La Oficina de Presupuesto de Congreso (OPC) elaboró un informe donde calcula el impacto fiscal del proyecto de ley de Emergencia Alimentaria y da detalles de la ejecución presupuestaria de políticas sociales.
En cuanto al costo de proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, el organismo que dirige Marcos Makon plantea dos escenarios posibles, según la interpretación del artículo 4, donde se explicita “un incremento de emergencia” de, como mínimo, el 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
Si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $10.489 millones. En cambio, establece que si el incremento se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $4.061 millones.
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“Resultaría conveniente establecer el alcance de la medida en el artículo 4, precisando el detalle de los programas involucrados y el significado de 'partidas presupuestarias vigentes' para aplicar el incremento”, expresa.
En cuanto al presupuesto ejecutado, el estudio se centra en los programas Políticas Alimentarias y Plan Nacional de Protección Social, ambos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSyDS). Sobre el programa ProBienestar del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), asegura que “no se cuenta con información sobre la ejecución presupuestaria”.
Al 31 de agosto, el programa de Políticas Alimentarias presenta una ejecución del 56%, con un total de $10.193 millones. Pero si se analizan todos los componentes que lo conforman se desprende que de los kilogramos de leche (así figura en el informe) asignados, sólo se entregó el 33%.
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La ejecución alcanza el 100% en la Prestación Alimentaria Otorgada con Tarjeta; al 60,9% en Módulo Alimentario Entregado; al 99,7% a Comedores Comunitarios; y al 98,2% a Comedores Escolares.
Por su parte, el Plan Nacional de Protección Social cuenta con un presupuesto vigente de $372 millones, habiendo ejecutado al 31 de agosto un total de $267 millones (71,8% de ejecución).
“En el transcurso de ocho meses de 2019 las iniciativas vinculadas a las políticas nacionales de alimentación recibieron refuerzos presupuestarios respecto a su crédito inicial por un total de 5.560,6 millones de pesos, representando un incremento del 36,1% respecto al crédito inicial”, precisó la OPC.
MS/ CP
