argentina como uno de los países que integran "las cinco principales corrientes de tráfico de cocaína" hacia todo el mundo; además, las estadísticas de la ONU colocan a la Argentina, junto a España, como el país de mayor consumo de esta droga a escala global.

“En los debates parlamentarios en los que se discutió el texto de la Ley Nº 26.052, ya se advertía una preocupación anticipada sobre la falta de claridad en el criterio que determinaría la competencia. El eje de ese debate giraba en torno a fundados interrogantes sobre cómo interpretarían las fuerzas de seguridad, los jueces y los fiscales provinciales las condiciones para calificar los casos controvertidos”, sostiene la Procuraduría en un documento que evalúa el impacto de la implementación de la Ley de Desfederalización.

Los “casos controvertidos” se presentan cuando se comercializan estupefacientes en dosis fraccionadas para llevar al consumidor y aparece, entonces, un amplio abanico de zonas grises: ¿a quién se combate en esos casos: a la organización, a los dealers, a los consumidores? 

Si las dosis se atomizan en gran cantidad de puntos de ventas, ¿cómo se llega al distribuidor mayor que justifica la figura de narcotráfico y sin el cual el narcomenudeo no existiría?

La mayor vulnerabilidad de la Ley Nº 26.052 es que no prevé claramente (o nunca se pusieron en marcha) mecanismos de interacción entre la Justicia Provincial y la Federal para que causas iniciadas  en narcomenudeo logren ascender a instancias de investigación que alcancen el narcotráfico que tienen en su origen. 

Así entonces, en Córdoba, la FPA (que es la encargada de combatir el narcomenudeo) logró incautar casi 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína (unos $29,2 millones), cerrar 663 puntos de ventas y detener a 2.423 narco-menudistas desde el inicio de su gestión en mayo de 2015 hasta junio del 2017; sin embargo, en los primeros 15 meses de operación, de las 3.764 investigaciones realizadas solo el 0,53% se convirtieron en causas federales.

“Una parte importante de los recursos de las fuerzas de seguridad terminan estando destinados a la criminalización de las personas consumidoras de este tipo de sustancias”, evalúa la Procunar,  y agrega: “Es necesario hacer hincapié en que la aplicación de los conceptos de eficacia y eficiencia implican concentrar los recursos del sistema penal en la narcocriminalidad -como una de las mayores manifestaciones del crimen organizado- y sus vínculos existentes con otras actividades delictivas, como el lavado de dinero, la corrupción y el desvío de precursores químicos”.

En esta estrategia que plantea la Procuraduría lo que se haga en torno al narcotráfico en Córdoba es clave por su posición geoestratégica como punto de enlace de las rutas que abren paso al tráfico desde el NOA y luego facilitan la distribución  a lo largo de la Región Centro, para exportar la droga por el lado del Pacífico y del Atlántico; además de abastecer el mercado cada vez más maduro y demandante que implica el consumo nacional. 

Las estadísticas de Procunar muestran que en el NOA (Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, donde solo Salta adhirió a la Desfederalización), en 2015 hubieron 2.000 causas por narcotráfico atendidas por la Justicia Federal. En el mismo año, Mendoza, San Luis y Santa Fe (ninguna de las cuales adhirieron a la ley) sumaron en conjunto 4.900 investigaciones. Mientras tanto, ese año en Córdoba fueron solo 172.  


HORA DE HABLAR DE ¿FRACASO O MALA IMPLEMENTACIÓN?

Aunque la provincia de Córdoba es el único distrito del país que avanzó en la creación de una Fuerza Policial Antinarcotráfico (que en los hechos se dedica al narcomenudeo y no al tráfico de estupefacientes mayorista), el debate sobre la efectividad que tuvo o no la adhesión de la provincia a la Ley de Desfederalización es prácticamente nulo. No ocurre lo mismo en otras provincias y en el marco del Congreso de la Nación.

Derogación. En el Parlamento nacional existen al menos dos proyectos que proponen derogar la ley y devolver a la competencia federal la investigación de los casos de narcotráfico, en toda su cadena de desarrollo.

Una de las iniciativas lleva la firma de los legisladores Guillermo Guastavino, Juan Manuel Abal Medina y Miguel Ángel Pichetto (Frente para la Victoria y PJ). “El atomizar la competencia entre las distintas jurisdicciones provinciales implicó una arquitectura institucional ineficiente, que contribuyó a debilitar y fragmentar la presencia del Estado en la materia”, dice el proyecto y fundamenta: 

“La Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas de la OEA observó que la descentralización puede ser considerada en los aspectos de prevención y tratamiento, donde es importante que las agendas locales tengan gran desarrollo, pero no en materia de control y aplicación de sanciones y la judicialización”.

Otro de los proyectos que va en igual sentido pertenece a Elisa Carrió y Fernando Sánchez (Coalición Cívica). En su propuesta, estos legisladores sostienen que se produjo un “avance de la narcocriminalidad en las provincias que adhirieron a la ley”. Al respecto sostienen: “Ya en el 2006 advertimos que el consumo, tráfico, producción y distribución se han expandido de manera exponencial en los últimos años. Esto solo fue posible gracias a la complicidad de sectores vinculados con el poder político, el judicial, el empresarial y el policial. Sin participación de ellos, la cadena tendría un eslabón cortado”. 

Delicado equilibrio. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, la ministra Patricia Bullrich no se expidió abiertamente sobre la cuestionada ley pero reconoció: “Todo narcomenudeo tiene un narcotraficante mayor, porque el narcomenudeo es nada más que la llegada de la droga hasta un pequeño punto, pero esa droga viene de algún lado, de una red mayor” y agregó: “Lo más importante no es separar taxativamente narcomenudeo de narcotráfico sino que las fuerzas federales y provinciales trabajen en conjunto”.

¿Llegará esto a materializarse en una política de Estado integral? Para el fiscal federal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de la ciudad de Santa Fe y profesor de Derecho Procesal Penal, Walter Alberto Rodríguez, “una investigación fragmentada (del fenómeno del narcotráfico) corre el riesgo de no comprender la real dimensión de los hechos”.  A su juicio, los análisis que se vienen haciendo del impacto de la ley “deberían desalentar a los Estados que se plantean la posibilidad de adherir” y propone generar un nuevo debate en aquellos distritos donde se concretó la desfederalización, “para evaluar su eventual derogación”.



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