Martilleros negocian con TSJ para que no se amplíe el uso de las subastas online

La embestida que el Colegio de Martilleros de Córdoba ve­nía ejerciendo contra el siste­ma de subastas online entró en un impass mientras se intenta negociar una serie de peticio­nes que esa institución le hizo al Tribunal Superior de Justi­cia (TSJ), autoridad a cargo de esa herramienta.

El Colegio venía advirtien­do y reclamando por la aplica­ción de las subastas vía Inter­net que, según decía, “pone en peligro la fuente laboral de los martilleros”. En un comunica­do, habían advertido por fallas en el sistema y plantearon que había carencias en el control de registro de usuarios. Lle­garon incluso a comprobar, vía escribano público, que una menor de 12 años pudo inscribirse en el sistema de subastas online, algo que los responsables del servicio ase­guran haber corregido.

En medio de la tregua que se dieron Martilleros y el TSJ, la semana pasada la Justicia dio un duro golpe a “la trenza”, la organización ilegal que parti­cipaba de las subastas presen­ciales. Se imputó a 21 personas y en un operativo hubo 8 dete­nidos y se secuestraron autos, motos y dinero en efectivo.

Pedido. Además de poner en evidencia algunas falencias del sistema, el Colegio de Mar­tilleros pidió al TSJ, por medio del Administrador General del Poder Judicial, que el sistema no se expanda hacia otro tipo de juicios que se dirimen a par­tir de las pujas digitales. “Lo que pedimos fue no agrandar el sistema y meter más cosas, que el sistema no se expanda a los otros tipos de juicios. Ahora están usándolo en las subastas fiscales, Municipalidad, Rentas y quiebras. Pedimos que no se amplíe la aplicación del siste­ma para los juicios ejecutivos y ordinarios”, señaló Marcelo Prato, director de Relaciones Institucionales del Colegio. En relación con la serie de errores que habían detectado, Prato señaló que desde la Justicia se habían comprometido a resol­verlos: “Vimos que hubo una serie de cambios en la página, hubo modificaciones, no vol­vimos a entrar para probar el sistema”, dijo.

Respuesta oficial. Sobre las crí­ticas que se marcaron al siste­ma, Matías Altamira, asesor de la Oficina de Subastas del Po­der Judicial, afirmó que el siste­ma se puede mejorar y que las fallas detectadas ya se resolvie­ron. En relación con el registro de una menor en el sistema, Al­tamira explicó: “Lo de la menor de edad fue una picardía que hicieron en el Colegio, que pasó y que cuando nos enteramos lo corregimos. Ahora no pueden registrarse documentos meno­res a 42 millones. Fue un solo caso y la menor no pudo ofer­tar. En el hipotético caso de que hubiera participado y ganado, cuando llega al acta de subasta se constata que es una menor y no se puede dar por válida la subasta”.

Altamira subrayó que el principal desafío que tienen es lograr acreditarles la pla­ta a los martilleros instantá­neamente: “Si tuviéramos la anuencia del Colegio, se hu­biera logrado hace rato. Pero como el Colegio en vez de co­laborar pone palos en la rue­da, no logramos que se haga ese convenio. Es una deuda pendiente real con los marti­lleros porque antes cobraban menos, pero se llevaban la pla­ta en el momento. Como todo sistema hay que irlo mejoran­do y puliendo. Pero ahora hay más transparencia y participa más gente, lo que genera más ganancias para los martille­ros. Se quedan en detalles, sin ver el efecto multiplicador que ahora se genera”.

Mejores números. Más allá de las críticas y falen­cias que el siste­ma de subastas online pueda te­ner, los números del nuevo esque­ma respaldan su operatoria. En un año hubo 20% más de oferentes registrados (ac­tualmente son 15.385 personas), hay 631 martille­ros y 239 tribuna­les habilitados. De septiembre de 2016 a 2017 se habían hecho casi 80 subastas con 1589 bienes y se movilizaron $34 millones.

¿Cómo funciona el sistema?
Según se explica en el si­tio web de Justicia Córdo­ba, la subasta “online” se desarrolla en un espacio virtual situado en el portal del Poder Judicial de Cór­doba. “Allí, los martilleros judiciales exhiben a través de fotografías o videos los bienes puestos a subasta por orden de un juez. Los postores deben registrarse para efectuar sus ofertas durante el plazo de puja, que comúnmente es de cin­co días hábiles, durante las 24 horas. Todas las ofertas son públicas. Las partes en juicio pueden seguir el desarrollo de su subasta, con total transparencia y claridad. El bien, finalmen­te, se adjudica a quien haya realizado la mejor oferta. Una vez abonado el bien, el adquirente coordina su entrega con el martillero interviniente”.