—¿Cuál es el eje de su investigación?
—Es un libro que trata el fenómeno del narcotráfico de las últimas dos décadas en la Argentina. Y trabajamos sobre la base de investigación de siete causas muy renombradas: arrancamos desde la “Operación Langostino”, a fines de los 80; Strawberry y después otras causas más recientes que son: el asesinato a la Virgen de los Milagros en la Villa 11-14, los asesinatos de Unicenter, el caso Juliá, el triple crimen de General Rodríguez; tomamos el caso Rosario por las características que tiene esta ciudad en estos últimos años. De esa manera hemos ido construyendo un análisis que nos permita responder por qué hemos llegado a esta situación. Por qué Argentina, lamentablemente, pasó de ser un país secundario en este problema, un país de tránsito de droga a un país de producción y consumo relevante.
—¿Están pensando en el título del libro?
—Sí. Nuestra idea es también darle un espacio a la editorial para que ellos opinen. Tiene que ser un título convocante, pero serio. Porque intentamos que el libro más allá de los hechos reales, tenga mucha información estadística y análisis. Pretendemos que sea un buen libro de divulgación y, por sobre todo, de análisis de la dirigencia política porque para Berensztein y yo son temas cruciales para el Estado argentino que viene. Si no lo enfrentamos, creo que nos puede pasar lo mismo que a otros países latinoamericanos, y entrar en una dinámica más violenta con la característica que el narcotráfico suele atentar contra las raíces mismas del Estado.
—Desde tu experiencia al frente de la Metropolitana, da la sensación de que la policía está muy desprotegida. Por ejemplo: ¿tenían que comprarse los chalecos antibalas ellos mismos?
—Hay distritos donde eso pasa, en la ciudad de Buenos Aires eso no sucede. Pero sí hay distritos donde buena parte del mantenimiento de la policía corre por cuenta propia del personal. Y creo que si bien hay problemas institucionales en la policía que tenemos que atender, creo que la primera responsabilidad es del Estado que ha abandonado a sus funcionarios policiales o han bajado sus salarios, no han generado carreras como corresponde, no los capacitan, no los entrenan; por lo cual es la primera responsabilidad política que debemos asumir los dirigentes.
—¿Cómo organizaste la Policía Metropolitana? Porque, en realidad, fuiste el que la inauguró.
—Fue un proceso difícil y complejo, creo que se partió de un buen andamiaje legal. Se generó un marco institucional que tuvo un amplio consenso en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y que diseñó una policía que es mucho más preventiva, que busca tener más proximidad a la gente. Como sabíamos que no íbamos a poder cubrir toda la ciudad teníamos como opciones hacer una policía de tránsito de menor cuantía o circunscribirnos geográficamente a algunas comunas o barrios de la ciudad y optamos por la segunda porque nuestra apreciación, la de Mauricio Macri y la mía, era que la gente no iba a comprender si nosotros éramos una policía que no iba a detener a asaltantes, delincuentes. Por lo cual empezamos primero en la Comuna 12 que abarca Saavedra y Villa Pueyrredón y nos fuimos expandiendo hacia las demás. Obviamente la situación de esas comunas fue mejorando significativamente. Aún hoy, que ya pasaron dos años, algunos me siguen parando en la calle y me dicen: ¿cuándo llegan a mi barrio? Genera esa frustración. Es un proceso que no es único en el mundo, muchas capitales en el mundo han pasado por este proceso en los últimos veinte años como Madrid, Berlín o Washington. Al caer el Muro de Berlín dejaron de ser la capital y pasaron a ser ciudades-estado eligiendo sus alcaldes y teniendo su propia policía. Y en todas las ciudades hemos verificado que el proceso termina luego de una década de gestión, es decir tiene un tiempo porque hay que capacitar gente nueva, una policía propia con personal y con experiencia previa para no cometer errores. Con lo cual es un proceso que todavía está en marcha, pero creo que es fundamental para la ciudad de Buenos Aires y para el país porque necesitamos que la Policía Federal vuelva a poner el foco en los delitos federales, no solamente en el narcotráfico, en la trata de personas, en el contrabando, en los delitos económicos, en el lavado.
—¿Cuál es el mayor problema en materia de seguridad?
—El gran problema que tenemos en Argentina es que hay fuerzas federales están haciendo funciones de fuerzas locales, haciendo controles vehiculares en las avenidas y en las provincias donde la situación está desbordada, en la frontera donde es un colador y además no tenemos fuerzas, porque no alcanzan o tenemos fuerzas provinciales que no tienen equipamientos tratando de actuar contra bandas complejas de mucho dinero. Entonces creo que el gobierno que venga va a tener que reorganizar el sistema de seguridad interior, darle una nueva lógica, una nueva coherencia de manera que las provincias tengan estas reformas policiales necesarias con los recursos necesarios. La gran discusión es si Argentina invierte poco en materia de seguridad.
