La Provincia ante el desafío de vivir con lo propio y evitar la tensión social

Se acabó lo que se daba.  En dos semanas, la realidad de Argentina transparentó sus vulnerabilidades más profundas y ahora la política está obligada a dejar de lado cálculos electorales -al menos por un semestre- para evitar el mayor daño posible. De lo contrario, los elegidos en el próximo turno no tendrán que gestionar una crisis sino un caos.

“Internamente pueden debatir sobre cómo quedará la distribución de ingresos, pero deben asumir que hay la plata que hay”, advierte de forma directa el economista Claudio Loser. En diálogo con PERFIL Córdoba, Loser señaló que “en el marco de un acuerdo contingente, el Fondo va a tomar en cuenta el déficit federal, pero también el resultado de las provincias, por fuera de las transferencias no automáticas”. En el punto coincide el economista y diputado por UNEN, Martín Lousteau: “No serán condicionantes para un determinado nivel de gobierno, sino que van a tener impactos también en los otros, porque existen vasos comunicantes desde el punto de vista fiscal”. 

Así las cosas, lo que comenzó a gestarse esta semana en Washington, más temprano que tarde, terminará impactando en las políticas que se deciden en el Panal. ¿De qué modo? Las consecuencias se tienen que dividir en dos niveles: por un lado, las derivadas del deterioro macro que llevó a la corrida cambiaria en desarrollo; por otro, los ajustes que deberán hacer todas las instancias del Estado para acceder a la medicina (el crédito stand by de rápido acceso). (Ver abajo: "Todo confluye hacia $27" y “El número clave”)

Gestionar tensiones. La inflación del primer cuatrimestre llegó al 10% y la proyectada anual llegaría a 24% / 24,5%, de acuerdo a distintas fuentes. Este ritmo del costo de vida va a recalentar las demandas de los gremios estatales.

En abril ya se puso en funcionamiento la cláusula gatillo acordada con el SEP, sobre una paritaria cerrada al 11%. Las actualizaciones serán dosificadas hasta cubrir ese porcentaje, llegando al mes de agosto. A partir de entonces, los aumentos se darán mes a mes conforme marque el ritmo inflacionario. “Mientras la inflación anual no supere el 20% está todo bajo control”, admitió a este medio una fuente del ministerio de Finanzas a comienzo de año. Ese techo ya se superó y comienza a ser un factor de tensión sobre un presupuesto donde el 53,2% de los gastos corrientes se lo lleva el personal.

Si bien la Provincia había arrancado el año con arcas nutridas –gracias al Consenso Fiscal y aumento de la recaudación propia–, la pauta de crecimiento del 3,5% con que se diseñó el Presupuesto 2018 ahora se transformó en un conservador 2%, según el FMI; un nivel de actividad que podría caer aún más si el clima político no ayuda a reencontrar el equilibrio en los próximos 30 días.

“Alerta deuda”. El otro punto vulnerable al que se enfrenta la Provincia es la evolución de su endeudamiento. Ya no se trata sólo de las dificultades para seguir tomando deuda y cumplir con el programa de obra pública (que está apalancado sólo en un 40,6% con recursos propios), sino que ahora también comienza a ser foco de alerta la ecuación deuda/ingresos corrientes. Antes de la corrida, Córdoba estaba en el umbral del 30% considerado “saludable”; el riesgo es que esta relación se deteriore.

Aunque, hay un indicador más importante todavía sobre el cual el Fondo pone atención: la ecuación financiera final. Para este año, la Provincia preveía un resultado financiero superavitario de apenas $395 millones (el 0,3% de los ingresos totales proyectados, cuando el año pasado había llegado a ser del 4%). “Entre los desafíos crediticios que enfrenta Córdoba está la capacidad para controlar sus gastos operativos en forma prolongada”, había advertido  Moody´s, cuando todavía no había ‘cisnes negros’ a la vista. 

Reformas de fondo. “El debate con el FMI siempre fue porque no pueden aplicar condiciones sobre las provincias, dado que son autónomas”, advirtió el economista Daniel Marx. “Ahora el Consenso Fiscal no se puede reabrir porque ya es ley; aunque sí van a estar atentos a que se cumplan los compromisos de la Ley de Responsabilidad Fiscal”, advirtió.

