Fuerte condena a un proxeneta por explotación sexual de dos niñas

Cristian Omar Yanantuoni conoce la cárcel y también transitó los tribunales provinciales y federales. En ambos recibió condenas por diferentes delitos, siempre vinculados al sometimiento sexual de mujeres en el mundo de la prostitución. No le bastaron los años que pasó tras las rejas. El viernes pasado sumó una nueva sentencia adversa, ya que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), en sala unipersonal integrado por José Fabián Asís, le aplicó 11 años de prisión por el delito de “rufianería agravada” por la situación de vulnerabilidad y porque dos de las tres víctimas eran menores de edad.

La lectura de los fundamentos será a fines de la próxima semana.

Yanantuoni ya había recibido condenas en dos oportunidades. En julio de 2009 la Cámara del Crimen de Villa María le aplicó cinco años de prisión por facilitación de la prostitución de menores y tenencia ilegal de armas.

Tiempo después, en 2017, el TOF2 también lo condenó a seis años de prisión por el delito de rufianería. Lo notorio de aquel juicio fue que junto a él también recibieron penas su madre y su hermano no vidente. Al parecer, la persecución judicial y los días recluidos en prisión no modificaron su conducta y reincidió.

Un carribar en la ruta. En el juicio que finalizó el último viernes, los hechos no son sustancialmente diferentes. La causa se inició por una denuncia anónima que llegó a las autoridades. En febrero de 2015 se realizó un allanamiento en su domicilio y fue detenido porque los elementos secuestrados convalidaron las sospechas. Yanantuoni continuaba con las actividades vinculadas a la explotación sexual de mujeres.

Las víctimas que se identificaron en esa circunstancia son dos menores de 15 años (actualmente tienen 20) y una mujer mayor de edad que fue su pareja. Él las trasladaba por la noche a la zona de tránsito pesado, sobre la ruta. Un carribar escondía su principal actividad: concertaba las citas con hombres que iban en procura de sexo. Por cada encuentro que concretaban las mujeres él se quedaba con 500 pesos.

Para mantenerlas activas y dependientes les proporcionaba estupefacientes. La noche del allanamiento, el 6 de febrero de 2015, en su vivienda de calle Estados Unidos 488, se secuestró en la cartera de una de las adolescentes a las que sometía marihuana y materiales para armar porros.

Una vez que fueron rescatadas, las jóvenes recibieron tratamiento en el Hospital Neuropsiquiátrico de nuestra ciudad, por las crisis de abstinencia que les producía la carencia de las drogas. Además, ellas no se reconocieron como víctimas y durante la internación vivieron episodios de agresión violentos hacia los profesionales que la atendían.

El hombre declaró durante el juicio que no es un explotador sexual, que lo unían vínculos sentimentales a las jóvenes y acusó a la policía de armarle la causa para incriminarlo.

En tanto, las víctimas declararon en Camara Gesell, durante la investigación preliminar, mientras que al juicio que finalizó el viernes no fueron convocadas por la grave situación de salud mental que las afecta después de las experiencias vividas.

Dominio. La Justicia analizó la situación de vulnerabilidad de las menores. Tenían antecedentes de violencia familiar y carencias de todo tipo. En los informes de peritos psicólogos se lee que una de ellas no se reconocía como víctima y consideraba a Yanantuoni como un ser protector. Le compraba las zapatillas de moda, le permitía dormir en su casa y gracias a él podía comer todos los días “y las veces que pidiera”, fueron las descripciones que aportó.

LA IMPORTANCIA DE LA DENUNCIA ANONIMA

El último informe oficial sobre la cantidad de denuncias anónimas por trata de personas que presentó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), señala que desde que se habilitó la línea 145 -en julio de 2015- hasta diciembre de 2017 se recibieron 5.238 alertas.

Esa cifra representa el 61% del total de denuncias por este tipo de delitos que llegan al sistema judicial. Por esa razón, las autoridades consideran que esa modificación de la ley 26.842 es una de las más relevantes porque habilita una herramienta de acceso a la Justicia y detección de casos de crimen organizado, como es considerada la trata de personas que afecta en especial a las mujeres.

Otro de los puntos que destacó el informe fue el gran número de denuncias anónimas recibidas por casos de trata con fines de explotación sexual. El 40% (1.718) estuvo referida a hechos de presunto sometimiento de mujeres a la prostitución frente a 13,1% (563) de sospechas por explotación laboral.

Protex sostiene que los terceros ajenos a la explotación, y muchas veces denunciantes, tienden a percibir con mayor claridad que una mujer sea víctima de algún delito cuando toma conocimiento de la existencia de un prostíbulo, mientras que no sucede lo mismo cuando se enteran de que en un campo o en un taller existen trabajadores en condiciones de ilegalidad, riesgo para su vida y regímenes laborales de facto de extremo abuso. En este último caso, se naturaliza la existencia de patrones con conducta de sometimiento.