—Además, está el estado de las cárceles. Nadie puede salir de ese infierno mejor de lo que entró, pero también vemos el nivel de las celdas sin retrete, por ejemplo.
—Sí, y hasta situaciones que terminan afectando el funcionamiento policial. Tenemos el 10% o 20% de los presos del país en comisarías y eso hace que los policías estén haciendo de guardiacárceles y no estén patrullando las calles. O sea, no es casual la situación de crisis de inseguridad a la que hemos llegado. Se está diciendo que Argentina invierte menos del 7% de su presupuesto en seguridad contra el 15 y 20% que hacen países como Chile, México. El otro día escuchaba a un juez federal que decía que tenía 8 mil causas federales en su juzgado, 8 mil causas complejas de narcotráfico, ¿cómo puede atender eso con diez funcionarios judiciales? Me parece que tenemos un sistema de seguridad que no está preparado para la inseguridad que vivimos. El sistema de seguridad del país atrasa treinta años.
—Sí, y por sobre todo lo que vos marcás. Porque el Estado tal vez esté presente con la fuerza de seguridad bien o más distribuida, pero no está presente en el estado de las cárceles y la recuperación, que la idea sería ésa, tratar de que no sea un lugar de tortura sino un lugar de realización.
—Tenemos una tasa de sentencia muy baja, el 2% de las causas totales denunciadas; y si vamos a las causas que terminan en detención definitiva estamos hablando de tres o cuatro cada mil, por lo cual esta percepción que tiene el ciudadano de una justicia de impunidad o puertas giratorias, se cumple lamentablemente.
—¿Cuál es tu posición sobre la discusión en torno al Código Penal?
—Hablando del Código Penal yo no tengo una posición totalmente crítica ni totalmente positiva. Una de las cosas que pasan hoy es que para muchos delitos no se cumplen las condenas de delito efectivo, y este código establece toda una serie de alternativas a la prisión, que inclusive son mejores, porque no es bueno mandar a una persona que hace un delito menor a la prisión donde va a empeorar su calidad de vida y su conducta delictiva. Lo que yo aplico es: cada causa debe ser tratada individualmente, porque eso es lo que corresponde a un Estado de Derecho. Ahora la pena es en función de lo que la sociedad necesita, porque aparte lo dice la Constitución, la pena es para seguridad y resociabilización. Si esta persona recurrentemente comete delitos y lo encuentran culpable, que aparte es difícil que el Estado lo encuentre culpable, ni se resocializa y es inseguro para la sociedad, tenemos que cumplir con lo que manda la Constitución.
—Fijate que en los crímenes contra mujeres, que desgraciadamente es una novedad quemar a una mujer, generalmente todos los autores tienen antecedentes.
—Nosotros en la Metropolitana armamos un área de violencia de género porque es uno de los problemas que más vienen creciendo en Argentina. Es algo de lo que se habla poco, pero viene ocurriendo mucho. De hecho, muchos homicidios ocurren en personas que tienen relaciones directas y en general, son de violencia doméstica de un hombre hacia una mujer, o de un hombre hacia los chicos. Como es el caso del hombre que incendió su casa con los chicos adentro; él tenía antecedentes psiquiátricos, es decir, hay un error grave del sistema.
—Además, los vecinos lo veían que rondaba la casa, por el ventiluz tira una bomba molotov y mata incluso a uno de sus propios hijos. Ese tipo iba y venía por el barrio, quiere decir que, como decís vos, hay una falla en el sistema que es absolutamente impertérrita.
—Lo grave de esto es que cuando la sociedad se frustra por la impunidad le gusta el canto de la sirena autoritaria; el que dice “yo voy a venir con mano dura y me voy a llevar a todos puestos” suena atractivo en muchos oídos. Yo escribí un libro que se llama Mano justa para separar de la mano dura y la blanda, porque creo que hay un justo término y la palabra Justicia viene de ahí, aplicar la ley en su justo término. Si las personas cometen delitos violentos deben ser pagados por sus consecuencias, por supuesto, la sociedad debe hacer todo lo que pueda para evitar que las personas lleguen a esto, y ahí también tenemos una deuda grande en lo social, en lo educativo. Yo reconozco que el fenómeno de delito es multicausal, que tiene una raíz social y económica fuerte que es responsabilidad del Estado. Ahora, no podemos quitarles a los individuos las responsabilidades por sus actos, porque si no, rompemos con el principio de Estado de Derecho, si yo voy a justificar que un tipo haga la atrocidad que vos decís porque de chico no comió bien o no lo educaron, no tenemos parámetros u orden mínimo de convivencia. Entonces, está claro que tenemos que trabajar en las razones de fondo, hay una frase maravillosa: “Hay que ser duro con el delito violento, y duro con las causas del delito”. No es uno u el otro, es uno y el otro, eso es lo que nos cuesta mucho que entienda el político argentino; no es “si lo querés meter preso”, si el tipo violó, mató, abusó, debe cumplir la pena que le corresponde por el Código Penal, pero también soy consciente de que en la medida en que yo no le dé oportunidades a nuestros jóvenes, que abandonen la escuela tempranamente, que no se puedan proyectar en un país con un futuro mejor.
