En 17 años, Electroingeniería facturó US$1.000M con obra pública cordobesa
Si se prorratea la facturación anual del período, significó aproximadamente el 1% del presupuesto total de la provincia de cada ejercicio. ¿Cómo fue el mecanismo para lograr ese desempeño?
SOCIEDAD. En 36 años, Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra construyeron un megaholding con presencia en ocho países de América Latina y Europa. |
FINO PIZARRO
Electroingeniería SA, fundada en 1977, es hoy solo una de las empresas del megaemporio multilatino de origen cordobés que significa Grupo Eling, creado en 2009. Desde la pyme que fundó Osvaldo Antenor Acosta, en Córdoba, en la década de 1970 para fabricar celdas y tableros eléctricos, hasta el holding que logró presencia en ocho países, pasó de todo. Pero, en particular, a partir de 1982 cuando Acosta le ofreció trabajo a su excompañero de universidad, Gerardo Luis Ferreyra.
Con Acosta desde Córdoba ejerciendo como presidente de la empresa y Ferreyra instalado en la sucursal de Buenos Aires como vicepresidente, Electroingeniería mutó de una empresa especialista en temas eléctricos a una constructora de obra pública.
Durante ese derrotero, la habilidad estratégica de Ferreyra para leer escenarios políticos (es un ex militante del PRT con nueve años de prisión a cuestas) permitió a la empresa entablar una fuerte alianza con dos ejes de poder, supuestamente enfrentados en su momento: el delasotismo en Córdoba y el kirchnerismo en el puerto. La propia evolución de los negocios de la empresa es un fiel reflejo de esa táctica.
En efecto, la plataforma de acumulación que consiguió Electroingeniería con las obras realizadas en la provincia entre 2001 y 2005 le sirvió para dar el salto a la red de negocios de la era K y a la vertiginosa expansión que tuvo a partir de 2009. En ese año, la dupla Acosta-Ferreyra se vio obligada a crear Grupo Eling como holding inversor, propietario de acciones en 18 diferentes empresas y cinco participaciones societarias, de rubros tan disímiles como construcción, inmobiliario, energía, comunicaciones y agroindustria (ver abajo).
Escuelas como palanca.“Todo arrancó en las aulas”, podría ser el título de la historia que Electroingeniería empezó a escribir en Córdoba, en 2001, de la mano del por entonces gobernador José Manuel De la Sota y del viceministro de Educación, Ricardo Jaime. Fue entonces que la empresa de Acosta y Ferreyra, a través de una UTE que crearon con la firma CPC, logró su primera plata grande en la obra pública, al construir 127 escuelas financiadas por el BID. Ganaron $ 99 millones (US$ 28,3 millones), a los que se agregaron el año siguiente otros $93,4 millones (US$ 23,9 millones) por un segundo lote de 110 establecimientos, que construyeron enasociación con Iecsa.
Aún hoy algunos empresarios del sector recuerdan que este último contrato le hubiera correspondido a la española Obrascón Huarte Laín por una oferta más baja, pero el Gobierno la marginó por “objeciones técnicas” y favoreció a la empresa cordobesa.
Con ese debut en la obra pública, Electroingeniería se convirtió en la preferida del Presupuesto provincial para infraestructura de los gobiernosde UPC.
En su portafolio de obras realizadas en Córdoba figuran: la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado Bicentenario (US$549,25 millones); la Estación Transformadora Arroyo Cabral (US$27 millones), la sede gubernamental El Panal (US$85 millones), la Cloaca Máxima Sur que une barrio San Vicente hasta la Planta de Bajo Grande (US$17 millones), el Nudo Vial El Tropezón, en UTE con Roggio (US$48,84 millones); un tramo de gasoducto (US$ 48 millones) y la participación junto a otras siete empresas del proyecto de Extensión de Vida útil de la Central de Embalse (US$173 millones).
En unos 17 años significaron alrededor de US$1.000 millones que, solo en Córdoba y desde el presupuesto público, nutrieron sus arcas.
El mecanismo. Más allá de lo que indiquen o no “Los Cudernos-Gate” sobre la virtual participación de Gerardo Ferreyra en el pago de coimas a los gobiernos del matrimonio Kirchner, tema que ya está investigando la Justicia, en Córdoba el mecanismo anudado por Electroingeniería fue mucho más complejo.
El éxito de Electroingeniería se basó en cuatro vértices que ahora emergen del devenir de su historia: vínculos políticos que trascienden el partidismo de la coyuntura y se apoyan en una vieja ideología y camaradería compartida; apoyo en empresas constructoras de trayectoria para transitar proyectos que excedían su capacidad operativa; redeterminaciones de precios de la obra pública y priorización en las licitaciones públicas a partir de artilugios de diferente naturaleza, operados desde el poder.
Libros y reportes periodísticos actualizaron incesantemente esta semana los años de cárcel compartidos entre Ferreyra, Carlos Zannini y el actual ministro de Obras Públicas y Financiamiento de Córdoba, Ricardo Sosa, durante la dictadura. En este círculo aparece también como figura-nexo determinante el ahora encarcelado Ricardo Jaime.
