La trama narco del Sur provincial evidenció compra de voluntades policiales y políticas

Desde mediados de enero último, cuando fue acribillado el líder narco Claudio Torres al entrar a su casa en Río Cuarto, el Juzgado Federal de esa ciudad realizó 150 allanamientos, detuvo a 17 personas a quienes imputó por narcotráfico y lavado de activos, junto a otras nueve personas más que permanecen en libertad. Secuestró bienes muebles por U$S 500 mil y registrables por $10 millones.

Los números hablan por sí solos de la magnitud de la banda que operaba en el Sur provincial y en otras provincias, donde también se realizaron operativos para reunir documentación e información. La causa pone bajo la lupa no solo la red de comercialización de estupefacientes sino la trama económica que sostuvo a la organización.

Si bien se inició por una denuncia anónima en 2014, la Justicia poco avanzó hasta el asesinato de Torres. Esa demora en encauzar la pesquisa encuentra razones, según la secretaria penal del Juzgado que conduce Carlos Ochoa.

Lucía Storani admitió ante PERFIL CORDOBA que la dificultad estuvo en las complicidades que la banda fue logrando en las fuerzas de seguridad que debían investigar. En efecto, mientras se ponía en marcha el caso, a partir de aquel dato que llegó a la Justicia, se generaron nuevas investigaciones donde terminaron involucrados jefes de la Policía de Córdoba, de la Policía Federal y efectivos de Gendarmería Nacional. Actualmente, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) es el brazo investigativo que tiene Ochoa para llevar adelante la investigación.

“La causa demuestra cuánto ha crecido el narcotráfico y la compra de voluntades”, sostuvo Storani. Esta semana se produjo la última detención. En un operativo realizado en Río Cuarto, fue apresado Víctor Ariel Cortez, un financista que sería una pieza clave en el entramado financiero que manejaba y sostenía a la banda.

La causa tiene varias particularidades. Están acusados por narcotráfico porque se sospecha que manejaban el negocio de la cocaína y la marihuana en el sur provincial y otras provincias, pero hasta el momento no se secuestró un solo gramo de estupefacientes. Quizás, eso sea así porque la muerte de Torres puso en alerta a toda la organización para deshacerse del material o colocarlo a mejor resguardo.

Gustavo Oyarzábal, el comisario detenido, era el jefe de Investigaciones de la Policía de Córdoba en Río Cuarto. En las primeras horas del asesinato de Torres, quedó a cargo de la investigación del homicidio. Hoy la sospecha es que colaboró con la banda y por eso fue imputado y detenido por orden del juez Ochoa.

La causa permanece abierta y en movimiento. Storani fue prudente a la hora de establecer qué roles cumplieron los imputados. “Algunos tenían un dominio como jefes y otros participaban con diferentes grados de colaboración. Eso se definirá cuando se resuelva la situación procesal de cada uno de ellos”, sostuvo la funcionaria.

También dijo que continúan secuestrando automóviles de alta gama e investigando la titularidad de inmuebles que usaban los presuntos narcos, cuyos dominios aparecen a nombre de terceros; es decir que se presume la existencia de numerosos testaferros.

La lista de imputados está integrada, además del comisario Oyarzábal, por un empleado del Área Militar Río Cuarto, Cristian Pereyra. También figura el hombre que acompañaba a Torres en su Audi TT el día que fue ejecutado, identificado como Gabriel Bossi. La lista sigue con el novio de un alto exjefe de la Policía Federal en Río Cuarto, el dueño de una agencia de autos y un dirigente juvenil del Surrbac en el sur cordobés entre otros. Entre los imputados que fueron eximidos de prisión a pedido de sus defensas se encuentran Mario Battistini, Silvia Bin y Sueli Suárez. Fueron excarcelados hace unas semanas Luz Montoya y Mario Bruschini bajo caución real, debido a que no tienen antecedentes y no hay peligro de fuga o entorpecimiento procesal.

CONTEXTO

◆ Causa de los gendarmes. En 2014, la Justicia Federal ordenó escuchas telefónicas para investigar a tres presuntos narcos que transportaban droga desde Salta y Lomas de Zamora. En las conversaciones se descubrió que dos gendarmes colaboraban con los narcos. El año pasado los efectivos de esa fuerza nacional, Luis Naser y Cristian Moya fueron condenados. 

◆ Leonardo Hein. En 2014, comenzó a investigarse al entonces comisario Leonardo Hein, jefe de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba en Río Cuarto. Fue condenado en diciembre del año pasado a una pena de prisión en suspenso por complicidad con narcos. 

◆ Prófugos. Jonathan Palacios y Cristian Ortiz son los dos imputados con orden de captura nacional e internacional, que hasta el viernes no pudieron ser localizados.