—¿Qué fue lo que más te costó cuando tuviste que organizar la Policía Metropolitana?
—Creo que el proceso más difícil era el proceso de selección, porque teníamos que hacer una mixtura entre policías que tenían experiencia previa con los que formamos desde el inicio. Ahora, la brigada tiene mitad y mitad, formados todos por un instituto de seguridad generado en la ciudad, en donde quienes enseñan son jueces, fiscales, secretarios de la ciudad; gente muy preparada. Pero arrancamos con el 80% de personal con experiencia previa, ahí la selección era vital, para evitar problemas. Por supuesto que nunca es perfecto y más cuando tiene que hacerse a medida que va andando. Creo que se elaboró un proceso muy acorde, donde no está sólo en manos de la policía y hay funcionarios civiles que toman tests psicológicos, antecedentes; es decir, se toman mucho en cuenta variables para no cometer errores. Y evitar comprar ciertos hábitos que no queríamos. Nuevos mecanismos de control, esos serían otros de los grandes hallazgos.
—¿Cómo funciona eso?
—La Policía Metropolitana tiene una auditoría que no depende de la policía que controla por resultados y procedimientos, con lo cual no es la propia policía que se investiga a sí misma, sino que hay otro de afuera que investiga los errores que comete. Y eso está bien. Toda policía tiene que tener un control interno y otro externo, porque si no, como deben ser piramidales, se tornan endogámicas y le cuesta mucho actuar sobre los propios. Y es una perspectiva para detectar situaciones de cohecho y sacar esa gente de las fuerzas. Porque hay conductas que están muy institucionalizadas, que hasta los policías las perciben como normales y que en realidad son erróneas e ilegales. Por ejemplo el típico “pasar la gorra” que es esta situación en donde los policías van a los comercios y piden las facturas, y si es cierto que ellos le dan ayuda a los comercios, pero no corresponde, porque parece que están cobrando algo extra por dar algo que el Estado tiene que hacer. Y después apostar fuertemente a la capacitación y dignificar la carrera policial porque es quien está en la línea del conflicto y es a quien más el Estado debe preservar.
—¿Qué tipo de policía necesita la Argentina?
—El debate de fondo de la Argentina es qué modelo de seguridad queremos, qué modelo de policía, de Justicia; el Servicio Penitenciario. Por supuesto que las cárceles siempre tienen situaciones horribles y nadie quiere hacerse cargo, pero no podemos ocultar la realidad de lo que se vive ahí; porque si no, vamos a empeorar cada vez más la situación.
—Después de haberla creado, ¿cómo ves ahora a la distancia a la Metropolitana?
—Creo que el gran desafío de la ciudad de Buenos Aires es la transferencia definitiva de la Justicia y la policía, creo que mientras eso siga en el Olimpo, es como un engranaje que no tiene aceite, es como que nunca termina de suceder lo que tiene que suceder. Yo espero realmente que en el 2015, la policía pueda saldar este proceso, y la ciudad de Buenos Aires se pueda dar una policía propia con plenas facultades como tienen el resto de las provincias. Aparte la ciudad de Buenos Aires tiene una particularidad, que es una ciudad con recursos, por lo tanto pueden darse una mejor policía. Igual que el debate de traspaso sea como dice la Constitución con la trasferencia de los recursos y que a su vez eso desprenda energías y el foco del gobierno nacional y lo ponga donde lo tiene que poner, que es en el crimen organizado. Porque en una de las provincias que trabajo es Salta y yo estuve en Aguas Blancas el año pasado, y en ese paso fronterizo al norte de Orán, lo que vi ahí es pasmoso, en pleno día al lado del paso formal un montón de gente con contrabando de todo, cigarrillos, drogas, a la luz. Hay pocos gendarmes y eso pasa como si está institucionalizado. La falta de radarización, todas estas cosas que son ya estructurales y hablamos ya hace casi 20 años, el primer debate estuvo en 1994 cuando se cayó el proyecto de ley y llegamos casi a 2015 sin el país radarizado. Chile y Uruguay tienen el cien por ciento. Todos tienen la ley de derribo, que dice qué hay que hacer ante la intrusión de un avión desconocido. Para concluir quiero
decir que la situación es grave, pero no hay que perder la esperanza en que Argentina pueda revertir este marco de inseguridad. Eso requiere una firme decisión política de la dirigencia
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