Tanto para Lousteau como para Loser es de esperar que se “sugieran” modificaciones al sistema previsional. “Cuando se miren las medidas para mejorar los flujos de caja federal, se pondrá acento en los fondos que atienden los déficit previsionales provinciales”, explica Loser. Según los expertos, la ampliación de la edad para acceder a la jubilación es una reforma que podría aparecer en las condicionalidades del stand by.

Cómo explica Lousteau, el Consenso tuvo la falla inicial de pretender “bajar impuestos para ganar competitividad en un contexto de tipo de cambio atrasado”; sin embargo, esta ley es hoy la única herramienta con que cuenta la Nación para disciplinar fiscalmente a los estados subnacionales (incluidos los municipios). Fue una suerte de anticipación a lo que exigirá el Fondo.

Difícilmente, ahora, haya espacio para guiños políticos; gobernador que no se alinee no encontrará eco en la Nación. Ya ni siquiera se trata de “ayudar a co-gobernar” sino de aprender a vivir con  lo propio, a menos que se apueste a una nueva crisis como la del 2001, barajar y dar de nuevo.

Retos de Mestre. Cualesquiera sean las características del acuerdo que la Nación cierre con el FMI, el monitoreo del Fondo se extenderá durante un periodo de 18 a 24 meses. Durante ese tiempo, las condicionalidades impactarán, directa o indirectamente, a todas las instancias de gobierno. A una Municipalidad como la de la capital provincial, las consecuencias del nuevo escenario van a recaer sobre tres frentes:

Consenso Fiscal. “Los que no apoyen en esta instancia que se vayan a financiar a otro lado”, advirtió el presidente Macri a sus ministros, haciendo referencia a gobernadores e intendentes. En este contexto, el mejor escenario para el Palacio 6 de Julio sería llegar a un acuerdo con la Provincia por el litigio de los fondos coparticipables, donde cada parte ceda algo.

El artilugio de esgrimir la “inconstitucionalidad del Consenso” tendría efecto boomerang para Mestre. No sólo porque ese acuerdo tiene jerarquía de Derecho Intrafederal y está por encima de las Autonomías Municipales, sino porque le cierra las puertas de la Rosada. De hecho, este viernes se firmó el Decreto 430/2018 por el cual todos los ministros y organismos del Estado deberán pedir estricta autorización a Peña y Dujovne antes de celebrar un convenio con una provincia o con un municipio en el que se prevean transferencias del Tesoro Nacional.

Mestre tendrá que defender, en el marco más armonioso que le sea posible, una coparticipación de impuestos nacionales y provinciales por más de $5.000 millones, porque los $3.456 millones de ingresos adicionales que le aportan estas dos jurisdicciones podrían demorarse o eliminarse. Entre esas partidas hay montos destinados al famoso galpón del CPC Rancagua, a Parques Educativos, al Paseo Portal de Güemes, reparación del Teatro Comedia, obras viales, mejoramiento barrial y vivienda social, entre los principales destinos.

Financiamiento. En abril, el intendente ya había empezado a sentir las demoras de las transferencias nacionales y autorizó la emisión de bonos a mediano plazo por $800 millones. A partir de ahora, según confió a PERFIL Córdoba una fuente de la Subsecretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, se agudizarán los controles de la Nación sobre las emisiones de deudas de los municipios. “Se pondrá el foco en cuánto es la nómina sobre gasto total (que no supere 50%), porcentaje de ingresos propios sobre totales y servicios de deuda sobre Presupuesto”, indicó la fuente. 

Tasas sobre servicios. Si hasta el momento se fue “sugiriendo” la eliminación de tasas sobre las tarifas de gas, luz y agua que no hacen a la estricta prestación del servicio, ahora la presión será contundente para ayudar a la actividad privada y atemperar una virtual recesión.

Por tasa de gas, la Municipalidad debe resignar en lo inmediato $251 millones; a finales de año o inicios del siguiente deberá despedirse de $351 millones de contribución sobre energía eléctrica y $533 millones de tasa sobre el agua. Por ello, es clave que llegue a un acuerdo razonable sobre la coparticipación con la Provincia o convengan en conjunto cómo financiar obras de cloacas, desagües pluviales y de gas que se pondrían en riesgo en la capital y zona conurbada. 

