Esta semana, se supo que el fiscal José María Campagnoli, suspendido tras profundizar una investigación contra el empresario Lázaro Báez, será sometido a juicio político desde el 9 de junio, curiosamente cuando se desarrolle el mundial de fútbol. “Es la primera vez que esto está ocurriendo, resulta algo que me genera mucha incertidumbre. Por eso, estoy pidiendo la mayor transparencia posible, porque es un juicio injusto. Hace cinco meses que estoy suspendido por un juicio político a un fiscal de la Nación”, asegura Campagnoli.
—Además, le desmantelaron el equipo de colaboradores.
—Sí, a mí me mortifica mucho la situación de mis empleados, un equipo que demostró ser muy eficaz a la hora de enfrentar mafias, organizaciones criminales e investigaciones de todo tipo. Y todos estos jóvenes, con una gran vocación de servicio, valentía, preparados, están siendo desaprovechados justo cuando la gente está pidiendo a gritos un poco más de eficiencia y de eficacia a la hora de llevar adelante procesos, sea de corrupción o de delitos comunes.
—¿Existe algún antecedente de casos como el suyo?
—Yo no conozco ninguno. La difusa acusación que se me formula para llevarme a jury parecería ser que fue investigar de más. Y se confunden mucho los roles cuando se habla de si yo tenía competencia. Los fiscales tenemos una función principal que es la de investigar, como la del médico es curar y los que marcan las cuestiones de competencia son los jueces. Y los jueces que intervinieron en el caso que yo tenía a mi cargo sostuvieron que yo era competente para hacer lo que estaba haciendo. O sea, esta discusión que ahora se va a llevar adelante en un juicio político a través de sumarios administrativos que me han iniciado, paralelamente cuando yo estaba investigando, es una discusión que ya está resuelta. La Cámara de Apelaciones y la jueza en primera instancia ya resolvieron convalidar mi investigación. Por eso, esto es muy confuso.
—Usted investigó causas resonantes, como por ejemplo el caso Spartacus.
—Es verdad. Llevé a juicio político al juez Oyarbide y no fue destituido en una votación ocurrida justo el 11 de septiembre de 2001, cuando se caen las Torres Gemelas.
—Usted también investigó a quienes concretaron la venta fraudulenta del predio de La Rural.
—Sí, hicimos una investigación con mi equipo. Denunciamos y pedimos la declaración indagatoria de funcionarios de primera línea.
—También trabajó en la investigación de los prostíbulos vip, el caso Martins, que usted llevó al borde del proceso.
—Raúl Martins es una persona muy conocida en los ámbitos prostibularios porque tenía varios prostíbulos vip, instalados en zonas de mucho poder adquisitivo. Martins finalmente se fue a radicar a México. Y se dice, aunque no está comprobado, que era agente de la SIDE.
—Y usted también investigó un caso que sacudió a la opinión pública: fue aquella famosa picada en Figueroa Alcorta en la que murieron una máma y su nena.
—Fue un caso terrible: murieron incineradas en el auto que Sebastián Cabello se llevó por delante a una velocidad no inferior a 160 kilómetros por hora. Estaba corriendo una picada. Fue un hecho muy doloroso que yo nunca me voy a olvidar porque tuvimos mucho contacto con el papá de la niña. Nosotros pedimos la detención, en un caso donde muchas veces los juzgados tienden a calificarlo como homicidio culposo, nosotros sostuvimos que era un homicidio doloso. Y así lo entendió el tribunal oral, que le dio 12 años de prisión.
—Hasta que se adentra en el caso del empresario kirchnerista Lázaro Báez.
—Yo impulsé la investigación por lavado de dinero y pedí que, de comprobarse lo que sostenía Federico Elaskar, se revisara si existían esas bóvedas que mencionaban en el programa de Jorge Lanata. Ese caso quedó en la Justicia Federal, y después yo tuve a mi cargo una parte de una investigación que tenía que ver con la posible extorsión a Elaskar, que él había denunciado públicamente. Hicimos una acusación muy grave contra todo el entorno de Báez, establecimos que La Rosadita existía, que estaba a cargo de Elaskar, que luego lo sacaron y se instaló el grupo de Báez. También comprobamos que ahí, a mediados de 2012, ingresaron al país, procedentes de Suiza, 65 millones de dólares. Todo eso lo acreditamos con pruebas y con mucho grado de detalle, y nos llevó a pedir la indagatoria de Lázaro Báez y de todas las personas que lo habían secundado en esta maniobra de quedarse con La Rosadita mediante un método extorsivo. Eso fue lo que yo sostuve y eso fue lo que la jueza en primera instancia, la doctora Gabriela Lanz, consideró que estaba probado y ordenó el llamado a indagatoria de las personas que yo había imputado.
