Polémica por antenas de celulares en Córdoba Capital

El 1 de enero del 2108, la industria de las telecomunicaciones en la Argentina vivirá el inicio de un ciclo histórico al habilitarse la prestación de servicios de cuádruple play (Internet, TV por cable, telefonía celular y fija). A escasos 50 días de esa fecha, en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba estalló una polémica en relación a un nuevo ordenamiento regulatorio para la instalación y el funcionamiento de antenas de telefonía celular.   

Inicialmente, el tema cobró relevancia por tres motivos: el proyecto que busca reemplazar a la ordenanza  actual propone un giro sustancial en materia de regulación; la iniciativa fue presentada por el bloque oficialista Juntos por Córdoba (JPC) y, a la vez, el más fuerte cuestionamiento lo plantea un miembro de ese mismo bloque, el concejal Abelardo Losano. 

En una segunda aproximación al tema, se comprueba que la polémica desatada es producto de una serie de inconsistencias: en primer lugar, la forma en que se buscó imponer el proyecto dentro de JPC; luego, los posibles conflictos que existirían entre el nuevo ordenamiento  y los intereses de la comunidad;  y, en tercer término, la brecha entre el tamaño de las antenas que se pretende autorizar respecto de las exigencias que plantean las tecnologías 4G y 5G.  Si no hay nada irregular detrás de esto, cuanto menos falta transparencia e información en la propuesta que impulsa el oficialismo. Vamos por parte.
Entre gallos y medianoche. “Un día, de golpe y porrazo, me llega un proyecto  de ordenanza de parte de mi bloque y me dicen: ‘firmá esto’ ”, relata Losano. 

“Claramente, era un proyecto del Ejecutivo, pero que no se había trabajado acá, con gente de diferentes sectores convocada a debatir; esto venía de afuera”, precisa. El concejal hace referencia al documento caratulado como “PROYECTO 6414-C-17”, promovido en una primera discusión por JPC. Según argumentó el jefe de ese bloque, Lucas Balián, el proyecto  busca satisfacer la expectativa de la sociedad de contar con servicio 4G de calidad y que esto sea compatible con la instalación de más antenas. 

“Queremos que sea una ordenanza amigable con la tecnología y con la salud”, expuso, a su vez, otro de sus defensores, el concejal Juan Balastegui. “Yo quiero creer que es así, peo nadie me presenta fundamentos”, reclama Losano.

Concretamente, el legislador Losano propone que las empresas de telefonía den a conocer los resultados de cada medición de Radiaciones No Ionizantes (RNI) de las antenas, de manera obligatoria dentro de los 10 días hábiles en el sitio web de la Municipalidad de Córdoba; a su vez, lo informen a los centros vecinales y lo expongan en un lugar público y visible en el inmueble donde se asiente la antena.

El proyecto oficial habla de “controles ambientales” y de “registro de mediciones”, pero a la vez no contempla que la nueva ordenanza deba adecuarse a la normativa preexistente en la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Y es precisamente la CNC la que exige el cumplimiento de la Resolución N°202/95 que establece los niveles máximos  permitidos de RNI  para proteger la salud, y verifica que se cumplan esas metas. 

Es más: ya existe un Sistema Nacional de Monitoreo de las Radiaciones No Ionizantes (SiNaM), que tiene la obligación de comunicar las mediciones “para ofrecer al público en general datos claros y de fácil acceso sobre niveles de campo electromagnético”, según indican los fundamentos de su existencia.
Con la nueva ordenanza, ¿estarán liberando o flexibilizando la obligación que tienen los operadores de ajustarse a toda esta normativa? Dejar esto en claro es relevante por otros aspectos críticos que, también, prevé el proyecto oficial. ¿Cómo cuáles?

Más antenas. De los 400 sitios actuales que se calcula hay en Córdoba que dan asiento a las antenas se pasaría a unos 2.000 a partir de la convergencia tecnológica (cuádruple play), con el aditamento que en cada sitio, el proyecto recomienda la “coubicación de antenas”. Además,  no habrá límites para colocar celdas en las antenas ya existentes. 

