La convocatoria, que será extensiva a terminales, importadores, concesionarios y autopartistas, comprenderá una serie de reuniones que comenzarían esta semana en la cartera de Industria, y paralelamente –o de manera conjunta– con el ministro de Economía, Axel Kicillof, y funcionarios de la Secretaría de Comercio. El Gobierno les reclamará a los fabricantes por las subas de los precios de los modelos no alcanzados por el impuesto.
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Es que luego del estupor que a muchos les causó el “reto” presidencial en la apertura de sesiones del Congreso, los empresarios tendrán que explicar por qué remarcaron sus listas de precios en proporciones altas. Los precios de los modelos más baratos crecieron más tras la devaluación que entre marzo y diciembre del año pasado.
La mayoría de las terminales ajustó valores prácticamente en toda su gama de productos, no solamente de aquellos que quedaron alcanzados por las escalas del gravamen que afecta a las unidades de más $170 mil antes de impuestos, sino también por efecto de la devaluación del peso a fines de enero y el “blanqueo” oficial de la inflación.
La sospecha que sobrevuela en despachos oficiales es que la estrategia de las marcas haya apuntado a “colgar” los modelos de gamas bajas del aumento que operó sobre los de alta, compensando así la caída en ventas de los segmentos más caros y rentables.
Hasta ayer no había acuse de recibo desde la Asociación de Fábricas de Autos ni confirmación de fecha para la primera reunión.
Varias fuentes coincidieron en señalar que el eje central del pedido que llevarían será el aumento de la base imponible del impuesto, ante el riesgo de que varios modelos de producción local (o regional) queden alcanzados por él.
Las terminales cerrarán filas sobre el tema sobre la base de dos líneas argumentales: el aumento de las alícuotas de impuestos internos afectó a los modelos de gama mediana a alta. A esto se le sumó la devaluación encareciendo partes y unidades importadas. La suba de costos por la inflación explicará las alzas de modelos fabricados localmente.
Las fuentes se mostraron esperanzadas por tener “la oportunidad” de poner sobre la mesa sus argumentos y “analizar la situación”, que incluye la caída en las ventas a Brasil, principal destino de las exportaciones.
En febrero hubo una fuerte baja tanto en los patentamientos como en las ventas a concesionarios.
Los importadores aseguran que las condiciones hacen al negocio prácticamente inviable: “El impacto real del impuesto es de 42,8% y 100% sobre los precios con una tasa efectiva del 900%, lo que se ve reflejado en los precios al público en tasas del 80% o 90% en dólares”, se quejaba uno de los principales socios de la Cámara de Importadores de Autos (Cidoa).
