La búsqueda de financiamiento, la urgencia por acelerar las obras de infraestructura y el objetivo de cumplir con la meta fiscal del próximo año, llevaron esta semana a los principales funcionarios del Gobierno a defender ante empresarios convocados en AEA (Asociación Empresaria Argentina) el esquema de Participación Público Privada (PPP).
En palabras oficiales, se trata de la nueva opción cuyas licitaciones saldrán pronto, en el último trimestre del año. Su marco regulatorio busca hacer atractivo para una empresa privada participar en obras de infraestructura, asumiendo riesgo y obteniendo financiamiento privado. “Eso nos libera una mayor capacidad de hacer obras de infraestructura que hoy en este contexto de restricciones presupuestarias no podríamos llevar a cabo hasta dentro de unos años”, explicó José Luis Morea, titular de la Unidad de PPP.
Hay cincuenta proyectos, por un total de US$ 20 mil millones de inversión y se calculan en 5 mil a 6 mil millones de dólares por año durante la construcción. Estiman que representará el 1% del PBI, que es el doble de lo registrado en países de la región cuando arrancaron su proceso de PPP.
Esto no le gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Reglas. La clave, afirma Morea, es que el Estado genere la competencia y las condiciones para que las firmas estén interesadas en proyectos de largo plazo, no sólo para la construcción, sino también su operación y mantenimiento. Y a lo largo de los 50 años de vida útil de una represa, quedan delimitadas las obligaciones del sector público y privado.
Entre los puntos centrales de marco PPP, funcionarios destacan: el riesgo que asume el Estado es mitigado por la participación privada que busca su propio financiamiento privado. Debe ser rentable para las empresas pero no significa que el Estado garantiza ese beneficio. El marco legal en todos los proyectos en el país deben tener procesos estandarizados. La relación contractual se mantiene entre sector público y privado a lo largo de la vida útil del proyecto. Se estima una tasa de financiamiento de privados del 8 al 9% anual.
Para los empresarios, unos de los principales desafíos es que no se cambien las reglas a largo plazo y que exista posibilidad de rescindir el contrato por incumplimiento del Estado. También tarifas que puedan ser indexadas en dólares y dirimir conflictos en el exterior.
Las condiciones para que un proyecto pueda realizarse en el marco PPP, no depende tanto del monto de la obra sino de las condiciones de acceso al financiamiento y la posibilidad de que queden alineados los intereses de todas las partes. Así por ejemplo, llevar un tren desde Mendoza a Chile, como es el interés de Corporación América de Eduardo Eurnekian, tiene otras complejidades por el acceso a las tierras y tratarse de dos países. Paolo Rocca de Techint, en tanto, también analiza sumarse con grandes obras que podrán o no quedar enmarcadas en este esquema, según pudo saber PERFIL.
Aldo Roggio, un histórico contratista del Estado remarcó en AEA: “El PPP es un plan importante porque hay que asegurar la viabilidad fiscal”. Por el momento, los funcionarios buscan seducir a los grandes desarrolladores como Eduardo Costantini, sobre quien el presidente del Banco de la Nación, Javier González Fraga contó esperanzado, una infidencia: el referente de los barrios privados podría reconvertirse hacia la vivienda social si las condiciones legales resultan propicias.
Casos. Para tranquilizar a los empresarios, las altas esferas recuerdan que los programas PPP están muy extendidos pero acá no se conocen “por la parálisis de la obra pública”. Se utiliza en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile, Colombia, Uruguay.
Dada la gran extensión del territorio y la diversidad de obras que se necesitan, se crearán unidades PPP en las provincias que se adhieran a la ley marco general para crear sus propios proyectos, con recursos de las administraciones del interior. En el Gobierno consideran que tendrá un efecto disciplinador en las finanzas públicas porque los gobernadores se están comprometiendo a realizar ciertos pagos por esa obra.
Electricidad, hospitales y cárceles
Entre los primeros proyectos que serán licitados habrá líneas de transmisión eléctricas, algunas son de 10 mil km. Una saldrá de Mendoza y llegará a Buenos Aires, la primera etapa será desde Río Diamante hasta Charlone, confluencia de cuatro provincias, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé. Otras seis o siete líneas que van a ser licitadas en conjunto en provincias del Norte, Litoral, desde Buenos Aires hacia la Patagonia. Habrá seis hospitales bonaerenses y uno en Neuquén, se comenzará por Mar del Plata. En vivienda los predios ya identificados están en La Plata, Merlo, Río Grande, Bahía Blanca, Concordia, Posadas, Tapiales y Zárate. Se suman cárceles, escuelas y autopistas.