TODO CONFLUYE EN UN DOLAR A $27

La aparente interna en el fragmentado equipo económico nacional que, en definitiva, lidera el presidente Mauricio Macri terminó repercutiendo en la falta de una política consistente para mantener en equilibrio tres variables básicas: inflación, tipos de interés y tipo de cambio real.

Como ocurre en un equipo de fútbol donde hay muchos DT y poca estrategia, cuando los resultados no aparecen llega un momento en que hay que parar la pelota y replantear el juego. Esto va a ocurrir con el ingreso de Argentina a un nuevo stand by, donde el árbitro externo (el FMI), por definición, no financia economías con tipos de cambio retrasados, que no controlan inflación y a la larga no garantizan crecimiento. ¿Entonces, qué puede venir?

Argentina fue a tocar las puertas del Fondo, mostrando como antecedente un peso que ya se devaluó 23% en los últimos seis meses; una inflación sin techo, cuya proyección anual da 24% (según Ecolatina) y una enloquecida tasa de 40% (la más alta del mundo) que no logra poner ningún equilibrio a la macroeconomía. Estamos en el vórtice de un círculo vicioso. 

En los primeros análisis con el equipo fondomonetarista que conduce Alejandro Werner, se habría planteado al ministro Dujovne empezar a negociar con un dólar de base de $27,50, pero una política monetaria diferente a la que viene aplicando el BCRA, ya completamente fracasada.

Los bancos centrales tienen tres mecanismos de estabilización: fijar o limitar el tipo de cambio (convertibilidad o cepo); control de inflación vía tasa y control de agregados monetarios. Argentina ya probó con Cavallo y en la era K que el primer mecanismo no nos funciona; Federico Sturzenegger fracasó con el segundo. Ahora se intentaría con el tercero.  

Básicamente, la política de control de los agregados monetarios implica poner a raya la emisión; esto es: se trata de ajustar el crecimiento de la base monetaria en el orden de lo que lo hace una pauta inflacionaria creíble. Así entonces, debería crecer no más de un 24% (viene aumentando a un ritmo superior al 30%, desde hace diez meses, para financiar el déficit del Estado). Esas variables se volverían consistentes con una tasa de entre el 25% y el 27% (hacia la que iría el esquema por acción del mercado no por intervención de la autoridad monetaria) y con un dólar de $27.

Dicho en el lenguaje de la calle: ajustar la base monetaria es el “ajuste por las malas” del exceso de gasto público. En el corto plazo es un mecanismo algo recesivo, pero a mediano plazo debería dar más competitividad a la economía, y crecimiento sustentable.

EL NUMERO CLAVE: $285.000 MILLONES

“Las metodologías de calcular el déficit y de ejecución presupuestaria -no tanto el número del ajuste-, es por donde pasará el gran debate con los técnicos del Fondo”. La pista la dio Daniel Marx, de Quantum Finanzas y ex Jefe Negociador de la deuda externa argentina de 1989 a 1993.En diálogo con PERFIL Córdoba, el economista puso el foco en la madre de las batallas que deberá dar el ministro Nicolás Dujovne ante el FMI.  

Esto se traduce así: el Gobierno arrancó su pelea contra la corrida afirmando que reduciría el déficit primario en $ 61.719 millones para dejarlo en 2,7% del PIB. Esto no convenció;  la corrida recrudeció y  llegó la “alternativa FMI”. Para el Fondo, ese recorte sería insuficiente; no por el número en sí sino porque la contabilidad de ese déficit no incluye los intereses que la Administración nacional debe pagar por los servicios de deuda.

Para empezar a conversar, el FMI pediría que se ponga sobre la mesa el déficit total (incluido el financiero), lo que implicaría este año unos $678.879 millones (5,5% del PIB). Aquí viene el punto central: el Fondo exigiría que ese déficit quede en 3% del PIB (una exigencia que está aplicando a todos los países de Latinoamérica con los que tiene relación).

En estos términos, el déficit total debería quedar en el orden de los $393.048 millones, no más. Ello significa recortar gastos por $285.822 millones. ¿En cuánto tiempo? Entre 18 a 24 meses, período por los que se concede un stand by.