El acuerdo con el FMI, aún pendiente de aprobación por parte del Directorio, refleja una decisión firme del gobierno nacional de avanzar en la solución concreta del
principal problema económico de Argentina, el déficit fiscal. Con la eliminación del déficit fiscal bajará la inflación y consecuentemente se achicarán todas las distorsiones
generadas por este fenómeno.
En efecto, se establecieron niveles de déficit primario inferiores a los previstos originalmente para los años 2019, 2020 y 2021. Del 2,7% del PIB previstos para este año, el camino descendente será 1,3%, 0% y superávit del 0,5% del PIB en 2021. Lo relevante de esta baja del déficit es que estará sostenida en una baja del peso del gasto público, manteniéndose invariable la senda decreciente de presión tributaria derivada de la ley de reforma tributaria vigente. Es clave saber que la ley de responsabilidad fiscal recientemente sancionada por el Congreso garantiza, en caso de cumplirse, una baja gradual del peso del gasto público en la economía, concretamente del ratio Gasto público/PIB. Esto implica que en el 2019 el esfuerzo extra que el gobierno nacional plantea es de 0,7% del PIB, ya que el sendero de la responsabilidad fiscal llevaba al 2% del PIB.
Las fuentes para la reducción del gasto en esa magnitud son básicamente cuatro: subsidios a la energía con 0,8% del PIB, subsidios al transporte con 0,7% del PIB,
Transferencias corrientes a provincias con 0,8% del PIB y gasto de capital con 1,5% del PIB (incluye las transferencia a provincias para obra pública). Si se suman estos
componentes del gasto primario, se obtiene un total de 3,8% del PIB. La baja extra de responsabilidad fiscal que hay que hacer del 0,7% del PIB equivale al 18,5% del total de estos cuatro gastos. Es decir que si bien es un esfuerzo extra que debe hacer la sociedad, si se lo hace con un objetivo de equidad transparente, es factible. El
Congreso Nacional debería poder encontrar el consenso necesario para validar esta reducción adicional en el marco de la sanción de la ley de presupuesto 2019, proyecto que ingresará para su discusión el día 15 de setiembre. Para 2020 el esfuerzo adicional al de la responsabilidad fiscal no sería muy distinto al del año 2019, lo que brinda la posibilidad de darle sostenibilidad al cumplimiento de la meta de equilibrio primario. Resulta interesante el hecho que ante la necesidad de un aumento de gasto social, se establecen un margen de 0,2% del PIB en el cumplimiento de la meta. Si fuera necesario aumentar más que ese porcentaje el gasto social, el gobierno deberá reducir otros gastos en la magnitud correspondiente. Esto brinda flexibilidad en el cumplimiento.
El complemento esencial de la reducción del déficit es la eliminación de su monetización, práctica arraigada en Argentina. A partir de ahora el BCRA dejará de
transferir de manera directa pesos al Tesoro. En el año 2017, último año completo, el BCRA otorgó Adelantos transitorios al Tesoro por $90.000 millones y transfirió
utilidades por $60.000 millones.
Pero en los últimos 2 años el BCRA compró los dólares del endeudamiento al Tesoro, generando de esa manera emisión monetaria, que para amortiguar en parte la presión inflacionaria esterilizó a través de una creciente y abultada colocación de Lebacs. A partir de ahora el BCRA no tiene compromiso de comprar los dólares que el Tesoro tome de deuda, lo que quitará una fuente de emisión monetaria relevante, que a su vez llevaba a la generación de más deuda del BCRA con el consecuente costo
financiero.
En 2017, el BCRA emitió $271.700 millones por compra neta de divisas al Tesoro. Sumando los tres factores, el BCRA emitió $421.700 millones, una cifra superior al 40%
de la base monetaria. Para evitar una tasa de inflación elevada, el BCRA colocó Lebacs por $225.000 millones. La inflación igual terminó siendo del 24,8%, pero podría haber sido cercana al 40%.
* Director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF)
