A continuación, un resumen de algunas:
◆ Aranguren: “Sólo el 60% de los hogares argentinos tienen acceso a la red de gas natural. El resto consume combustibles más caros”.
VERDADERO
El ministro de Energía de la Nación fue el primero en disertar. Efectivamente, los datos del último censo nacional de 2010 muestran que ese año un 51% de las personas tenía gas de red, y el número de usuarios aumentó en los últimos seis años por encima del aumento de población proyectado por el Indec.
“Las personas que no poseen gas de red son las de menor poder adquisitivo”, señaló a Chequeado Raúl Bertero, presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare). Eso sucede pese a que, en línea con los dichos de Aranguren, las fuentes alternativas (electricidad, gas licuado y kerosene) son varias veces más caras, como registran los datos recopilados por la empresa Metrogas para junio de 2015.
◆ Aranguren: “Los argentinos consumimos 60% más que nuestros vecinos”.
VERDADERO
Según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), la Argentina es el país de Sudamérica con mayor consumo de gas residencial per cápita con una enorme diferencia sobre el resto de los países, que es muy superior al 60% mencionado por Aranguren.
Si se toma el consumo de energía en general, según datos oficiales de los tres países de 2014, en la Argentina es un 65% superior al de Uruguay y en un 59% superior al de Chile, algunos de nuestros países limítrofes.
◆ Alejandro Nicola: “La Argentina tiene recursos de gas no convencional que la ubica segunda en el ranking mundial después de China”.
VERDADERO
El dato expresado por el ministro de Energía de la provincia de Neuquén coincide con los resultados del estudio de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) que muestra que la Argentina cuenta con 802 trillones de m3 de recursos “técnicamente recuperables” de shale gas (es decir, gas no convencional) y se posiciona como el segundo país del mundo, detrás de China.
Una versión anterior del documento admitía que la explotación de este tipo de recursos dependía de la tecnología, es decir, de la capacidad del país para transformar los recursos no convencionales en reservas de producción.
◆ Alejandro Amor: “Hay que defender a las pymes, que dan el 70% del trabajo”.
VERDADERO
En línea con lo planteado por el defensor del pueblo porteño y ex legislador por el Frente para la Victoria, el Ministerio de Producción de la Nación calcula que “el 98% de las empresas en la Argentina son pymes” y “generan el 70% del empleo privado formal”, más de 4,2 millones de personas. El porcentaje incluye un 20,7% de empleados en microempresas, 22,5% en pequeñas y 22,4% en medianas compañías.
El dato se vuelve relevante ya que el freno al aumento de las tarifas determinado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo incluye a los usuarios residenciales y no a los comerciales.
◆ Polino: “Los aumentos de los trabajadores no se produjeron en la misma proporción (que el aumento promedio de 203%)”.
VERDADERO
En la apertura de la audiencia pública, Aranguren sostuvo que “el consumidor residencial va a pagar (...) un aumento promedio del 203%”. Las categorías que menos consumen tendrán un aumento del 237%, mientras que las de mayor consumo tendrán un aumento del 122%.
En cuanto a los aumentos salariales, un relevamiento de Chequeado muestra que los principales sindicatos acordaron este año aumentos de entre 20%, como los empleados de Comercio, y 40%, como el gremio docente Ctera y los aceiteros. Incluso tomando los mejores aumentos acordados, el incremento promedio de las tarifas es aproximadamente cinco veces mayor.
* Informe: Matías Di Santi, Ariel Riera, Manuel Tarricone, Lucía Martínez, Julieta Bertolini y Santiago Chinni.
Así es la metodología
Chequeado es el principal proyecto de la fundación La Voz Pública. Es un medio digital no partidario y sin fines de lucro que se dedica a la verificación del discurso público y la promoción del acceso a la información y la apertura de datos.
En el marco de sus objetivos, chequea los dichos de políticos, economistas, empresarios, personas públicas, medios de comunicación y otras instituciones formadoras de opinión, y los clasifica de “verdadero” a “falso” según su consistencia con los hechos y datos a los que se refieren.