—¿Cuándo empezaron las presiones contra usted directamente?
—Yo soy medio difícil de presionar, porque no tengo por costumbre prestarme a ningún tipo de conversación con las personas que pueden presionar. Pero empezó con los sumarios administrativos. Al mismo tiempo que yo avanzaba en mis investigaciones, o que la investigación iba tomando conocimiento público, me empezaban a denunciar en el ámbito de la Procuración por faltas administrativas. Esos sumarios eran muy traídos de los pelos, y yo no les di importancia porque me parecía que eran muy ridículos. Por ejemplo, decían que el Grupo Clarín me había escrito el dictamen, cuando ese material estaba acompañado por 17 cuerpos de investigación propia de la fiscalía, es decir, actas que fuimos haciendo día por día. Me cuestionaban algo que me parecía muy tonto, como también me parecía muy tonto que me acusaran de que mi hermana era amiga de Lilita Carrió. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿cómo me defiendo de eso? Mi hermano era presidente de la Unión de Rugby de Buenos Aires, ¿y...?, ¿qué tiene que ver? Son cosas tan alocadas, que no les di la debida importancia porque pensé que no iban a prosperar. Pero, a medida que íbamos avanzando en la investigación y a medida que iba apareciendo otra investigación que vinculaba a la dirigencia del Club River Plate con barras bravas y que se vinculaban con gente relacionada a Austral Construcciones para lavar plata, me empezaban a recrudecer los ataques en los sumarios. Además, me acortaban los tiempos para que pudiera defenderme. El apuro por suspenderme es un mensaje disciplinador para amedrentar a otros fiscales y una clara señal de que mis investigaciones habían rozado muy de cerca el poder.
—A medida que usted avanzaba en su investigación de la relación Báez-Kirchner, ¿las presiones ahí aumentaban?
—Claro. Había un claro interés por dejarme fuera de la Justicia, cosa que se logró de una manera muy oscura. De un día para otro, me dicen que por una reestructuración yo no iba a seguir firmando por esa fiscalía. Pero la reestructuración era sólo de mi oficina, no había otras oficinas que hicieran reestructuración. Ahí es cuando yo reacciono, descubro que me estaban sacando la fiscalía y busco defender mi trabajo. Me presenté a la Procuración a pedir explicaciones y, en lugar de apoyar a un fiscal que está investigando, lo sacan y le hacen el juego a la defensa.
—¿Siente temor ante una circunstancia tan anómala?
—No tengo temor porque soy fiscal, hace muchos años que trabajo de esto. Pero puedo tener preocupación y pena de la situación, porque hablar de la Justicia independiente es muy fácil, pero la independencia se demuestra con acciones, cuando uno pone en peligro su estabilidad o la comodidad de tener cierto prestigio. Pero no tengo miedo porque, aun si fuese el corolario final de mi carrera, el haber sido sustituido por investigar y por tratar de luchar por la verdad y por la justicia, entonces, será un final “con las botas puestas”.
—Su mirada sobre el panorama de la Justicia en nuestro país debe ser muy complicada...
—Me duelen varias cosas. Primero, lo que pasa con mi equipo, me da mucha pena porque es un capital enorme, que es la juventud que hay en el Poder Judicial, estudiantes de Derecho, chicos que entran a la Justicia porque creen en la Justicia. Y también me da mucha tristeza que, más allá de lo que escriban mis defensores, más allá de los ríos de tinta que presentemos, la decisión pasa por otro lado, y eso, como hombre de la Justicia, me da pena, porque si la Justicia no es independiente, no es Justicia. Las cosas son como las marca la ley, y da mucha pena que, más allá de que yo presente amparos o recuse a los miembros del tribunal, no se tiene en cuenta porque acá hay una decisión política y estoy sufriendo una persecución política por investigar.
—¿Es optimista con respecto al futuro de la Justicia en nuestro país?
—Hay muchas cosas que tienen que cambiar. La selección de los magistrados es una de ellas; los exámenes también, porque bajo la pantalla de concurso se deja afuera a posibles magistrados muy brillantes, como es el caso de uno de mis secretarios, Ignacio Rodríguez Varela, que fue descartado en 28 oportunidades. Ha ganado un montón de concursos, no sólo para juez, sino tamibén para fiscal y camarista, pero lo vienen discriminando. A veces, cuando un fiscal se tiene que enfrentar a un caso complejo, o a un caso de corrupción, parecería que está en una carrera de obstáculos.
—Ernesto Sabato siempre decía que cuando la Justicia demora excesivamente, deja de ser Justicia.
