Más allá de que el presidente Mauricio Macri se haya sacado fotos con el mismísimo factótum del Grupo Techint, Paolo Rocca, en pleno estallido de la causa de los cuadernos; más allá de que Tecpetrol, la petrolera del empresario, sea la principal inversora en el yacimiento no-convencional top de Neuquen, se viene un choque entre el holding y el Gobierno por los fondos que el Estado destina para incentivar la producción energética. Se trata de una disputa por al menos US$ 200 millones. Y todo tiene un nombre críptico para el público en general: la resolución 46 de 2017.
Aquella norma fijada por el entonces ministro Juan José Aranguren, considerada por el Gobierno como “una muy buena resolución para que el mundo descubra Vaca Muerta”, se convirtió con el ajuste fiscal que impuso el Fondo Monetario Internacional en un dolor de cabeza.
Para los directivos de Techint, la causa puede quedar "en el recuerdo"
Se trataba de una medida que subsidiaba la generación de gas pagando un precio mejor al del mercado por el fluido generado por los nuevos proyectos de inversión. Hasta el año pasado todo eran éxitos y nadie se fijaba en los detalles. “Fue un boom”, dicen fuentes oficiales y citan que la producción de shale gas, como se llama el gas no convencional, creció al 45% anual en 2018.
Tecpetrol, de hecho, se convirtió en el protagonista del salto con una inversión de 2300 millones de dólares para 5 años. Absorbía el 70% de los fondos oficiales. La empresa dice que volcó US$ 100 millones por mes en el último año y medio. Con la perspectiva de crecimiento de la producción, este año la cuenta a pagar por el Estado debía saltar a cerca de US$ 1300 millones ya que además empezaría a tallar la presencia de otras firmas, como la estatal YPF, la francesa Total, PAE, de la familia Bulgheroni, o CGC, de Eduardo Eurnekian, todas con áreas de explotación que recibieron el OK oficial para empezar a operar. Y a recibir subsidios.
Pero vino la crisis cambiaria, la Argentina fue al FMI, prometió el déficit cero en tiempo récord y todo chorro de dinero que existía se cortó, o se redujo lo máximo posible. En el Presupuesto de este año y en la carta de intención con el ente multilateral quedó escrito que la fiesta de Vaca Muerta debía calmarse. Habrá sólo 700 millones de dólares disponibles. Además, el Gobierno registró que estaba “saturado” de gas que no puede aprovechar por la falta de gasoductos para inyectarlo a la red o exportarlo. Había que elegir qué cortar. Buscar la forma de pagar menos por el gas producido o incorporar menos proyectos pre aprobados. Había 16 con el OK de Neuquen, de los cuales 8 tenían el visto bueno de la Nación. Cualquier decisión iba a tener reacciones de parte de los principales jugadores de la economía argentina. Por eso, desde entonces, nombrar la “resolución 46” en el sector petrolero o en la Casa Rosada era motivo de conflicto.
Desde que llegó, el secretario de Energía consultó a las compañías sobre cómo cambiar el marco regulatorio. Notó que tocar la norma le generaría demandas millonarias al Estado, según le advirtieron en las áreas de legales de las empresas petroleras, que además están sensibles porque en un año y medio (y con la venia oficial) Techint se quedó con el 12% del mercado de gas. Ante eso, el Gobierno finalmente decidió dejar en el olvido los 8 proyectos aún no autorizados que venían de Neuquen y bancar solo otros 8 ya encaminados, y “no tocar”, la letra de la resolución 46. Pero sí, aunque no lo reconozcan formalmente, cambiar la forma de interpretar un punto clave: sobre qué volumen de producción de gas se van a pagar los subsidios. Y ahí estalla el conflicto con Techint.
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Porque según confirmaron fuentes oficiales, ahora se pagará el precio subsidiado por el gas que las petroleras “anunciaron” que iban a producir cuando entraron en el programa, y no por el que “efectivamente” produjeron. No es poco. Techint, que hasta ahora concentra el 70% de los subsidios, entró con una curva de producción estimada de 8 millones de metros cúbicos diarios, pero está produciendo el doble. El cambio implica, según estimaciones del mercado citadas por el portal especializado Econojournal, que le entren a la T como mínimo 200 millones de dólares menos.
La compañía prepara presentaciones administrativas para quejarse, sin descartar un litigio judicial, ya que considera que incluso el año pasado le pagaban contemplando su producción efectiva y no la prometida. Energía dice que nunca fue así, y que si hubo pagos que parecían mayores a lo prometido era porque luego se corregirían, ya que eran “pagos a cuenta”. Dicen que consultaron abogados expertos en el CIADI, a los letrados de Hacienda, a la Procuración del Tesoro. No hace falta pensar que Techint debe estar consultando también abogados de primera línea.
El conflicto puede escalar. Y eso que la empresa de Rocca no jugó aún la carta de una posible merma en las inversiones en Neuquén. Un tema sensible para el presidente Mauricio Macri, que está obsesionado con que ese yacimiento cambie el déficit de dólares que socava a la Argentina desde hace décadas, como se vio incluso el año pasado. Todo por un litigio por “inseguridad jurídica” a la joya del macrismo, quién lo hubiera dicho.
Por último, Techint, que hasta el momento no hace comentarios sobre el tema, tal vez tenga en la manga un as impensado: las propias declaraciones de un funcionario que hasta hace un mes era la autoridad en la materia. El ex secretario de Energía, Javier Iguacel, repetía en medios y reuniones con petroleras que se pagaría el subsidio por la producción efectiva y no por la curva prometida. “Javier decía muchas cosas, así que hay que ver…”, dicen ahora fuentes del área.
