La trama detrás de una guerra política que tiene al contribuyente de rehén

“El problema no lo tiene el Consenso Fiscal sino la manipulación que se pretende en su implementación”, afirmaba a PERFIL Córdoba un funcionario del Gobierno nacional que asegura tener  “buena relación” tanto con el Gobierno de la Provincia como con la Municipalidad.

El funcionario hacía referencia a la decisión -express y sin previo aviso- del  Ersep de prohibir el cobro de tasas municipales en las facturas de luz y agua.

Después de tantos años de funcionamiento, ¿recién ahora este organismo advirtió que las tarifas de estos servicios estaban contaminadas con tasas municipales virtualmente distorsivas? o ¿reparó en ello en momentos en los que Epec está en la mira del Costo Córdoba y se ve presionada a reducir el impacto de sus precios?

Si el gobierno de Schiaretti encontró en el Ersep un aliado para sacar a la empresa de energía del foco de las críticas y, de pasada, empezar a incomodar a la gestión Mestre, en el marco de una desatada carrera electoral, la jugada podría haber resultado inoportuna, y quedó en  evidencia.

“El objetivo es asfixiar políticamente (a Mestre), violan la autonomía municipal y crean una crisis institucional”, desgranaba en una larga queja un funcionario municipal de primera línea, que el jueves pasado decidió hablar con la prensa off the record, una convención que utilizó “para no abonar más a la idea de guerra política que busca la Provincia”, según dijo. Aunque se pretenda disimular, esa guerra empezó a operar.

La Municipalidad envío una carta documento al Ersep para que se abstenga de tomar decisiones en relación a la tarifa de luz y avanzaría en igual sentido con el caso de la boleta de agua. Pero, además, la tensión que generaron las tasas cuestionadas avivó el ímpetu de Mestre para pelear por la coparticipación.

Tras diálogos mantenidos con funcionarios del Ministerio del Interior, la Municipalidad decidió intimar administrativamente al Gobierno de Schiaretti para que coparticipe $720 millones del  Consenso. En el Palacio 6 de julio aseguran que tienen el apoyo de la Nación en esta posición.

Pero, además, seguirán reclamando otros $480 millones de fondos específicos incluidos en los impuestos Inmobiliario e Ingresos Brutos, que entienden deben ser distribuidos. Ambos reclamos pueden terminar judicializados.

“Sólo si aceptan coparticipar estos fondos, vamos a bajar las tasas”, aseguran desde la Municipalidad, donde también admiten un punto relevante para los intereses del contribuyente: se niegan a cobrar la Contribución Sobre Energía Eléctrica junto al Inmobiliario Municipal (que sería otro canal de cobro) “porque esa contribución ya está cara”, admiten.

La lógica parece ser, ‘que la tasa impacte en la boleta de Epec pero no en una de la Municipalidad’. 

Esa es la trama de fondo que tiene la guerra de las tasas. Sirve a los intereses de una campaña política que arrancó muy virulenta, pero no al contribuyente, quien parece condenado a pagar - sea con una u otra boleta- , los gastos de estructuras públicas que se resisten a hacer  ajustes.

¿Se está perdiendo la oportunidad de dar un debate profundo por el Consenso Fiscal, una política estratégica para generar competitividad?

CUATRO CLAVES PARA ENCAUZAR EL DIÁLOGO

Un avance institucional del Consenso Fiscal en la Provincia debería pasar por:

1-El fortalecimiento de la Comisión de Seguimiento de Coparticipación y de Responsabilidad Fiscal, como instancia de diálogo entre el Gobierno provincial y los municipios. De allí debe salir un proyecto de ley que vertebrará y dará validez jurídica a la aplicación del Consenso hacia los municipios: la Ley de Responsabilidad Fiscal en la provincia.

2-Una discusión estructural sobre el sistema de coparticipación. Uno de los temas más debatidos es el monto extra por Consenso que recibe la Provincia y que los intendentes consideran que debe ser descentralizado.  

La letra puntual del Consenso Fiscal nacional dice: “La compensación será administrada por cada jurisdicción (provincias) y se destinará a inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial - en sus ámbitos urbanos o rurales”. No establece que deba coparticiparse. 

Asimismo, indica que el  14% de la recaudación de Ganancias que antes se repartía por el Fondo del Conurbano y por el de NBI “se destinará a obras públicas y programas sociales administrados por las provincias”.

3-La limpieza de las tarifas de servicios esenciales de toda tasa o cobro adicional que no se vincule con la prestación respectiva, en el marco de un proceso progresivo que no le reste a los municipios capacidad operativa.

4-Una discusión realista en torno a las causas profundas del  Costo Córdoba, donde concurren responsabilidades de las dos instancias de Gobierno, Provincia y Municipio. En ese sentido cobra cada vez más relevancia el impacto del Costo Epec ya no sólo en el funcionamiento de la actividad privada, sino de las propias dependencias públicas y de las cooperativas de servicios del interior.