El Indice de Precios al Consumidor (IPC) nacional fue puesto en duda por los ex técnicos del Indec, al menos antes del 29 de septiembre, en los plazos a los que Economía debe darle respuesta al Fondo Monetario Internacional sobre las estadísticas.
En diálogo con PERFIL, la ex directora del IPC del Indec, Graciela Bevacqua, dudó sobre “cómo van a hacer para que esté listo para septiembre” el nuevo índice. “Lleva al menos un año y medio procesar un trabajo de campo de un año, y los técnicos idóneos están desplazados”. Para cumplir con el Fondo, se habría hecho un relevamiento de sólo cuatro meses.
“Pasaron seis años de intervención y van a pasar al menos cuatro años más para que se normalice”, evaluó Bevacqua, con la mente en un nuevo instituto estadístico autárquico, transparente e independiente del poder político.
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Marcela Almeida, ex coordinadora del IPC nacional, estimó que el nuevo índice podría ser un intento de que dejen de publicarse los pocos índices provinciales que se mantienen y no coinciden con la medición del Indec, como Santa Fe, San Luis o Tierra del Fuego.
“Mientras tanto, buscan público que haga de claque, para eso invitaron a las universidades a una jornada para legitimar al nuevo índice”. El Gobierno buscó el aval de las casas de estudio en 2010, con el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES), formado por las universidades de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Tres de Febrero y Tucumán, que advirtieron sobre los cambios de canastas de productos y la inclusión de precios acordados en la medición. Como el informe fue crítico, se cajoneó.
Bevacqua y Almeida participaron de uno organizado por Libres del Sur, la Coalición Cívica-ARI y la UCR, donde también se analizó el congelamiento de precios. “No hay una lista concreta y así no se sabe si se cumple el congelamiento”, ponderó la ex titular del IPC, que dijo que se encontraron faltantes que se disimulan con una reducción del espacio en góndola, en especial de aceite, azúcar, yerba y lavandina. “Encontramos diferencias muy fuertes entre negocios pequeños en el conurbano y faltantes en supermercados. Hay productos que desaparecen y otros que cambian de gramaje”, agregó. En indumentaria, con el cambio de temporada, hubo subas de hasta el 35%.
Para el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, el congelamiento afecta sólo a la comercialización y los acuerdos son insuficientes. La reciente suba de combustibles “aumenta la estructura de costos de todos los productos, incluyendo la canasta de alimentos”, agregó.
