Si bien las denuncias contra la desarrollista Euromayor venían desde hace varios años, la causa tuvo un giro importante el miércoles último cuando la fiscal Valeria Rissi ordenó allanamientos masivos y simultáneos en los que fueron detenidos los dos máximos responsables de la firma, Laerte Muzzi y el abogado Jorge Monferini. También fueron arrestados Mariano Fontán (área Legal), Jorge Airaudo (South American Trust S.A., Satsa) y Oscar Cerutti. El viernes la fiscal sumó cinco nuevos imputados.
Este medio dialogó con dos denunciantes. Uno es abogado y damnificado por un loteo llamado Jardín Inglés Este, que preveía 43 terrenos de entre 800 y 900 metros cuadrados. La venta se abrió en 2013 con la promesa de que los propietarios pudieran tomar posesión entre 2014 y 2015.
Iniciaron el trato con Euromayor, pero luego la operatoria quedó en manos de Trust & Development (T&D). Pagó la totalidad, pero la sociedad no puso un peso en las tierras. Actualmente, es un baldío que ni siquiera fue alambrado. Al averiguar quiénes eran los responsables de la sociedad, se comprobó que los libros societarios habían desaparecido.
La segunda persona entrevistada es un abogado que representa a un empresario porteño. Se interesó por el emprendimiento Tierra Alta, en proximidades de Villa Carlos Paz. El abogado recuerda: “La folletería, maquetas y render eran impactantes”. Se montó una fiesta fastuosa para mostrar la ubicación del lugar y la vista que propiciaba.
Hoy ese espacio que presagiaba jerarquía y belleza es un frondoso yuyal. Ante el reclamo del inversor por el no inicio de las obras, le ofrecieron canjear por ‘departamentos a 5 minutos del centro de Córdoba’. Estaban ubicados en el complejo Nueva Cervecería donde, de una serie de torres previstas solo se construyó una.
La causa Euromayor, radicada en la fiscalía conducida por Rissi, es de una complejidad particular, sostienen los investigadores
DEPARTAMENTOS Y HOUSING
El fiscal Enrique Gavier, por su parte, asestó un golpe a la operatoria que venía desarrollando Marcelo Javier Marieschi, administrador de las sociedades civiles creadas para construir edificios de departamentos y casas en housing.
En este expediente hace nueve días fueron detenidos Marieschi, su esposa, la arquitecta Constanza Pelaez quien desarrolló varios de los proyectos; la hermana de Marieschi, Marianella; el escribano Adrián Benelbas; su hermano Jorge Benelbas; los corredores inmobiliarios Fernando Civalero, su esposa María Reina Correa, Diego Díaz; y el ingeniero, Claudio Telésforo Ubios.
Para vender los departamentos y las casas utilizaron dos modalidades: boletos de compraventa y adhesiones a las sociedades civiles. En ambos casos, se realizaban entregas y luego se iban pagando cuotas con la promesa de recibir los inmuebles.
Este medio dialogó con dos damnificados que analizan todavía qué camino tomar para reclamar lo que perdieron.
El primer caso es el de un matrimonio que adquirió una casa en Curaquén 2, un housing de dúplex en dos plantas. La primera de dos etapas se construyó en un 80% sobre un terreno adquirido por Marieschi. La segunda está sobre tierras que son propiedad de un vecino y sobre las cuales se cimentaron otras unidades, pero que llegaron a una ejecución del 10 o 20%. Pagaron la totalidad del precio acordado, $1,3 millón. Luego, apareció otra sociedad que habría tomado las riendas del emprendimiento, pero les pidió $2,3 millones adicionales para entregarles la unidad construida.
Los damnificados elaboraron una planilla y confirmaron que había unidades vendidas a más de una persona.
El segundo caso es el de otra pareja que firmó la adhesión a la sociedad civil por una casa en ‘Curaquén 4’. Con el argumento de que el fideicomiso ‘es caro’ les ofrecieron adherir a la sociedad civil.
Ahora evalúan cómo reclamar; mientras las defensas de los imputados advierten que los socios son coresponsables de las defraudaciones.
Hay otros casos de familias que entregaron inmuebles donde vivían, como parte de pago. Marieschi les habría exigido un poder y luego, para que pudieran permanecer en esas viviendas, les cobró un alquiler. Es decir se quedaron sin el inmueble que tenían y tampoco pudieron acceder a la unidad que en teoría habían adquirido y que no se llegó a construir.
