Elevan a juicio a siete exfuncionarios de una cooperativa
Es la que presta servicios de electricidad, consumo, obras y servicios públicos de Quilino. Entre los acusados figura la funcionaria del Inaes, María Cecilia Carrizo.
A JUICIO. Los exfuncionarios de la cooperativa están acusados de defraudación por administración fraudulenta continuada |
Cedoc Perfil
La fiscal de Instrucción de Deán Funes, Fabiana Pochettino, elevó a juicio la causa en la que investigó una defraudación contra la Cooperativa de Electricidad, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Quilino, en el norte provincial. Son siete las personas acusadas por el delito de defraudación por administración fraudulenta continuada en perjuicio de la propia entidad. Según el requerimiento de elevación a juicio se calcula en $9 millones la pérdida que le habrían causado.
En el listado de imputados se encuentra María Cecilia Carrizo, actual coordinadora general del Consejo Federal y Regional del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y hermana de la diputada nacional Soledad Carrizo (Cambiemos). Le cabe responsabilidad, según la investigación preliminar, por su actuación mientras fue tesorera y luego gerente de la cooperativa.
El listado se completa con otros exfuncionarios de la mutual: Roque Cristian Rivero, José Roger Figueroa, Eduardo Acosta, María José Duartez Uribe, Mariana Alejandra López y Marcos Héctor Delgado.
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En la descripción de los hechos la fiscal subrayó que todos, “actuando en connivencia y violando el deber de fidelidad para con dicha entidad y con el fin de procurar un beneficio económico para sí y/o terceras personas no identificadas a la fecha por la instrucción, defraudaron a dicha entidad”. El ardid consistió en la utilización de facturas apócrifas, a fin de justificar contablemente el egreso y sustracción de sumas de dinero de la cooperativa, simulando el pago de deudas a proveedores inexistentes o existentes pero que no prestaban ningún tipo de servicio o venta, para lo cual habrían confeccionado las correspondientes órdenes de pago.
El tiempo en que se centró la investigación fueron dos años, desde 2013 al 2015 y según declaró a la prensa la fiscal Pochettino la pesquisa implicó un trabajo muy complejo. La justicia analizó en forma pormenorizada el movimiento de fondos que se produjo en ese lapso, en que se sucedieron diferentes gestiones. De hecho hay exgerentes, tesoreros, síndicos y auditores externos entre los acusados.
