Investigan a la Municipalidad por aval a emprendimiento inmobiliario

El fiscal Anticorrupción, Matías Bornancini, investiga si funcionarios de la Municipalidad de Córdoba cometieron delito al habilitar un emprendimiento inmobiliario que se encuentra en una de las arterias principales de barrio Urca.

Se trata de Mediland Village, un proyecto que prevé tres torres con 125 departamentos, espacios comunes y locales comerciales, varios de los cuales ya están funcionando.

Un particular presentó la denuncia que apunta a dos cuestiones fundamentales: el presunto abuso de autoridad en que podrían haber incurrido los funcionarios comunales al conceder permisos de edificación en el marco de las cuestionadas ordenanzas que regulan la concertación público-privada en la ciudad y también a la violación de normas ambientales al no evaluar el impacto de la edificación en el barrio.

Bornancini realizó tres allanamientos. Uno se llevó a cabo donde está emplazado el emprendimiento de calle Lamarca al 4.100. Otro fue en barrio Pueyrredón, donde funcionan las oficinas de la empresa Arturo Pucheta Construcciones y el tercer procedimiento se efectuó en la sede de la inmobiliaria Meade, que comercializa los inmuebles y es titular del desarrollo, en pleno centro de Córdoba.

Se tomaron fotos, videos, se secuestraron planos y documentación. Participaron el gabinete de reconstrucción criminal y personal de la Dirección de Investigaciones Operativas.

El fiscal también libró una orden de presentación a la Municipalidad para que envíe los expedientes referidos al proyecto y el texto de las ordenanzas relacionadas, documentos que ya se encuentran en análisis en la Justicia.

Excepciones a la norma. Si bien el desarrollo urbanístico de Córdoba está normado por el Código de Edificación de 1986, por el Concejo Deliberante pasaron y se aprobaron ordenanzas modificatorias. Varias de ellas se enmarcan en el concepto de la concertación entre el municipio y empresas privadas. Ese acuerdo consiste en el compromiso de desarrollistas de realizar obras complementarias para la ciudad a cambio de que se les permitan excepciones a la normativa vigente en edificación. En este caso, las torres se elevan cinco pisos, en una zona donde el límite para levantar un inmueble son siete metros. La presentación cuestiona el hecho de que se prioricen los intereses privados que favorecen al emprendimiento en detrimento del barrio que, a partir de la construcción, no solo cambia su fisonomía sino que se ven afectados los servicios básicos.

Compensación irrisoria. La denuncia también solicita se investigue la proporcionalidad entre el usufructo que tendrán los titulares del desarrollo inmobiliario y el beneficio que obtendrá la ciudad. En este caso, según se desprende de la exposición del denunciante, el emprendimiento aportará tan solo una calle asfaltada de 40 metros desde Lamarca hacia Ginés García, en el interior del barrio.

Impacto ambiental. También cuestiona que no se hayan realizado los pasos previstos por la Ley de Ambiente que impone como requisito a cualquier emprendimiento, la realización de una audiencia pública previa. Se anularon espacios verdes, se habilitarán viviendas para más de un centenar de familias y se desconoce si la red cloacal existente podrá soportar esa nueva tasa de uso, cuando ya en la actualidad es notoria la sobreexigencia al sistema.

DOMINA, CRITICO

Uno de los concejales que más cuestiona las normativas de excepción es Esteban Dómina. En diálogo con PERFIL CORDOBA recordó que durante la gestión del exintendente Daniel Giacomino se habilitó la ordenanza 12.077/07 denominada “de obras complementarias”. “Pero el actual intendente no solo no la derogó –enfatizó- sino que avaló otras ordenanzas que tienen un amplio margen de discrecionalidad”. “Con un agravante –continuó–, todo se consuma sin una planificación urbana”.

Prendió el alerta en relación al anuncio de varios proyectos, entre los que citó la decisión de Irsa de construir departamentos y oficinas sobre la playa de estacionamiento del shopping emplazado en Villa Cabrera. Y recordó que en diciembre, el intendente Mestre envió al Concejo Deliberante varios convenios para su autorización. Con convicción, recalcó que “ninguno genera beneficios a la ciudad y solo sirven para que los desarrollistas ganen más”.