Mientras se espera que el presidente Mauricio Macri envíe en forma inminente el proyecto al Congreso de la Nación para modificar la ley que regula el financiamiento político, que entre sus puntos principales obligará a bancarizar todos los aportes privados, los especialistas sostienen que si el flujo de dinero circula por el sistema financiero legal se garantizará la trazabilidad. Es decir, es posible controlar la ruta del dinero desde que lo aporta una persona hasta que llega al partido y el uso y destino que se le da.
En Córdoba, el dato saliente de las legislativas del año pasado es que mientras Unión por Córdoba canalizó todas las contribuciones de particulares a través de depósitos bancarios, Cambiemos fue la contracara: el 88 por ciento lo recibió en efectivo.
Los datos son públicos y pueden observarse en la página web de la Cámara Nacional Electoral donde están cargadas las cifras e, incluso, los nombres con el correspondiente DNI de los aportantes que cada partido o alianza declaró ante la Justicia. Vale la pena recordar que el Ministerio del Interior distribuye fondos a todos los partidos para encarar las campañas pero estos aportes públicos resultan insuficientes y se complementan con la recaudación de contribuciones privadas.
Unión por Córdoba es la agrupación que más erogaciones tuvo. Los gastos operativos y de publicidad, sumaron 26.819.509 pesos. Le siguió Cambiemos, con una rendición de gastos por 6.637.703 pesos. En el cuadro con columnas que ilustra esta nota es posible observar la magnitud de los aportes privados que logró cada partido o alianza electoral que, complementado con los entregados por el Estado les permitieron financiar sus respectivas campañas.
Si se observan las rendiciones de cuentas de los siete partidos y alianzas que participaron de la compulsa electoral del año pasado, prácticamente en todas hay paridad de gastos e ingresos. Hay dos casos con superávit y déficit pero se trata de cifras insignificantes. Para la especialista en Derecho Electoral Delia Ferreira Rubio, de Transparencia Internacional, “de lo que se trata es saber si los números declarados son reales”.
¿Números dibujados? Los peritos contables de la Justicia Electoral también controlan este aspecto. Lo hace evaluando las inversiones, especialmente las no declaradas (carteles en la vía pública, publicidad en medios electrónicos, etc) y controlando si fueron declaradas. Si no lo fueron, tampoco declararon el ingreso de fondos para hacer frente al gasto. Por esa razón no basta con operaciones matemáticas, sino de descubrir si coincide con la realidad. El circuito en negro “no se arreglará con una ley por más buena que sea; se soluciona con honestidad, que es algo más complicado que una ley”, advirtió Ferreira Rubio.
EL CASO BUENOS AIRES ES GRAVE
Delia Ferreira Rubio subrayó dos aspectos graves que presentan las denuncias de más de mil supuestos aportantes -que no fueron tales- a la campaña de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires. Por un lado, el uso de las bases de datos oficiales admitido por autoridades del Ministerio de Desarrollo Social para hacer figurar como donantes a personas que recibían planes sociales. “Son datos resguardados bajo responsabilidad de las autoridades”, enfatizó y prosiguió: “El otro aspecto grave es que para disimular afiliaron a esas mismas personas al partido; es decir que fueron engañadas o usaron sus datos y falsificaron sus firmas”. Si asignaron donaciones a personas que no las hicieron, la presunción es que hay fondos negros ingresados. “Las leyes tratan de crear mecanismos e incentivos para tratar de controlar el fenómeno pero no es correr una maratón. Es jugar al ajedrez, porque las piezas negras también juegan”, explicó la especialista.
ELECCIONES 2017: PARTIDOS Y ALIANZAS EN CORDOBA
CANDIDATOS. GASTOS DECLARADOS
Primero la Gente (Luis Alberto Beltrán) $1,7 millones
Encuentro Vecinal (Aurelio García Elorrio) $1 millón
Frente de Izquierda y de los Trabajadores (Liliana Olivero) $2,1 millones
Unión por Córdoba (Martín Llaryora) $26,8 millones
Frente Córdoba Ciudadana (Pablo Carro) $2,6 millones
Izquierda al Frente por el Socialismo (Luciana Echevarría) $1,6 millones
