Con tan solo 32 años, Miguel Rodríguez Villafañe, fue designado juez federal Nº 1 de Córdoba por el presidente Raúl Alfonsín, en junio de 1984, a poco tiempo del retorno de la democracia. Asumió la competencia jurisdiccional y electoral en un momento clave de la historia del país. Entre las causas más resonantes en las que intervino se cuentan la detención del criminal nazi Joseph Schwammberger y su extradición a Alemania para que fuera juzgado; integró la Cámara que juzgó a Luciano Benjamín Menéndez; e investigó el intento de magnicidio contra Alfonsín el 19 de mayo de 1986.
PERFIL CORDOBA lo entrevistó porque, acorde con la discusión pública sobre el acceso a los poderes del estado por amiguismo, familiaridad o lobby, fue impulsor de una experiencia inédita: creó concursos para acceder a las vacancias y también para ascender a sus empleados del juzgado.
–¿Por qué implementó concursos?
––Asumí en junio de 1984 en el Juzgado Federal Nº 1 que en ese entonces y hoy es el juzgado con más empleados de la Justicia Federal porque tiene también la Secretaría Electoral. Llegué a tener 210 empleados electorales porque en esa época hasta los padrones se hacían a máquina de escribir. Siempre dije que la Justicia no es el coto de caza de una familia, es un servicio público, por eso decidí que los nombramientos se iban a hacer por concurso.
–Sin concursos ¿Cómo se hacían (y se hacen) las designaciones?
–Muy simple: se preguntaba “¿tiene título secundario, sabe escribir a máquina?” El juez proponía y se designaba. Era un “hoy por ti mañana por mí, yo te nombro a tu hijo vos nombra a mi hijo; sin desmerecer a personas idóneas. Por eso implementé el sistema, como dice la Constitución, basado en el principio de idoneidad y de igualdad. Idoneidad porque se tiene que demostrar capacidad para la tarea que se va a cumplir y que esa posibilidad la tengan todos en igualdad de condiciones. El primero fue en 1985. Y la Cámara (Federal de Apelaciones) me lo anuló diciendo que implicaba poner más condiciones de las que manda el Reglamento de la Justicia Nacional. Fui a la Corte (Suprema de Justicia de la Nación). Yo no ponía más requisitos, sí regulaba mi facultad discrecional de proponer. La Corte me dio la razón. Y ahí se implementó el primero.
–¿Cómo se hizo?
–Había una fecha de inscripción con el título secundario. Cada inscripto pasaba a tener un número. La evaluación consistía en escribir a máquina, con dictado, para evaluar la velocidad. Otra prueba era de redacción de un texto. Y después se contestaban 40 preguntas por múltiple opción, era 120 que se daban a conocer diez días antes a todos. Se hacían tres sobres con 40 en cada uno y se repartían al azar.
–¿Quiénes los evaluaban?
–El tribunal estaba compuesto por los cuatro secretarios del Juzgado: penal, fiscal, civil y electoral, con veeduría del gremio. Hubiera sido demagógico decidir que el gremio lo resolviera, pero sí correspondía que controlara. Accedía a todo, no había nada oculto y yo intervenía solo en caso de apelación, pero nunca hubo ninguna. La realidad demostró lo valioso que fue ese sistema.
–¿Lo pudo sostener?
––Mientras estuve. El último concurso fue en 1988. Se inscribieron mil para cuatro vacantes. Entonces hicimos un sorteo público para preseleccionar 150.
–¿Cómo cayó esto entre sus pares?
––Pésimo. Porque la modalidad interna era: “yo te doy, vos me das”… Uno rompe una estructura que funciona de esa forma.
EL SISTEMA CIERRA SI TAMBIÉN HAY CONCURSOS PARA ASCENDER
–¿Fueron solo para acceder a los cargos vacantes?
–No, fui el único que hice concursos para secretarios. Le planteé a José Severo Caballero (jurista y ex ministro de la CSJN) que el sistema cerraba si las garantías de igualdad de oportunidades y selección por idoneidad para entrar también fueran para ascender. En la Justicia hay tres ámbitos, el ingreso, el progreso y la magistratura, este último tiene sus concursos. El hueco está entre el ingreso y el ascenso. Hice concursos para la Secretaría Electoral, ganó Pablo Diers, que ya está jubilado. En la Justicia se potencia negativamente el nepotismo porque las decisiones de ascenso son de jueces y camaristas. ¿Qué sucede? Lo viví ejerciendo la profesión: a veces los expedientes los llevan empleados. Determinado empleado vivía fugado, me quejé a la secretaria y me respondió: “Voy a ser sincera es mal empleado pero es hijo de un camarista. Si me pongo firme no asciendo más”.
–¿Con la Ley de Acceso Democrático, vigente hoy, aún sin que haya sido reglamentada por la Corte Suprema un juez podría hacer concursos?
–Sí, como lo hice. Antes ni siquiera existía esa ley que menciona. El juez, si hace concurso, se autolimita en la facultad discrecional de proponer. En ese sentido, hay que rescatar a la Justicia Provincial. Con todo lo perfectible que puede ser, hay concursos para ingresar y para ascender. No es imposible.
–¿Por qué la Corte no impulsó concursos?
–Porque es un factor de poder. Si usted me debe el cargo a mí, no se me puede oponer. La Justicia Federal opera como un bloque. Existió una denuncia de (Luis Roberto) Rueda porque el hijo de (Ricardo) Bustos Fierro era el secretario relator de la Cámara para analizar los casos apelados de resoluciones de su propio padre. ¿Qué garantías de doble instancia había? Y estoy dejando de lado designaciones de amantes, allegados, etc.
–¿Cómo operan los vínculos con dirigentes políticos en relación a los nombramientos?
–Se produce una carrera de recomendaciones. Viene uno con la de un senador, otro con la de un diputado; entonces el ganador es quien consigue la recomendación más fuerte.
–¿Tuvo presiones?
––Por supuesto. Pero mi autoridad moral estuvo en responder a cada uno que llegaba que se inscriba en el concurso. Es un problema estructural. Argentina tiene algunas culturas patológicas, entre ellas está la del acomodo.
LOS INDULTOS DE MENEM PUSIERON FIN A SU FUNCIÓN JURISDICCIONAL
–¿Por qué renunció?
–El fondo de la renuncia tiene un perfil central: los indultos. El indulto es grave porque rompe el metro patrón de la ley. Yo era juez de instrucción y juez de sentencia. Cuando hay condena, la ley establece mínimos y máximos. Hay un margen de discrecionalidad en manos del juez. ¿Qué justificaba cada día más de cárcel a un delincuente común si Menéndez estaba libre?
–¿Sintió violencia moral?
–Tremenda. No voy a hacer demagogia con esto, pero cuando vi que no solo en Córdoba se avalaban los indultos, sino que la Justicia del país lo hacía dije “ésta es una estructura intrínsecamente injusta”. El segundo aspecto era dar un ejemplo, no porque me sintiera un héroe, sino que pensé “vine acá para hacer justicia y me han robado el instrumento de justicia, entonces me tengo que ir”. De lo contrario, lo que me quedaba es la pompa, la policía que me hacía la venia, un muy buen sueldo, tener una secretaria, pero ya no hacía justicia. Entré en una crisis del objetivo de mi función. No tenía miedo, aunque estuve amenazado, pero nunca hablé de eso porque entendí que es el riesgo profesional. Si quiero jugar en Fórmula 1 sé que tengo dar la curva a 280 kilómetros por hora y corro riesgo de tumbar, pero por eso estoy en Fórmula 1. El juez no puede ser el eje de la problemática.
