El número de esta elección es el 27.504, el de la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos que se aprobó en mayo y entra en vigencia ya en esta campaña. El fin del aporte en efectivo, la posibilidad de que las empresas queden habilitadas a aportar, pero los sindicatos no y un mayor número de auditores, son las principales novedades de una normativa que genera mejoras, “pero tiene deudas pendientes”, según la mirada de Carolina Tchintian, que monitorea cómo se sustentará esta campaña desde su puesto de directora de Instituciones Políticas en el Centro de Implementación de Políticas Públicas (Cippec). Dialogó con PERFIL de cara a las PASO.
—Acá se habilitó el aporte de compañías, pero en Brasil se eliminó tras el Lava Jato. ¿Es un paso positivo?
—Siempre hay modificaciones porque la relación entre dinero y política es compleja y las regulaciones están buscando el equilibrio permanentemente. Siempre después de un escándalo hay un avance o retroceso con algunas reglas. En Brasil hubo un escándalo con el foco de las empresas financiando la relación con la política, entonces se avanza a un régimen que inhibe a las empresas para financiar. Cuando uno analiza la evidencia internacional en relación al tema, tiene algún correlato con algún hito sobre esa situación anterior.
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—¿El estándar internacional es que las empresas puedan aportar?
—Nosotros tenemos un regimen de financiamiento mixto. Los partidos y las campañas se financian en parte con subsidios públicos y en parte con financiamiento privado. Hasta 2017 lo que era financiamiento privado era solo de parte de individuos, a partir de ahora se agregan las empresas. El estándar internacional es el régimen mixto. Pero a diferencia de lo que pasó acá donde se habilitó a las empresas y no a los sindicatos, en general cuando se habilita a las empresas, se habilita a los sindicatos.
—¿Asocia los cambios en la Argentina al escándalo de los aportantes truchos de la campaña de Vidal en 2017?
—El régimen de financiamiento de la política en la Argentina necesitaba una revisión más allá de lo que pasó con los aportantes truchos. Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires más lo que pasó con los cuadernos, fueron dos hechos que aceleraron el proceso de la reforma, y contribuyeron ambas cuestiones a avanzar y tratar de mejorar la transparencia en el proceso de financiamiento.
—¿Qué materias pendientes tiene la nueva legislación?
—La reforma deja el depósito bancario como medio de pago válido. El depósito es menos transable que la tarjeta de crédito o transferencia por plataforma electrónica, o sea que ahí hay una deuda con la modalidad de pago. El cuerpo de auditores se agranda un poco, pero ahí también hay una deuda que repensar que tiene que ver con que el control sigue siendo posterior a la elección, una vez que los ganadores ya fueron proclamados. Y las sanciones, si es que se llegara a encontrar alguna inconsistencia no recaen sobre los beneficiarios de este proceso, con lo que ahí hay lugar para mejorar.
—Las empresas siempre reclamaron cambios en el financiamiento de los partidos. ¿Ve que lo estén aprovechando haciendo aportes en blanco?
—Basándome en la evidencia del portal que puso a disposición la Cámara Electoral para que declaren los aportes, las empresas son una muy mínima proporción de aportantes que están declarando en relación a los individuos. Hay dos alternativas: o no lo están haciendo porque no aportaron, por desinformación, porque no estoy segura cuánto se conoce sobre los cambios que implementa la ley y sobre el portal, y la existencia de posibilidades de declarar aportes, o porque esta reforma no esté transparentando como se creía que iba a hacer antes de su sanción.
