Preocupado por el costo político que acarrearía perder de un plumazo más de 10 mil fuentes de trabajo –por caso, el equivalente al 40% de los desocupados en toda Mendoza, según la Encuesta Pública de Hogares (EPH) del Indec del cuarto trimestre de 2012–, el Gobierno repitió ayer que “la continuidad de los puestos laborales está garantizada”.
Según Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (Casemmza), sólo en esa provincia Vale contrató a 4.500 trabajadores directos y casi 7 mil indirectos. En tanto que en Bahía Blanca, la Uocra cuantificó más de 1.200 trabajadores involucrados en el proyecto. Y en Neuquén se suman otros 2 mil operarios. “Vale y sus contratistas deberán seguir pagando el sueldo de sus empleados”, enfatizó Tomada.
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Sin embargo, ningún funcionario nacional se refirió a una eventual revocación de la concesión minera de Vale. En la reunión del miércoles en Trabajo, el intendente de Bahía Blanca, Gustavo Bevilaqua, advirtió a Sergio Leite, presidente de Vale, que podría quitarle la superficie de Ingeniero White, donde la empresa brasileña estaba construyendo un puerto. Pero en la conferencia de ayer, las autoridades evitaron cualquier definición. El gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, apeló a una frase popularizada por un reconocido director técnico para esquivar el tema: “Hay que ir paso a paso. No se puede hablar de expropiación ni de un redireccionamiento de inversiones (encontrar un socio que reemplace a la brasileña) hasta tanto no se resuelva la situación jurídica con Vale”, apuntó.
Aun así, según pudo saber este diario, en Planificación ya empezaron a estudiar alternativas legales para justificar la expropiación de los activos de la brasileña en Malargüe, en el sur mendocino. En la Secretaría de Minería, que dirige Jorge Mayoral, consideran que el desarrollo de los acontecimientos ofrece elementos probatorios para ajustar a derecho la intervención del Estado por “abandono de proyecto”, tal como marca el artículo 226 del Código de Minería. Ese apartado sostiene que “es denunciable una concesión aunque haya pasado a terceros, por abandono, cuando los dueños por un acto directo y espontáneo manifiestan a la autoridad la resolución de no continuar los trabajos”.
Eso mismo hizo Vale, desde la óptica de los técnicos de Minería, a través de una nota enviada esta semana al ministro de Planificación. En la misiva, la empresa –controlada por un holding de los Países Bajos y con participación accionaria del 20% del Estado brasileño– da cuenta de la “suspensión” de la iniciativa por el alza de los costos de inversión, que afectó “significativamente la competitividad y el atractivo del proyecto para los accionistas”. Los funcionarios del área aseguran que en el contexto actual, con la megaobra ya lanzada, esa decisión puede ser interpretada bajo la figura de “abandono” que establece el Código de Minería.
