Estados Unidos había sido hasta el momento el único país de relevancia global con el que la Argentina no tenía firmado un acuerdo de intercambio de información fiscal. Esto podría haber incentivado a que contribuyentes argentinos no incluyeran en sus declaraciones impositivas ingresos y/o activos radicados en aquel país.
La detección de un patrimonio no declarado genera un costo impositivo muy alto y constituye un hecho de tal gravedad que puede llegar a provocar la pérdida total de ese capital.
Téngase presente que los fiscos nacional y provinciales podrían interpretar que ese patrimonio proviene de la realización de actividades gravadas en Argentina. El IVA al 21%, más el impuesto a las ganancias (35%), más el impuesto sobre los ingresos brutos (3 a 5%), suman un costo impositivo enorme, que si se agregan intereses por pago fuera de término y eventuales multas, podrían superar el valor del activo que no hubiera sido declarado.
Massa formalizó el acuerdo con Estados Unidos para compartir información fiscal
Esto da una dimensión de la gravedad que puede significar para un contribuyente el costo de la evasión. Y aplica tanto al caso bajo análisis como a cualquier otro ejemplo de evasión fiscal. La firma de este acuerdo implica un cambio de reglas de juego que el gobierno pareciera querer acompañar con la aprobación de una nueva ley de blanqueo fiscal (otra más).
¿Qué son las amnistías fiscales y qué planea el gobierno argentino?
Las amnistías fiscales han sido una herramienta aplicada por muchos países cuando comenzaron a regir los acuerdos de intercambio de información fiscal por el año 2017. El razonamiento era que ante una modificación significativa en las reglas del juego, los gobiernos aceptaron otorgar una amnistía fiscal por las irregularidades del pasado a cambio del pago de una tasa de blanqueo equivalente a un porcentaje del patrimonio no declarado fiscalmente.
El Gobierno ha preparado un proyecto de ley cuya recaudación tiene como destino específico el pago de deudas con el FMI. Este proyecto de ley establece un régimen de declaración espontánea a cambio del pago de una tasa del 20% sobre el valor de los activos.
El proyecto prevé otras cuestiones complementarias, como el caso en que el activo fuera detectado por parte del fisco, donde deberá pagarse una tasa mayor. También se planea crear la figura del colaborador, es decir que quien aporte información sobre activos sin declarar podría hacerse acreedor a una recompensa económica por su delación.
Hay muchas otras cuestiones particulares por analizar, por ejemplo el caso de quienes tienen bienes inmuebles u otro tipo de activos de escasa liquidez, para quienes se le dificultaría mucho el acceso a fondos para poder pagar la tasa de blanqueo. Otro tema es cómo se combinan esta nueva ley de blanqueo con la que había sido establecida en el año 2016, que condicionaba el mantenimiento de los beneficios fiscales de aquel blanqueo a que el contribuyente hubiese declarado la totalidad de su patrimonio.
Creemos que habrá que seguir muy de cerca la evolución del proyecto de ley de blanqueo. Por un lado, es necesario introducir modificaciones y agregados. Por ejemplo debería excluirse de los beneficios del blanqueo a funcionarios públicos, o a activos provenientes de delitos graves tales como narcotráfico o la corrupción política, tan solo para mencionar algunas cuestiones sin tratar aún.
Si no se consiguiesen los acuerdos necesarios para una aprobación de amnistía fiscal, la entrada en vigencia plena de un convenio de intercambio de información con Estados Unidos expondría a un alto riesgo de enfrentar costos fiscales muy elevados a quienes no hubieran cumplido el término con la declaración de sus obligaciones de informar ingresos y patrimonio.
* tributarista y socio de La Vista Casal
