Vaca Narvaja resuelve sobre 29 imputaciones por la toma en la UNC
Además, emitirá una resolución en la causa contra exfuncionarios nacionales por falta de colaboración durante el motín policial de 2013. Las resoluciones se conocerán entre mañana y el martes.
30 DIAS. Identificaron a 29 estudiantes y docentes imputados por usurpación. La hipótesis es que quisieron provocar una intervención. |
Cedoc Perfil
El juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, trabaja este fin de semana para emitir dos resoluciones en causas trascendentes. Las dará a conocer entre mañana y el martes.
Uno de los decisorios se producirá en el expediente en el cual hay 29 imputados por usurpación. Son, en su gran mayoría, estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), entre los cuales hay también docentes y una abogada que asesoró a la Asamblea Interfacultades que realizó la toma del Pabellón Argentina durante 30 días en septiembre del año pasado.
Fuentes judiciales adelantaron a PERFIL CORDOBA que el magistrado definirá la situación procesal de los imputados. “Habrá procesamientos, sobreseimientos y faltas de mérito después de analizar qué participación tuvo cada uno”, comentaron.
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La resolución contendrá, además, el análisis del contexto en el cual se produjo. En ese momento, el rector de la UNC, Hugo Juri, era presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y como tal condujo gestiones al más alto nivel para obtener mejoras en el presupuesto universitario una de las exigencias con las que se inició la toma del Pabellón Argentina. En Córdoba, paralelamente, el vicerrector Pedro Yanzi Ferreyra encabezó una marcha con el mismo reclamo.
En el transcurso de la ocupación, la asamblea estudiantil elevó un extenso petitorio al Consejo Superior sumando otras temáticas como medidas contra la violencia de género, régimen especial para alumnas embarazadas, medidas para garantizar la laicidad de los programas de estudio, seminarios sobre Interrupción Legal del Embarazo (ILE), educación sexual integral y relevamiento de infraestructura.
En tribunales, los funcionarios analizan la siguiente hipótesis sobre el fin último de aquella medida extrema: el año pasado se cumplió el centenario de la Reforma Universitaria de 1918. “Quisieron convertir esa conmemoración en un hecho represivo”, comentó una fuente calificada a este medio. Se interpreta como una provocación la mecánica adoptada, como por ejemplo solicitar el DNI a quien ingresaba al interior del Pabellón Argentina y retener el documento mientras permanecía adentro. La sospecha alude a que se pretendía un desenlace con intervención de las fuerzas de seguridad para victimizar a los ocupantes.
El fin de la toma se produjo el viernes 28 de septiembre, después de varios días desde que comenzó a intervenir la Justicia Federal a la que se exigía la desocupación por la fuerza. Ocurrió luego de una asamblea que aceptó la apertura de una mesa permanente para tratar las reivindicaciones.
Apenas salieron del Pabellón Argentina, la fiscal Graciela López de Filoñuk anunció que habría imputaciones y pidió al juez que se identifique a quienes participaron. En la segunda quincena de octubre del año pasado comenzaron las indagatorias.
Derivaciones del motín. El juez Vaca Narvaja también define por estas horas el futuro del expediente en el que están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público Jorge Capitanich (exjefe de Gabinete), Cecilia Rodríguez (exministra de Seguridad) y Sergio Berni (exsecretario de Seguridad), quienes se desempeñaron durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
El 15 de mayo pasado, la fiscal Graciela López de Filoñuk resolvió las imputaciones porque no respondieron al pedido de ayuda del gobierno de Córdoba durante el acuartelamiento policial de diciembre 2013, cuando la mayor parte de los efectivos se amotinaron para exigir mejoras salariales y laborales. En aquella oportunidad, las calles de la ciudad quedaron casi sin patrullajes y se produjeron saqueos en comercios.
Desde la Provincia, las autoridades declararon que intentaron pedir ayuda pero que el Gobierno nacional de entonces no les atendió ni siquiera el teléfono.
Ahora el juez analiza si corresponden endilgar a los dirigentes el delito y, en ese caso, cuál sería el tribunal con competencia territorial para continuar la investigación. Es el paso previo a la convocatoria a declaración indagatoria de los presuntos responsables. No se descarta que se declare incompetente y remita el expediente a otra jurisdicción.