Claramente, esto disminuye la inversión que tienen que hacer las telefónicas en infraestructura de soporte, pero aumenta el nivel de radiaciones. Según Losano, el proyecto oficial no fija límite de densidad de flujo de potencia.  ¿Cuál sería entonces la garantía de que se cumplirá el Estándar Nacional de Seguridad para la exposición a radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz. y 300 GHz?

Pero esto no es todo. Hay otro tema que inquieta: según explican los expertos, los sistemas 4G y 5G demandan torres de entre 12mts. y 18 mts. Aunque se supone que vamos hacia la incorporación de esta tecnología, la ordenanza en estudio habilita torres de 120 metros, sin restricciones de ubicación. 
Esto es una novedad regulatoria nacional.  Hasta el momento la CNC sostiene muy detalladamente: “Las estructuras sobre suelo urbano no excederán de 45 metros de altura, a excepción de emplazamientos compartidos, en los que se podrá habilitar a 50 metros”.  Las fuentes técnicas consultadas explicaron que este tipo de torres gigantes que prevé el proyecto pueden ser “autosoportadas o requerir de poderosos tensores de sostenimiento”; en cualquier caso necesitan para su estructura y para el equipo adicional (shelters) predios considerables, de entre 40mts. por 40mts.

“Sólo podrían instalarse en zonas periféricas, polos industriales o áreas conurbadas”, indican. La gran pregunta es ¿en qué servicios están pensando para contemplarlas en la ordenanza.  
Al respecto, hay dos especulaciones: 1) ayudar a Cablevisión-Telecom a que llegue con tendido de fibra hasta la mega torre y luego que ésta le sirva de nodo para iluminar con servicios a amplias áreas, sin tener que cablear (por ende sin tener que hacer millonarias inversiones);  y 2) preparar a Córdoba con nodos que creen vínculos de enlaces redundantes (vale decir, torres que se vinculen con torres), a partir de los cuales generar un gran paraguas digital que, a su vez, cobije a las torres menores y crear así todas las condiciones para convertir a la ciudad en una “Smart City”.  

La primera especulación sería un beneficio orientado a interés corporativo puntual; la segunda, una decisión de política pública para crear infraestructura. Está claro que no es lo mismo hacer una ordenanza para favorecer a un participante de la industria, que una ordenanza destinada a crear bienestar para el conjunto de la comunidad.  Bien a bien, no está claro que se busca en el proyecto. 

En cualquiera de caso, la ordenanza debiera contener claras especificaciones sobre: servicios  que prestarán estas mega torres; lugares y condiciones exigibles de radicación; sistemas de verificación de construcción y de control de emisiones.

LA IMPORTANCIA DE LA TRANSPARENCIA

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son hoy, sin margen duda, la mayor palanca para el desarrollo sustentable de las comunidades. Gracias a ellas, las ciudades inteligentes (Smart Cities) pueden garantizar salud remota en todos sus rincones; escuelas conectadas desde el centro de la ciudad hasta la periferia; ecosistemas de empresas y emprendedores altamente productivos; organismos públicos interconectados y eficientes… en fin, gracias a las TIC se puede crear real calidad de vida. 

Para llegar a ese nivel de desarrollo se necesita infraestructura, se necesita conectividad de alto desempeño y se necesitan las antenas. Ahora bien, en ese camino, ¿es necesario eliminar las regulaciones, los controles, la divulgación de la información técnica, la educación de la comunidad respecto del impacto ambiental de la tecnología y la comunicación coherente de las decisiones de gobierno?
Probablemente, es todo lo contrario. 

No se va a llegar a un consenso colectivo para el desarrollo sustentable si los gobiernos siguen menospreciando la necesidad de dar transparencia a sus actos, y menospreciando la capacidad de los vecinos para recibir información, analizarla y acompañar las políticas que entiendan que los pueden beneficiar.

Según pudo conocer PERFIL Córdoba, durante la última semana, fuentes del sector privado  vinculado a las telcos y del sector político afirmaron en reuniones reservadas que “no había que preocuparse por este tema porque ‘ya lo habían enfriado’ en los medios”.

A lo mejor esto es un error de cálculo, y lo que se necesitaría es “calentar” la conversación colectiva respecto de un proyecto tan importante. Claro está, eso supondría la buena fe de las partes para que emerja la verdad acerca de lo que se busca con cada decisión y, al final, se conozcan cuáles son los intereses en juego.