El Gobierno le da un mes más a Vale para no afectar la relación con Brasil

Para evitar tensionar todavía más la relación con Brasil, su principal socio comercial y político en la región, y a pesar de sufrir un evidente desplante en la reunión convocada ayer para acercar posiciones con la empresa, el Gobierno sólo dictó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto con la minera brasileña Vale por la suspensión del proyecto Potasio Río Colorado, que pone en riesgo la continuidad de más de 11 mil empleos directos e indirectos en Mendoza, Neuquén y Bahía Blanca.
La medida se extenderá hasta el 11 de abril, según indicó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en conferencia de prensa con su par de Planificación, Julio De Vido, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y los mandatarios de las provincias afectadas, Francisco “Paco” Pérez y Jorge Sapag.
El miércoles, en una reunión en la cartera laboral, los funcionarios nacionales habían pedido a Sergio Leite, presidente de Vale en la Argentina, que la empresa –la segunda minera del planeta– continuara pagando los salarios de los trabajadores por un año más. El gesto le costaría a Vale cerca de $ 1.200 millones, a razón de $ 100 millones mensuales en sueldos por mes, según cálculos de la industria. Leite debía responder ayer a las 15 en la misma sede, pero nunca llegó a la cita.
Su ausencia irritó a los funcionarios del Poder Ejecutivo –Tomada advirtió que “Vale no respeta la responsabilidad social” y De Vido señaló que “hay una violación de la seguridad jurídica y de la Ley de Inversiones Mineras por parte de la empresa”–, que sin embargo evitaron ir más allá y referirse a una eventual expropiación de los activos de la minera brasileña, que sí está en estudio.
Desde las oficinas de Vale en Río Negro indicaron a PERFIL que la compañía envío a un abogado contratado a la reunión en Trabajo y adelantaron que acatarán la conciliación obligatoria pero sólo de los 420 trabajadores que, a su entender, emplea de manera directa. “Del resto (más de 10 mil personas, según cálculos del Gobierno) deberán hacerse cargo los contratistas”, apuntaron.
La decisión contradice lo ordenado por medio de la disposición 103/13, que, en términos de Tomada, impide “que se despida o se comprometa la fuente de trabajo de Vale y sus contratistas y subcontratistas”. Tomada aclaró que los contratistas deben reclamar a Vale. Según Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (Casemmza), sólo en esa provincia Vale contrató a 4.500 trabajadores directos y casi 7 mil indirectos en esa provincia.
El martes de esta semana Vale anunció la suspensión oficial de Potasio Río Colorado –uno de los mayores proyectos de inversión del país, valuado en más de US$ 6 mil millones– e intimó a sus proveedores –entre los que figuran Techint, Andrade Gutiérrez, Odebrecht, Cartellone y Districuyo– a empezar a enviar telegramas de despido a su personal.
Continuar con el emprendimiento minero es prioridad del Gobierno.