—Exactamente, deja de ser Justicia. Y cuando la Justicia no es independiente, no es Justicia. Entonces, equipos de trabajo que puedan actuar con independencia y libertad es lo que para mí hace falta. Y preparar jóvenes y no tan jóvenes para investigar con valentía y sabiendo lo que tienen que hacer, porque no solamente hay que querer hacer las cosas, sino también saber hacerlas. Todo eso me parece que es una deuda, porque creo que no hay una verdadera escuela de formación de investigadores independientes. Porque uno puede investigar, pero también hay que trabajar los valores republicanos necesarios para que no haya autocensura.
—¿Cuál es su opinión sobre la designación de los conjueces?
—Fíjese que, pese a que hay más de 60% de jueces designados por este gobierno, hay un montón de vacantes todavía y, además, empiezan a echar mano a esto de los conjueces. Sin embargo, cuando uno discute o escucha la discusión que se genera en torno de algo tan terrible como es el narcotráfico, se observa que desde el Poder Ejecutivo les pasan la pelota a los jueces, como si estuviesen mirando un partido desde otro lugar, como si fuesen uruguayos que están mirando a la Argentina. Nadie se hace cargo del problema.
—Es una situación muy grave.
—Es muy preocupante. Parecería que el futuro va a ser bastante difícil para nuestros hijos en un país donde está instalado, prácticamente, el narcotráfico. Y parecería que no hay posibilidades de respuesta.
—¿Cómo se puede revertir esa situación?
—Utilizando las agencias que tiene el propio Poder Ejecutivo para controlar. O sea, nosotros vemos a Berni rompiendo bunkers en Rosario, pero ahí hubo antes alguien que construyó donde no debía. Ahí hay una ausencia del Estado que da miedo, porque esas cosas no se producen solas. Hay que atacar el problema cuando es un problema chico, no cuando ya es inmanejable. Podría hablar un montón de horas de cosas que se puede, de antemano, anticipar aplicando la ley. O sea, aplicando la ley que no siempre es la ley penal, no es siempre la ley de los jueces. Porque eso es como lo más fácil de decir: no hay Justicia.
—Y lo más común que se escucha.
—Claro, cuando alguien dice: “¿Qué hacen los jueces, qué hacen los fiscales? Es un gran problema que tenemos que resolver. Hay todo un montón de cosas por modificar. En el propio caso Báez lo encontramos: ¿cuántos reportes de operaciones sospechosas hubo? ¿Cuántos organismos de control no funcionaron hasta que un periodista hizo un programa? Y ahí, entonces, todos se acordaron: “Sí, teníamos esta cantidad de reportes de operaciones sospechosas”.
—Quiero volver al avance del narcotráfico, porque es muy alarmante. Incluso, hubo públicamente disensos entre Berni y Rossi acerca del tema droga. ¿Usted qué opina?
—Coincido en que es un tema muy preocupante. A mí me pone mal esta situación, porque tenemos un país que no nos merecemos. Me parece que hay mucha gente valiosa que no está siendo aprovechada y me parece que nadie quiere afrontar su responsabilidad en estos temas. Uno ya está cansado de escuchar a padres que entierran a sus hijos por el fragelo de la droga y parecería que ésta va a ser una generación en la que más hijos van a ser enterrados por sus padres. Eso me preocupa y me da miedo. Pero, lamentablemente, parecería que no se puede hacer nada. Sin embargo, hay un montón de cosas para hacer, y la primera línea de lucha contra el delito es el Poder Ejecutivo con su Policía Federal, con su Gendarmería y con todas las fuerzas de seguridad que tiene. Ahora, si vamos a esperar y pasarles la responsabilidad a los jueces y a los fiscales, nos estamos equivocando. Los jueces y los fiscales también tienen su porción de responsabilidad, pero creo que hay un montón de cosas antes que se pueden hacer.
—Para terminar, ¿cuáles son las hipótesis de trabajo que podríamos plantear para su defensa en este juicio que se inicia en medio del Mundial?
—Yo ya estoy preparando mi defensa con el doctor Gil Lavedra y con el doctor Irigaray. Vamos a pedir que se haga lugar a las pruebas que nosotros queremos, que son, básicamente, testimonios y documentación que no ha sido estudiada en el momento de mi suspensión porque no la tenían, porque ni se molestaron en pedir los expedientes donde yo había actuado para ver si lo que estaban diciendo era así o no. Todavía tenemos esperanzas en poder revertir esta situación. Pero no deja de ser muy extraño que se inicie el juicio en medio del Mundial. Yo venía denunciando esto. Si pudieran, lo harían el mismo día que jugara la selección argentina.
