Sin tiempo para esperar la sanción del Senado a la ley que autorizará el pago a los fondos buitre, el Gobierno ya avanza ante la Secuirites and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, el ente regulador del mercado de capitales en ese país, con los trámites formales para la emisión de bonos por u$ 12.000 millones, una de las mayores emisiones de deuda en la historia de las economías emergentes. Tanto los abogados del país como de los bancos involucrados en la operación iniciaron las gestiones ante el organismo, pero, pese al enorme volumen de la colocación, el universo de inversores que podrán participar será restringido: esta vez, los plomeros y carpinteros norteamericanos o los jubilados italianos, alemanes y japoneses, que tanto dolor de cabeza trajeron en 2005 a los entonces negociadores de la deuda, Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen, no podrán ser de la partida. Esto porque el equipo económico apelará, por primera vez desde que la Argentina emite deuda en los mercados internacionales, a una vía rápida de autorización que impide la colocación de estos títulos entre inversores minoristas, pero que permite ahorrar tiempo en burocracia regulatoria. Esta modalidad fast track, denominada “Regla 144A” de la SEC también prohíbe la posterior venta en el mercado secundario de esos bonos a los ahorristas minoristas. El Gobierno logrará tener los papeles en regla para colocar deuda en el mercado global en tiempo récord (menos de un mes), a costa de restarles atractivo y liquidez a los futuros títulos. “Es la única alternativa disponible para llegar a tiempo con el pago a los holdouts el próximo 14 de abril. No es fácil emitir más de u$s 10.000 millones en una tarde”, explicaron fuentes involucradas en la operación. La “Regla 144A” permite que los títulos no se registren en la SEC, lo cual estiraría los plazos, pero establece claramente quiénes podrán adquirirlos y operar con ellos (y quiénes no). La operatoria queda restringida a los denominados QIB (Qualified Institutional Buyers), siglas en inglés que alude a los inversores institucionales con carteras superiores a los u$s 100 millones y brokers registrados que operen regularmente al menos u$s 10 millones. Si bien es la primera vez en la historia de las emisiones de deuda soberana argentina que se recurrirá a esta modalidad, el abogado Marcelo Etchebarne aseguró que “todas las provincias, incluso la de Buenos Aires la semana pasada, emiten bajo esta regla” y explicó que se trata de un tecnicismo que no tendrá mayores implicancias. “De hecho, los contratos podrían incluir la posibilidad de que los inversores le reclamen al Gobierno la registración futura de esos títulos para garantizarse liquidez”, explicó.
