Un empleado del Complejo Esperanza intentó estafar a la familia de un joven
Lo detectaron las autoridades del centro. Fue denunciado, imputado y ahora el fiscal firmó la elevación a juicio de la causa. Preocupa la utilización de celulares entre los internos.
SUMARIO ADMINISTRATIVO.Las autoridades del Complejo Esperanza denunciaron al empleado infiel. |
Cedoc Perfil
Un mensaje de WhatsApp enviado a una persona equivocada permitió descubrir la maniobra de un trabajador del Complejo Esperanza que prometía favores a la familia de un menor a cambio de dinero. El hecho no llegó a consumarse porque gracias al error del envío, lo detectaron.
El fiscal de Instrucción Alfredo Villegas firmó esta semana la elevación a juicio contra un empleado de la institución que cumplía tareas de “operador de libertad asistida”. Como tal, desarrollaba actividades de campo para determinar el contexto familiar de menores alojados en el complejo antes de ser liberados.
Según se pudo determinar, el trabajador contactó a la madre de un menor y le pidió $10 mil para obtener un informe favorable de una trabajadora social direccionado a conseguir la libertad en forma inminente a su hijo. Los jueces tienen en cuenta las consideraciones de profesionales técnicos a la hora de resolver la permanencia o no de los jóvenes en el instituto.
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En medio de la negociación, la mujer envió, por equivocación, un mensaje a la psicóloga pensando que se comunicaba con su hijo. Allí mencionaba el ofrecimiento que había recibido. La profesional observó el texto y lo entregó a las autoridades, quienes abrieron un sumario administrativo y presentaron la denuncia en la Justicia.
El fiscal Villegas descartó la intervención en el ilícito de la trabajadora social, advirtiendo que el engaño para la obtención del dinero era responsabilidad exclusiva del operador, quien resultó imputado por el delito de estafa específica so pretexto de remuneración a empleados públicos, en grado de tentativa. Durante la instrucción del caso se pudieron detectar un sinnúmero de comunicaciones por teléfono celular con el menor alojado en el Complejo Esperanza, cuando está prohibida la posesión y el uso de este tipo de aparatos por parte de los internos.
Mientras se sustanció la investigación judicial, el empleado, de apellido Ayala, fue trasladado a otra dependencia a la espera de la resolución penal para una decisión definitiva.
La familia del joven, por su parte, estuvo a punto de obtener un crédito de una entidad financiera para hacer frente a la erogación de $10 mil pensando -en forma equivocada- que con el pago obtendría su libertad.
