Empresas reclaman herramientas para surfear los meses de dura híper recesión

La sequía de pesos comenzó a ser una realidad palpable en la economía provincial. Los comercios Pymes mostraron en septiembre una caída del 8,3% respecto de igual mes del año anterior, profundizando así un deterioro de la actividad que inició en marzo, según datos de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom). De los 17 rubros relevados por el Departamento de Estadísticas de la entidad, todos mostraron valores negativos en la comparación interanual respecto a las cantidades vendidas.

La baja más pronunciada se observó en un rubro suntuario como joyería y relojería (-19,3%); sin embargo, destacó también la merma en otros segmentos esenciales como alimentos y bebidas (-7,5%) y textil e indumentaria (-10,3%). Desde abril y hasta fines de septiembre, cerraron más locales comerciales y de servicios de los que abrieron en toda la provincia: 620 bajas contra 516 aperturas. Las expectativas de los empresarios no son de las mejores para lo que resta del año, un 44% espera más caída en las ventas.

“El país está atravesando por un momento de ajuste que debe ser asumido por todos los sectores, pero si no defiende al sector productivo será sumamente difícil salir de esta situación”, señaló el presidente de Fedecom, Marcelo Stehli. En diálogo con PERFIL Córdoba, el dirigente empresarial confirmó que la Federación que preside, en coordinación con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), hizo una presentación ante cinco instancias gubernamentales -de Nación y Provincia- para reclamar urgentes herramientas que permitan a las Pyme sostener su operatoria en los meses de híperrecesión que se avecinan.

Punto por punto. Por un lado, los empresarios enviaron una carta al ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano, solicitando la suspensión por 180 días de embargos y ejecuciones originadas por falta de pago de todo tributo que competa a las Pymes. Asimismo, tomaron contacto con el titular de la cartera de Trabajo provincial, Omar Sereno, para pedir que se flexibilicen las condiciones exigidas para que una empresa pueda acogerse al Procedimiento Preventivo de Crisis. Actualmente, la compañía que pide ampararse en esta figura debe acreditar que sus últimos tres balances arrojaron pérdidas. “Tenemos casos de empresas a las que en los últimos dos años les fue bien, pero ahora para poder enfrentar el fuerte deterioro de la actividad necesitan entrar a este procedimiento”, explicó Stehli.

Los reclamos de los empresarios cordobeses llegaron también a los despachos del ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, del responsable de Producción,
Dante Sica y de la Afip. Al titular del ente recaudador, Leandro Cuccioli, solicitaron la suspensión por 120 días de los embargos de cuentas corrientes, una medida que está desquiciando la operatoria de las empresas, sobre todo porque cuando la firma logra cancelar su deuda impositiva, la Afip se toma hasta 30 días para levantar la medida.

Por otro lado, preocupados por no poder mantener los empleos que ya garantizan (con las consecuencias sociales que esto traería aparejado) los empresarios Pymes también tocaron a las puertas de Trabajo. En una carta dirigida al ministro Triaca, a la cual tuvo acceso este medio, solicitan “implementar algún tipo de gestión en pos de sostener los puestos laborales; por ejemplo, la flexibilización de las jornadas –lo cual podría implicar una reducción horaria–, o bien la redistribución de las tareas del personal”. Asimismo, “contando con su apoyo –dice la misiva– le pedimos que se replique esta petición ante los ministerios de Trabajo provinciales”.

Según indicó el presidente de Fedecom en diálogo con PERFIL Córdoba, entre las expectativas de los empresarios está también la posibilidad de que se recurra a la herramienta denominada “banco de horas”, la cual permitiría que las horas que se reducen en algunas jornadas se compensen en otras cuando el ciclo de negocios o la productividad lo permita, evitando el pago de horas extras.

Asimismo,  al ministro de la Producción, Dante Sica, le formularon tres medidas concretas: permitir a las pequeñas y medianas empresas incluir la liquidación del Formulario 931 en el mismo régimen de pago del IVA que habilitó la Ley Pyme. Con esta medida, los empresarios buscan que los vencimientos de aportes y contribuciones patronales (que se realizan a través del F. 931) se extiendan a 90 días, en lugar de los 30 que rige en la actualidad.

Por otro lado, reclamaron a Sica “el restablecimiento del crédito mediante la baja de las tasas de interés” y finalmente apuntaron al frente impositivo: “Teniendo en cuenta que la disminución del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIB) no es factible en este momento, como alternativa apostamos a una medida tendiente a eximir a las Pymes del pago vía retenciones de IIB a toda operatoria bancarizada, ya sean depósitos, transferencias, pagos con cheques, etcétera”, sostiene la carta enviada por los empresarios cordobeses al Ministerio de la Producción. Este último punto ya fue considerado por los gobiernos de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. En efecto, el jueves último se publicaron las resoluciones respectivas por las que, desde este mes, 25 operaciones en cuentas bancarias quedarán al margen de la retención de Ingresos Brutos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Un dato importante que remarcó el presidente de Fedecom es que “no hay problemas serios en la cadena de pagos. Estamos viendo una gran prudencia y responsabilidad de parte de los empresarios”, enfatizó Stehli. “Dado esto, sería muy conveniente que los gobiernos apoyen con las herramientas solicitadas para que no se deteriore la situación general de las empresas”, concluyó el empresario.

Lo cierto es también que la propia sequía de pesos y la instauración de plazos de pagos a 45, 60 y 90 días redujeron la exposición de cheques rechazados. Al respecto, la Unión Industrial de Córdoba presentó una encuesta donde se destaca que en septiembre el corte de cadena de pagos afectó al 13%, lo que marcó el nivel más bajo de los últimos tres meses. En cambio, lo que se ha extendido es la proporción de empresas que demoran más en cobrar sus facturas. El 75% de las firmas dice que el plazo se estiró a entre 60 y 90 días.