Potenciales inversores dijeron que se cayó la compra por la “confusión” sobre la propiedad
El debate en la Cámara 10ª del Crimen tiene 16 acusados. El jueves declararon dos ingenieros de una desarrollista. Al ser consultados sobre qué pensarían si alguien le
propone construir sobre una plaza, uno respondió: “O somos burros o somos corruptos”. El nudo gordiano a develar es si se estafó vendiendo un terreno expropiado por la Provincia hace 70 años. Los acusados dicen que esa acción no se perfeccionó porque
el Estado no pagó.
ACUSADORES. Laura Battistelli y Raúl Garzón mantienen con firmeza la acusación en cada audiencia. Para ellos, se hizo un monumental negocio privado sobre un terreno público. |
Cedoc Perfil
El jueves último se realizó una nueva audiencia en el juicio que se sigue a 16 personas por presuntas falsedades ideológicas, estafas, tentativas de estafa y usurpación en la Cámara 10ª del Crimen, presidida por Juan José Rojas Moresi e integrada por Mario Centeno y Carlos Palacio Laje. Se la conoce como “Causa Trebucq”.
Se discute sobre la propiedad de dos parcelas de tierras, las manzanas 14 y 30, ubicadas a la vera del río Suquía y 24 de Septiembre, cerca de El Panal, sede del gobierno provincial. El último eslabón de una cadena de operaciones inmobiliarias fue la venta de esos terrenos que concretó Gustavo Trebucq a la firma View, propiedad de José Luis Romero Victorica, querellante particular en este juicio con la representación de José Caferatta Nores.
Esas mismas manzanas habían sido expropiadas por la Dirección de Hidráulica de la Provincia en la década de 1950 a su dueña, la empresa Bergallo & Pastrone (B&P).
De ahí en más todo es motivo de discusión y es lo que procura dilucidar el juicio oral y público al cual están sometidos abogados, escribanos, ingenieros y empresarios con fuertes vínculos con el poder político y económico de Córdoba. Esa pertenencia es lo que despierta conjeturas y diferentes lecturas sobre la trascendencia de este juicio que algunos llegaron a definir como la “mayor estafa” registral de Córdoba por los montos que se manejan y por la relevancia social de los acusados.
View pagó US$ 6,5 millones por los lotes y hoy se declara perjudicada. Pero por sobre ese monto, habría demandas multimillonarias a la Provincia por las omisiones, desprolijidades y acciones que fueron la base de la supuesta confusión en la que –dicen los acusados- quedó la propiedad.
JUZGADORES. El tribunal está integrado por Juan José Rojas Moresi (presidente), Carlos Palacio Laje y Marcio Centeno.
No están las constancias del pago que hizo la Provincia por la expropiación. Esa es una carta que levanta la defensa de Trebucq y de los abogados Alejandro José Damia y Ernesto Blanco, asesores de José Abel Salomón (fallecido) accionista y dueño de B&P.
Curiosa y escandalosamente –según pudo saber PERFIL CÓRDOBA– del expediente judicial por el juicio de expropiación inversa que hizo B&P desaparecieron los recibos que lo acreditan. ¿Se pagó o no? Los principales acusados dicen que no y por ende no se perfeccionó la expropiación.
Cuando se piensa en sus vínculos y el poder aparece, por ejemplo, la pertenencia a la empresa Cobrex de los abogados Damia y Blanco, asesores de Salomón. En base a este dato para algunos la presunta estafa “se perpetró desde adentro”.
Este medio consultó a Damia y Blanco si Cobrex les habría permitido un acceso a información privilegiada sobre las condiciones de los terrenos en cuestión. Lo negaron rotundamente. Dijeron que la firma tomó las carteras crediticias bancarias y nada tuvieron que ver con bases de datos del Registro de la Propiedad o de Rentas de la Provincia, con las que sí trabajó Kolektor, empresa cuya propiedad comparte con Cobrex su dueño, Herman Karsten.
Son hilos delgados que tejen vínculos de poder y generan las suspicacias antes mencionadas. De todos modos, en el juicio para alcanzar las certezas que concluyan en condenas o absoluciones, se analizará la prueba, los testimonios y el rol de cada uno de los imputados.
¿Delgado testigo? Otro aspecto que despierta interés en este proceso es el vínculo que unió o une al fiscal General Juan Manuel Delgado con Gustavo Trebucq, el financista que dijo haber comprado las tierras para luego venderlas a View. Tiempo atrás, el magistrado admitió haberlo asesorado pero “sólo en cuestiones derivadas de su divorcio”.
DEFENSAS. Los abogados de quienes intervinieron en la operación de venta de las dos manzanas sostienen que no son tierras de la Provincia porque la expropiación no se pagó.
El jueves pasado, este medio consultó a Damia y Blanco si ellos asesoraron también a Trebucq en la operación motivo del juicio y la respuesta fue: “No somos los abogados de Trebucq, su letrado es Juan Delgado”.
La defensa de Trebucq, a cargo de Ernesto (p) y Tristán Gavier, no ha resuelto aún si convocará al fiscal General como testigo. Por el cargo que ocupa, podría declarar por escrito si es convocado.
“Burros o corruptos”. Cada jornada de audiencia en este juicio comienza a las 9 y se extiende hasta avanzada la tarde. El jueves último declararon tres testigos.
Los primeros fueron los ingenieros Sebastián Solano y Marcelo Ordoñez, de la desarrollista 3D. Dijeron haberse interesado en la inversión y avanzaron hasta constituir un fideicomiso al que sólo le faltó perfeccionarse con la incorporación del proyecto. Pero la operación para adquirir la Manzana 14 se cayó cuando surgieron dudas sobre si la propiedad era pública o no.
Finalmente, la empresa View de Romero Victorica compró esas tierras por US$ 6,5 millones.
La expropiación había sucedido a mediados del siglo pasado. La hizo el Estado provincial, a través de la Dirección de Hidráulica porque desemboca ahí el sistema de desagüe de los barrios Alta Córdoba, Cofico y General Paz. Luego, Hidráulica cedió su uso a la Municipalidad de Córdoba para constituir un espacio verde, con una plaza.
Cuando la fiscal Battistelli preguntó a Solano qué pensaría, como ingeniero, si le proponen levantar un edificio sobre una plaza, la respuesta fue lapidaria: “Que son unos burros o corruptos”.
Su colega Ordoñez se explayó en la testimonial sobre la existencia de un sifón y caños de envergadura (de un metro y medio de diámetro) que atravesaban las tierras que procuraban comprar. Ambos insistieron en varios tramos de sus declaraciones que la situación de los terrenos les resultó “confusa” y uno de ellos señaló que hubo “clima enrarecido” luego de que salió a la luz que el emprendimiento se levantaría sobre una parcela expropiada, donde debía haber una plaza.
FUERTE CRUCE
En la audiencia, mientras la fiscal de Cámara, Laura Battistelli, formulaba una pregunta al testigo Ordóñez, se escuchó una amonición. Al parecer, el vocal Carlos Palacio Laje opinó sobre la pregunta de la fiscal. Inmediatamente, Batistelli reaccionó: “Si quiere hacer usted las preguntas, concurse y siéntese acá. La Fiscalía sostiene la acción penal”. Inmediatamente intervino Rojas Moresi y terminó el entredicho.