Hay documentalistas de la historia de Electroingeniería que le otorgan a Jaime el rol de puente entre Néstor Kirchner y José Manuel de la Sota, un vínculo soterrado para los negocios que, en la superficie, se diluía en función del relato político de “Córdoba, la discriminada y enfrentada al poder K”.
Aunque es cordobés, Jaime se radicó en Santa Cruz en 1982 y desde entonces tuvo una carrera política ascendente en esa provincia, llegando a ser ministro de Gobierno y Educación de las gobernaciones de Kirchner. Cuando Néstor empezó a proyectarse nacionalmente, Jaime desembarcó en Córdoba en el área de Educación (como viceministro, secundando al doctor Juan Carlos Maqueda), una cartera en la cual empezó a gestarse el emporio de Electroingeniería.
Nacida como empresa fabricante de tableros eléctricos y de venta de insumos para el ramo, los dueños de Electroingeniería eran conscientes que el difícil y competitivo rubro de la construcción de grandes obras no era lo suyo, por eso el modelo de UTE le fue funcional en su primer despliegue. En ese esquema, otra firma –Iecsa, por entonces bajo la órbita de control de Franco Macri– fue un primer punto de apoyo significativo.
Hay quienes recuerdan que José Manuel De la Sota siempre fue un “buen allegado” a Franco Macri por los años que sirvió en su otra empresa Socma, como abogado de ese corporativo. En este ecosistema de poder y obra pública, Iecsa reiteradamente terminó orbitando, de un modo u otro, cerca de los intereses de Unión Por Córdoba.
Las redeterminaciones de precios y las priorizaciones en las licitaciones son otros de los vértices que aparecen con insistencia en el historial de Electroingeniería. Las primeras 127 escuelas que construyeron en Córdoba tuvieron una redeterminación de US$4,3 millones; las obras de El Panal, US$17 millones y en la Central Bicentenario llegó a US$109,8 millones (para esta usina aún hoy tiene un contrato de operación y mantenimiento por US$ 240,98 millones).
Respecto de las priorizaciones que la firma de Acosta y Ferreyra han tenido en el esquema de obra pública de la provincia, el caso más expuesto ha sido el proceso de la licitación fallida del edificio que iba a estar destinado a los ministerios en el complejo del Centro Cívico.
La primera licitación tenía un virtual ganador (empresa Teximco) por un presupuesto 4% inferior al oficial; sin embargo la licitación fue dada por caída por objeciones de construcciones ambientales no contempladas por el propio Gobierno. En ese llamado, Electroingeniería quedaba en segundo lugar.
Se hizo una segunda licitación en la que el Ministerio de Obras Públicas ajustó el presupuesto en 8% (aumento que dejó el monto de obra cerca de la oferta de Electroingeniería). Sin embargo, esta también fracasó. El Gobierno argumentó “la falta de precios reales por la crisis (cambiaria) desatada”. Fuentes del sector de la construcción dejaron deslizar que la caída se decidió cuando trascendió públicamente que Osvaldo Acosta había hecho una visita al gobernador Juan Schiaretti días antes que se abrieran los sobres de la licitación.
En su momento PERFIL Córdoba preguntó esto a la propia Electroingeniería; en la voz de su ejecutivo encargado de relaciones con la prensa, Mariano Musso, esto respondió la empresa: “Desestimamos totalmente la versión, no ha habido ningún encuentro entre el presidente de la compañía, Ing. Osvaldo Acosta, y el señor gobernador”.
DENUNCIA ABIERTA CONTRA LA EMPRESA
María Ester Romero
El 2 de julio de 2013, Luis Juez presentó una denuncia en la Justicia Federal contra el entonces gobernador, José Manuel de la Sota, su antecesor Juan Schiaretti, Diego Bossio (Anses), Daniel Bonetto (Epec) y los empresarios Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra (Electroingeniería).
Relataba el devenir del presupuesto que Epec utilizó para lo que se planteó, inicialmente, como repotenciación de las centrales termoeléctricas y que luego devino en la construcción de la nueva Central en Pilar. En los anuncios se calculó el costo de la obra en U$S300 millones, cifra por la que Anses otorgó un préstamo en diciembre de 2008. Por incumplimiento en el pago, en trece meses la deuda trepó a U$S 565 millones, según la presentación.
Se emitieron títulos de deuda y estipularon un interés de 12,5% anual en dólares a pagar en ocho años con lo cual el monto de la deuda inicial se transformó en U$S 1.130 millones. Varias cuestiones planteó el pedido de investigación. Aquí algunas: A pesar de cambiar el proyecto original, no se hizo un nuevo llamado a licitación y se terminó adjudicando la obra a la UTE Electroingeniería-Sener. La única fuente de financiamiento fue Anses, incluso para repagarse a sí mismo la deuda inicial. No se supo el destino que se dio al préstamo inicial de U$S300 millones, aportados desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo previsional nacional.
