Tras la indagatoria, el juez debe definir la situación procesal de Hugo Moyano

El miércoles pasado, a media mañana, fue indagado en los tribunales federales de Córdoba el líder sindical de Camioneros, Hugo Moyano. El trámite duró aproximadamente media hora. Estuvieron presentes el abogado defensor, Daniel Llermanos, y el juez de la causa Alejandro Sánchez Freytes. No fue una “presentación espontánea” como sostuvo la defensa.

Fuentes tribunalicias informaron a este diario que la indagatoria, citada inicialmente para el 31 de mayo y luego postergada, fue acordada entre el tribunal y la defensa, el día anterior a la fecha en que se concretó el trámite. En esta causa, Moyano está imputado por defraudación calificada y lavado de activos. También pesan los mismos cargos contra Paulo Villegas, tesorero del Sindicato de Camioneros. Los hechos remiten a fines de 2013 cuando el gremio pagó seis millones de pesos por cinco lotes en La Falda. Llermanos presentó un escrito en el que pidió el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos investigados no constituyen delito.

Versión defensiva. Los argumentos para sostener tal postura son que la operación inmobiliaria se ajustó a la normativa legal, pagándose el precio de mercado y se declaró el monto efectivamente abonado, en la escritura. También se señala que la compra fue beneficiosa para el sindicato porque los terrenos son colindantes al hotel que posee en La Falda. Y, por último, atribuyó motivaciones políticas a la investigación judicial, tildando de irresponsables las afirmaciones de la Procelac “porque no hubo desvío de fondos o reciclado de ganancias ilícitas”.

Fue, de hecho, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos quien realizó la denuncia en 2014. En ese momento estaba al frente el fiscal cordobés, Carlos Gonella. La presentó en la Fiscalía Federal 2 luego de recibir informes que produjo la Unidad de Información Financiera (UIF) y, previamente, el Registro de la Propiedad de Córdoba que tiene la obligación de elevar informes ante operaciones sospechosas. Los terrenos son cinco y están ubicados en el centro de la ciudad de La Falda.

En diciembre de 2013, Camioneros pagó seis millones de pesos por la transacción que otras tres personas, en un sucesivo pasamanos, pagaron poco más de 300 mil pesos y 500 mil sucesivamente, solo dos meses antes. Una tasadora oficial estimó la valuación de los lotes en 964.553 pesos. Hay dos cuestiones medulares en esta causa: el valor real de los lotes y el origen del dinero con el cual fueron abonados. El pago se realizó en efectivo. La justicia debe determinar si hubo o no defraudación al sindicato de Camioneros, en el primer caso, y si se acreditó el origen de los fondos para pagar la compra. En la causa ya se incorporó la escritura notarial que da cuenta de la operación y donde figura el monto abonado y la firma de Moyano.

El documento fue labrado por el escribano Daniel Fernando Abat, de La Cumbre. También se secuestró documentación del sindicato para verificar si el dinero destinado a la operación fue asentado en las erogaciones del gremio. En principio, según pudo conocer PERFIL Córdoba, habría un monto compatible con el pago efectuado en diciembre de 2013.

De todos modos, una fuente consultada aclaró que no estamos frente a dineros de un particular sino de una organización sindical. Por eso, será importante determinar si lo que se pagó es lo que realmente cuesta el bien adquirido.

Nuevas testimoniales. Antes de definir la situación procesal de Moyano y el resto de los imputados, el juez Sánchez Freytes citará a más testigos del sindicato de Camioneros y a un experto que aclare cuáles son los criterios y parámetros que se toman para determinar el valor de un inmueble. La diferencia millonaria entre la tasación de la perito oficial, el monto que se pagó previamente y el que abonó Camioneros es el nudo gordiano que hay que desentrañar.

Indagatorias cumplidas. Además de Moyano y Villegas, en la lista de imputados figuran Jorge Cappucchio (primer titular de los lotes), Enrique Mariñansky, de la empresa Kiano -que lo sucedió en la compra- y Carlos Mesías, quien terminó vendiéndolos a Camioneros. Todas las operaciones se realizaron entre octubre y diciembre de 2013.

El miércoles pasado también declaró Paulo Villegas en el Juzgado de Sánchez Freytes. La estrategia fue idéntica a la de Moyano. Llermanos es defensor de ambos. Oportunamente, los tres inversores privados fueron indagados, se abstuvieron de declarar, con excepción de Mesías. Una vez que culmine con todas las declaraciones y valoración de la abundante prueba obtenida, el juez Alejandro Sánchez Freytes resolverá si caben procesamientos, faltas de mérito o sobreseimientos para los imputados.