El "salvataje" del Estado a tomadores de crédito sería de menos de $1000

La polémica en torno a los créditos hipotecarios UVA y ahora sobre el subsidio que destinará el Gobierno nacional para compensar a los tomadores de esos créditos está lejos de desaparecer. Ante los reclamos de los tomadores que aseguran que no pueden afrontar las cuotas ya que se actualizan siguiendo la variación de precios en lugar del coeficiente de variación salarial (CVS), el Gobierno decidió destinar fondos que se aplican cuando esa diferencia supera los 10 puntos porcentuales. Entre mayo de 2016, cuando arrancó el sistema y hasta junio de 2019 se entregaron 112.795 créditos, el 63% desde la banca pública. Y, en un primer cálculo, desde el Estado estimaron que habría unos 80 mil créditos que podrían recibir el subsidio ya que cumplen con los requisitos de no tener otro inmueble, escrituraron viviendas por hasta 140.000 UVA , tomaron créditos de hasta 120.000 UVA. Y destinaría unos $80 millones a tapar la brecha entre una fórmula de actualización de la cuota y la otra.

Dudas y enojo. Por ahora, lo que hubo fue una comunicación del Ministerio del Interior confirmando la asistencia y definiendo que iría a paliar los aumentos excesivos verificados en 15 cuotas, desde octubre de 2018 a fines de este año. Entre los tomadores de créditos hay dudas y enojo. Las dudas se explican porque aún no recibieron una notificación oficial del Central ni de los bancos sobre cómo y de qué volumen sería la ayuda. El enojo porque estiman que, de los 15 meses, solo se aplicaría en seis, cuando la diferencia entre un sistema y otro supere los 10 puntos, en el marco de planes que se extienden por hasta 360 meses.

Proyección. En el Colectivo de Hipotecarios UVA Córdoba, con la asistencia de El Club del Derecho, trazaron un cálculo del impacto de la ayuda desde el que concluyen que la ayuda sería prácticamente nula. “El subsidio tomaría la franja de meses desde octubre de 2018 y para que se aplique el subsidio la diferencia entre el índice CER y el salarial tiene que ser más del 10%. Para una cuota de un mes en el que efectivamente se puede aplicar el subsidio, supongamos de $17 mil, el subsidio es de $170, menos del 1% y se aplica en un número restringido de cuotas. El subsidio no ayuda absolutamente en nada, es una maniobra electoralista y mal pensada. Es una burla”, define Julia Irazoqui, abogada que patrocina a tomadores de créditos y presentó cuatro amparos para frenar las ejecuciones de quienes se atrasaron con las cuotas. Además de estimar el impacto de la ayuda, el colectivo está trabajando con analistas de la UNC en un programa de simulación de la evolución de las cuotas a largo plazo, algo que, aseguran, no se hizo en los bancos cuando se tramitaron los préstamos. “La gente tiene que saber cómo sigue esto en el futuro. Hay gente que sacó créditos a 30 años y esto explotó en el segundo año, todavía faltan 28 años”, apuntan.

Amparo y revisión. Mientras el foco de atención se centró, en estas semanas, en el apoyo estatal, la cuestión de fondo, el cuestionamiento a la fórmula de indexación de las cuotas, no se está atendiendo. En la Justicia de Córdoba se presentaron cuatro amparos cuyos expedientes pasan del fuero federal al provincial. Y llegarán más. “Tenemos 37 amparos más para presentar. Estamos estudiando si serán amparos o pedidos de revisión de contratos. Se nos explotó el colectivo en los últimos meses por la situación económica de la gente. Hay más del 40% del padrón que se les superó en un 30% la relación cuota ingreso”, detalla Irazoqui.

Mañana, concentración. El Colectivo de Hipotecados UVA Córdoba organizará mañana lunes, desde las 19 en la plaza San Martín, un encuentro donde se buscará difundir la problemática que afecta a los tomadores de créditos UVA; además de reclamarle al Congreso la sanción de una ley de emergencia que modifique la operatoria de indexación de los créditos, para evitar las ejecuciones hipotecarias que podrían llegar a implementarse contra aquellas familias que se encuentran en situación de mora por la falta de pago de estas cuotas, por los montos aplicados “que son altísimos e inviables para la media de las familias argentinas”.