Caminos rurales siguen sin financiamiento

De cada cuatro pesos que genera un campo en Córdoba, tres se los lleva el Estado (considerado en sus tres niveles). En el marco de una gestión eficiente, esos tres pesos debieran regresar al productor en bienes públicos; por ejemplo, en caminos transitables que le permitan sacar la producción. 

Sin embargo, un 70% de los productores del segundo departamento que más aporta a la Provincia,  General Roca,enfrentó este año el drama de no poder sacar la cosecha gruesa por los estragos que produjeron las inundaciones en los caminos secundarios. En la cuenca lechera, unos 135 tambos vieron atrapada su producción en un radio de 300.000 hectáreas (Morteros, Porteña y Freyre) donde un 90% de los caminos se convirtieron en canales descontrolados de agua.Mientras, en la ruta Oliva-Colazo y en el ripio Calchín Oeste-Carrilobo, la falta de alcantarillado aumentó en 30% el caudal de agua que bajaba por sus trazados en busca de cuencas donde seguir su curso.

Estos tres casos, que muestran descontrol en la gestión de los suelos y de la red de caminos de la provincia,llegarona su punto de mayor crisis en el primer semestre debido a las precipitaciones y la saturación hídrica de las napas, pero también como consecuencia de la falta de financiamiento oportuno. ¿Qué ocurre, realmente, más allá de las declaraciones oficiales?

Situación de los Consorcios. La provincia de Córdoba tiene una red de caminos rurales que abarca 57.000 km (el equivalente a dar una vuelta y media a la Tierra).Ellos son atendidos por 288 Consorcios Camineros (CC), agrupados en 19 regionales, que  administran en promedio 200km cada uno. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), en su carácter de autoridad de aplicación, ejerce su fiscalización técnica, contable y administrativa.

En la actualidad, la DPV tiene en marcha un Programa de Emergencia con la Asociación de Consorcios Camineros que contempla $96,5 millones para atender la situación en la cuenca lechera; enripiar caminos dañados y construir el puente Atahona (al norte del departamento Río Primero).

“Pese a que nos están pagando al día, hay muchos consorcios con problemas económicos”, aseguró Antonio Picca, presidente de la Asociación. “Los aumentos que se sucedieron en insumos, sueldos, cargas sociales y demás, no se corresponden con el aumento que recibieron los consorcios.Algunos solamente cubren los gastos fijos necesarios para mantener la estructura establecida”, agregó Picca.

Según el presidente de la DPV, Osvaldo Vottero, el gobierno “está encarando el programa vial más ambicioso de las últimas tres décadas en Córdoba”. Sin embargo, algo no debe estar bien alineado en el plan oficial, a juzgar por los resultados. 

A la falta de actualización del presupuesto por inflación, los consorcios están preocupados por la irregular forma en la que la DPV certifica las obras.Hasta hace unos años atrás, el inspector de Vialidad certificaba los caminos y el consorcio recibía el pago en función de eso, al cabo de 45 días. 

“Actualmente, el concepto de pago es ‘adelanto’. Entonces, si bien los atrasos se han revertido en parte, lo cierto es que los consorcios no saben qué es lo que le están pagando, y si se corresponde con las certificaciones. Tenemos que tener en claro qué y cuánto nos certifican”, reclaman los consorcistas. 

La desconfianza se justifica en experiencias pasadas: ocurrió que expedientes iniciados el 10 de noviembre de 2015 estuvieron para certificar en agosto del 2016 y, al final, nunca los consorcios llegaron a cobrar unos $40 millones correspondientes a diciembre de 2015.

Desde una mirada independiente, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) advierte: “Se observa gran disparidad entorno a esa media de kilómetros que se certifica en cada consorcio, lo que es un foco de ineficiencias y por ende de problemas. A su vez, hay algunos que trabajan con maquinarias nuevas, mientas que otros tienen máquinas de hace más de 30 años”.

Fondos escurridizos. A la falta de  actualización de presupuestos, irregularidades e ineficiencias en la certificación de obras, los caminos rurales de la provincia han sido víctimas también de la sub ejecución de los fondos que legalmente les corresponden.

Por ley Nº 6233 (sancionada en el año 1978), se creó el Fondo Consorcios Camineros, integrado por recursos provenientes de un tributo adicional sobre el Inmobiliario Rural, equivalente al 4% del monto total del impuesto a recaudarse en todo el territorio de la provincia. Dicho fondo, hoy denominado Fomarfin, se nutre de una alícuota específica adicional en la liquidación del impuesto. 

Una investigación realizada por Fada sostiene que en 2015, la recaudación ascendió a $754 millones, aunque el subprograma “Ampliación y Mantenimiento de la Red Firme Natural” de la DPV sólo contempló cerca de $ 409 millones en su presupuesto. En 2016, el monto recaudado ascendió a $840 millones, no obstante se ejecutaron $681 millones, de acuerdo a lo reconocido por el propio Vottero.

En esos dos años, la subejecución fue del orden de los $504 millones, lo que hubiera servido para atender un total de 36.000 km de forma oportuna, evitando la acumulación de problemas que sobrevinieron en dos años de intensas lluvias.“No entendemos por qué los productores debemos ‘bancar’ que los fondos sean para cosas por las que no cobran”, afirmaba un consorcista, tras la última reunión que mantuvo la Asociación, el 21 de julio pasado.

“En 2017, según el presupuesto, se destinarán $955 millones, un crecimiento del 40 % en términos nominales, aunque en términos reales (ajustado por inflación) el aumento rondará el 5%”, advierte Fada.

Los Consorcios Camineros parecen decididos a luchar para revertir esta historia. Le han planteado al gobierno participar en la elaboración del presupuesto 2018; quieren un aumento del precio kilómetro/mes acorde a los costos; incorporar a un vocal consorcista en el Directorio de Vialidad Provincial y reforzar el Fondo de Financiamiento.