Es urgente dar trazabilidad a los fondos de la política

En la Argentina restan exactamente 240 días para que inicie un nuevo ciclo electoral. Un tiempo breve pero estratégico para encarar reformas que son fundamentales a efectos de consolidar el sistema democrático. Entre ellas, la que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. 

El punto central es cómo evitar que el dinero proveniente de fuentes espurias contamine la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales.

“Si bien, este es un tema que hay que abordar en forma sistémica, lo que urge en este momento es dar trazabilidad a los recursos que reciben los partidos”, afirma Lara Goyburu, coordinadora del programa de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). “Para esto, los aportes deberían dejar de ser en efectivos, se tendrían que bancarizar de modo que se pueda trazar y transparentar el origen y el camino jurídico de los recursos”, agrega la experta.

La urgencia que plantea Goyburu no sería tan acuciante si no se analiza el tema en el marco de este contexto: en los últimos 22 meses, quedó expuesto el poder que alcanzó el narcotráfico en todo el territorio nacional. 

"Sin los vínculos con la política no puede explicarse la perdurabilidad de las organizaciones narco ni su nivel de expansión e influencia. El negocio del tráfico de drogas ilícitas es una actividad que requiere algún margen de interacción irregular con la estructura institucional", sostiene el experto mexicano Carlos Flores Pérez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, especializado en crimen organizado.

El supuesto dinero aportado por Sebastián Forza (uno de los protagonistas de la mafia de la efedrina), a la campaña de Cristina Kirchner en 2007, se volvió una suerte de ícono de este fenómeno. Pero, lejos está de ser el único o el último.

¿Qué hacer? En las elecciones presidenciales de 2015, el 90% de los aportes privados declarados por las campañas fueron realizados en efectivo. “Al admitirlo, la ley permite de hecho lo que prohíbe expresamente: donaciones anónimas. El efectivo, aun cuando se deposite en la cuenta única del partido o de la campaña, no permite trazar su origen y, por lo tanto, impide identificar al donante y comprobar si su origen es lícito”, explican María Page y Josefina Mignone, investigadoras de CIPPEC.

Frente a esto, el CIPPEC propone, centralmente, prohibir los aportes en efectivo. Pero, además, crear un mecanismo de declaración online de las actividades partidarias y de campaña para  agilizar la publicación de la información y los controles. Asimismo, promover la habilitación de medios electrónicos de pago para hacer aportes. “Es anacrónico no permitir que el financiamiento de la política se digitalice”, enfatiza Goyburu.

Se trata, sin dudas, de reformas que tienen que ver con la aplicación de tecnología, pero también con un cambio cultural. “Los partidos son las únicas personas jurídicas que interpretan que pueden recibir donaciones millonarias sin tener que preocuparse por conocer el origen lícito del dinero, como obliga la Ley de Prevención de Lavado de Activos a toda institución que recibe donaciones”, señalan Page y Mignone. 

Para fortalecer el efecto disuasorio de las sanciones, CIPPEC cree necesario hacer a los candidatos corresponsables y disponer que las alianzas no puedan disolverse hasta que se haya aprobado su rendición de campañas y comprobado de dónde provinieron sus fondos.

Finalmente, para lograr resultados, los expertos advierten que es crucial buscar mecanismos de acuerdo para que las provincias adhieran a la legislación nacional.

DIPUTADO JUAN F. BRÜGGE (BLOQUE UNA)

"LA LEY DEBE ESTABLECER LÍMITES ESTRICTOS"

-Según CIPPEC, la mayor parte del financiamiento de los partidos políticos en la argentina se da por canales informales  ¿cómo revertir esto? 

-No me consta que sea así. no obstante, en un país en donde la economía tiene áreas informales, puede existir esa posibilidad. la situación se podría  controlar con la reglamentación de la ley de financiamiento de los partidos políticos, incorporando la obligatoriedad de que cada aporte en efectivo que se realice por parte de  un tercero al partido político contenga una declaración jurada del aportante en un formulario elaborado al efecto, ya sea por el afip o por la uif, en donde en carácter de declaración jurada se señale el origen del fondo aportado. 

- ¿Cree conveniente habilitar a empresas y sindicatos para que sean aportantes?

- Habilitar a empresas o sindicatos para que se puedan convertir en aportantes a los partidos políticos es un tema discutido a nivel internacional, por sus implicancias en lo que hace a ciertos favoritismo hacia aquellas fuerzas políticas que tengan posibilidad cierta de llegar al poder, en desmedro de los partidos políticos más chicos; máxime en un sistema multipartidario como es el que rige en la argentina. por ello, la ley debe reglamentar y establecer límites estrictos, en especial en época de campañas electorales, y por supuesto con expresión del origen de los fondos.

-¿Cómo limitar el uso de recursos públicos en épocas de campaña? 

-La limitación debe ser estricta y tener carácter prohibitivo, con fuerte sanciones a los que los funcionarios que lo transgreden. por lo que, producida la convocatoria a elecciones generales, que es de 90 días antes de la realización del comicio se debe suspender todo tipo de inauguración de obras públicas y anuncios sobre campañas de acción de gobierno de cualquier tipo, salvo los casos en que por razones de emergencia, catástrofe o seguridad sea necesario realizar comunicaciones masivas. en este punto, no debemos olvidar que existe a la fecha un tema no tratado que es la publicidad en las redes sociales, que no tiene límite hoy legal, ni siquiera para la época de veda electoral. 

- ¿El dinero del narcotráfico ha permeado el financiamiento de los partidos políticos en argentina?

-No me consta ni tengo prueba que ello sea así, pero hay que extremar los controles sobre el origen de los fondos aportados, a los partidos políticos para evitar que ello suceda.