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CóRDOBA / TRIBUNALES PROVINCIALES
domingo 11 marzo, 2018

“Son pocos los casos donde se puede ingresar directamente al cargo”

Lo afirma el vocal en el TSJ, Sebastián López Peña, en relación a la vigencia de los concursos. Asegura que el sistema alcanza a toda la planta y que es inédito en el país.

por María Ester Romero

DATOS. la última convocatoria para meritorios sumó 4000 aspirantes. El 95% de magistrados actuales pasó por el Consejo de la Magistratura. Foto: Fino Pizarro

Apenas asumió como vocal en el Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña se involucró en la problemática del acceso y ascenso del personal en la Justicia Provincial. En 2015 promovió el nuevo sistema, con correcciones de las experiencias anteriores. PERFIL CORDOBA lo entrevistó para hacer una evaluación del trayecto recorrido.

—¿Cuáles son las bondades de los concursos?

—Otorgan previsibilidad al concursante porque, al tener órdenes de mérito vigentes por tres años en el caso de los funcionarios y dos años en el de los ingresantes, todo el mundo sabe cuándo será el próximo concurso. También permite tener a mano siempre órdenes de mérito vigentes para acceder a los cargos de funcionarios, en condiciones de igualdad. Son evaluaciones objetivas que analizan los antecedentes de cada persona y hay un examen de opción múltiple, trabajado concienzudamente por especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba, que capacitan a los tribunales de concurso, integrados por magistrados y funcionarios que trabajan ad honorem desde antes del examen. Luego, la corrección es informática. Esto nos permite alcanzar en poco tiempo toda la planta de la jurisdicción por concurso. Es un objetivo que no existe en otros poderes judiciales del país.

—¿Con el gremio hubo rispideces?

—Cuando preparamos el acuerdo reglamentario del nuevo sistema, dimos un lugar en la mesa tanto al gremio de empleados como a la asociación de magistrados y ellos opinaron sobre la confección. Trabajamos muy bien. Ellos pusieron veedores en todos los concursos y siempre nos transmitieron un gran beneplácito por tener los cargos concursados.

—¿Podría afirmar que todos los empleados actuales ingresaron por concurso?

—En el área de la jurisdicción sí, con muy pocas excepciones que tienen que ver con oficios específicos o por la ley de discapacidad, ya que hay un cupo que debemos respetar y no se concursa. La limpieza de los tribunales se terceriza Son contados los casos donde se puede ingresar directamente.

—¿Y los magistrados?

—El Consejo de la Magistratura cumple 18 años. Es un sistema que permitió que más del 95% de los magistrados haya ingresado por concurso. El porcentaje restante accedió antes de la fecha de su creación. Por decreto el gobernador se autolimitó y respeta el orden de mérito. Desde el TSJ, impulsamos que esto se convierta en ley.

—¿Es la contracara de la Justicia Federal?

—(Silencio) Son sistemas distintos. A nivel federal hubo proyectos para el acceso por concurso y desconozco si se concretaron.

—Si tiene que optar, ¿se queda con el acceso por concursos?

—Sí, claro. Además, los tratados internacionales y las reglas de transparencia a nivel estatal exigen que haya concursos para el acceso a la administración pública.

 

EN 20 AÑOS, MÁS DE 6.500 PERSONAS INGRESARON POR CONCURSO A LA JUSTICIA

De acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones, fue a través de 15 concursos para cubrir vacantes en las oficinas de tribunales y fiscalías. Paralelamente, se realizaron 153 concursos para los ascensos del personal desde cargos inferiores a jerárquicos. En total, 7.390 empleados integraron los órdenes de mérito para la cobertura de vacantes como funcionarios judiciales.

El miércoles último concluyó la inscripción para estudiantes de abogacía que pretenden incorporarse a los tribunales. Se anotaron 3.992 aspirantes, de los cuales un 66% son mujeres.

El último concurso fue en 2013. Integraron el orden de mérito definitivo 2.159 aspirantes, de los cuales 1.254 ingresaron a la Justicia provincial. Nuevo sistema.

En 2015, el Tribunal Superior de Justicia -a través de dos acuerdos reglamentarios- estableció un primer filtro en la evaluación de los antecedentes de los inscriptos. Deben ser estudiantes de abogacía con el 10% al 40% de la carrera aprobada, con un promedio superior a seis puntos y superar una prueba de dactilografía y uso de computadora. Los aspirantes, luego, deben rendir una evaluación que consiste en 80 preguntas múltiple opción. Esta es elaborada por tribunales integrados por magistrados y funcionarios capacitados por la UNC. Los exámenes están codificados y para la corrección los lee un escáner,y el sistema informático marca las respuestas correctas. Hay un plazo para impugnaciones y, una vez resueltas, se confecciona el orden de mérito que tiene vigencia de dos años para el personal que ingresa como meritorio, y de tres años para los funcionarios (prosecretarios, secretarios y ayudantes fiscales).


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