La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) presentó este viernes denuncias contra 73 empresas por "apropiación indebida de impuestos" en lo que va del año, por un monto que supera los 102 millones de pesos.
Ese delito está tipificado en el régimen penal tributario y contempla condenas de prisión de entre 2 y 6 años. El director de ARBA, Gastón Fossati, sostuvo que "estas firmas actuaban como agentes de recaudación del fisco bonaerense, es decir que debían percibir o retener fondos de otros contribuyentes como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos".
"En los hechos, las empresas retenían ese dinero a los contribuyentes, pero luego no lo ingresaban en ARBA. De esa forma, se apropiaron indebidamente de impuestos por un monto que, en conjunto, supera los 102 millones de pesos" completó el funcionario, según consignó la agencia Noticias Argentinas.
El ente recaudador indicó que las denuncias penales fueron presentadas en distintos departamentos judiciales de la Provincia, conforme al domicilio donde desarrolla su actividad cada una de las empresas. Además, pusieron funcionamiento una dependencia específica dentro del área de Asuntos Jurídicos y redefinió sus procedimientos para dinamizar las denuncias, resaltó el organismo, en un comunicado.
En ese marco, Fossati consideró: "Estos cambios nos posibilitaron quintuplicar durante el último año los montos reclamados en el marco de delitos tributarios, y agilizar de esa forma la restitución de recursos que pertenecen a todos los vecinos de la Provincia".
ARBA y la Procuración bonaerense intercambian mediante herramientas digitales la información de índole patrimonial, financiera, impositiva y comercial vinculada a personas físicas y jurídicas que se encuentran sujetas a investigación, observando siempre los principios legales que reglan el secreto fiscal.
Además comparten un sistema de alertas para identificar indicios de posibles delitos tributarios que se encuadren dentro del régimen penal previsto por la Ley Nacional N° 27.430, que fue sancionada por el Congreso a fines del año pasado, de acuerdo a lo que se desprende del texto oficial.
