En el Gobierno aseguran que los proyectos de Participación Público Privada (PPP) cambiarán la forma en que se relaciona el Estado con los privados, y están convencidos de que, en cierta forma y como en otras políticas de Cambiemos, se trata de un “cambio cultural”. Creen que a algunas empresas les llevará poco tiempo optar por un esquema que hasta el momento no existía en el país y remarcan que el mayor tiempo dedicado a la planificación permitirá que todo se acelere en 2018. PERFIL entrevistó a Pablo Quirno, jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas de la Nación; y José Luis Morea, titular de la Unidad de PPP del mismo ministerio, cerebros detrás de esta metodología que impulsan en la región organismos internacionales.. —¿Cómo se genera la competencia que se necesita para un proyecto de PPP cuando sabemos que los actores privados tienen un enorme grado de concentración? QUIRNO: Hay que crear un marco regulatorio amplio, vemos que hay una necesidad de que se generen asociaciones entre empresas de gran tamaño con las locales. Me refiero a empresas de la región pero también de internacionales, de Europa, asiáticas, entre otras. Y las oportunidades que está dando la Argentina son grandes con un marco legal estable. La regulación es la que tiene que generar atractivo, y sabemos que hay mucho interés en la Argentina. —Días atrás dijo: “El Estado debe apuntalar estos proyectos y después debe retirarse”. ¿No cree que así vamos hacia un Estado que se corre y da muchísimas concesiones a los privados? Q: La intención de esa frase, por ejemplo en el sector energético, es que todavía estamos destrabando todo el proceso de desinversión y de subsidios. Se necesita el apuntalamiento del sector público, pero naturalmente es el sector privado el que tiene que invertir. Con “retirarse” me refiero a que en Renovar 1 y Renovar 1,5, dimos garantía del Banco Mundial opcional por US$ 480 millones. En Renovar 2 damos US$ 250 millones, en Renovar 3, no la vamos a dar. No es un Estado que se retira, sino que al ser más confiable la relación pasa a ser entre pares, en lugar de que le pidan al Estado ciertas condiciones. Morea: Tenemos que asegurar condiciones que representen un riesgo que el privado no puede asumir. Dejamos de ser el financista para que el privado pueda, además de operar, financiarse, que es quien toma la deuda a su propio riesgo. Se mantiene una relación contractual que define derechos y obligaciones del Estado durante toda la extensión del contrato. —¿Los conflictos se van a dirimir en tribunales internacionales? Q: Los tribunales internacionales son una opción, dependiendo de la naturaleza del problema hay diferentes instancias y ésa es una de las posibilidades. En ese marco legal, vamos a saber “qué pasa si”. A diferencia de la ley de concesiones que no lo permitía, en PPP se puede hacer un pago por cancelación de contrato. M: Hay condiciones de rescisión que obligan al Estado. Entonces ya no habrá discusiones en el CIADI durante 15 años, y ésa es otra certeza del marco regulatorio. Además, hay un fino balance entre la generación de la marca PPP Argentina y la flexibilidad que da la ley de delimitar más o menos riesgos dependiendo del proyecto para asegurar la competencia. —¿Creen viable que los grandes desarrolladores como Eduardo Costantini se reconviertan a la vivienda social? Q: Es absolutamente posible que un desarrollador grande se involucre, porque su proyecto tiene una incidencia de costos de construcción que es en dólares y no lo financiaron porque son los ahorros en dólares de quienes luego viven en esos desarrollos, como es el caso de Nordelta. M: En cambio, quienes necesitan una vivienda social no tienen dólares, tienen un ingreso y entonces el retorno para un desarrollador es lo que se pague mensualmente y la suma de las cuotas va a ser un mejor negocio para los desarrolladores. Las obras son de carácter federal y las licitaciones de vivienda van a salir en el último trimestre del año.
