En la última década, la Argentina se vio beneficiada con un contexto internacional favorable, principalmente por el impulso de China a la demanda de commodities. Esto le permitió mantener tasas de crecimiento superiores al promedio histórico beneficiando también a las industrias cuyas exportaciones se concentran en la región. Hoy las condiciones han cambiado: el mercado de commodities se encuentra sobreofertado, la demanda regional está deprimida por la crisis en Brasil y la apreciación del dólar reduce la competitividad del país.
Si bien no se trata de un escenario de crisis, lo cierto es que el mercado mundial difícilmente impulse la actividad económica. El gobierno que asuma a fin de año ya no gozará del “viento de cola” internacional y, por el contrario, enfrentará el desafío de corregir los desequilibrios acumulados durante los últimos años e impulsar el crecimiento en un contexto en el que incluso los sectores más competitivos enfrentan problemas de rentabilidad, producto de una política que no se adaptó al cambio de contexto.
El caso emblemático es el de la cadena agroalimentaria, el sector de mayor ventaja comparativa del país. El aumento de la oferta global llevó a que los precios de los principales productos de exportación se derrumbaran en los últimos meses: la cotización internacional de la soja cayó 32% desde mayo de 2014, el maíz acumula una baja del 38% en dos años y la leche en polvo perdió más de la mitad de su valor. Ante esta situación, el Gobierno respondió con una serie de subsidios para pequeños productores, lo que no logró modificar la situación y afectó la rentabilidad de los productores.
Pero no sólo las commodities agropecuarias muestran una tendencia a la baja. Lo mismo se observa en la cotización internacional de los minerales y el crudo, lo que compromete la llegada de financiamiento en dos de los sectores de mayor potencial para el país. Esto provoca la postergación de numerosos proyectos mineros y un mayor riesgo para las inversiones en Vaca Muerta. En ambos casos, el potencial de Argentina resulta innegable debido a las excelentes condiciones geológicas de los yacimientos, pero se necesita un marco regulatorio competitivo. El esquema de precios máximos fijados para la producción de hidrocarburos y la estructura tributaria regresiva de la minería son algunas de las cuestiones a revisar en pos de impulsar el desarrollo de estas actividades.
La situación internacional también impacta en la actividad industrial, especialmente en los sectores que concentran sus exportaciones en Brasil. La debilidad de ese mercado es el principal problema que enfrenta el segmento automotor, cuya producción acumularía una merma superior al 30% entre 2014 y 2015. Es cierto que la demanda local podría compensar parcialmente esta caída si no fuera por las dificultades que tienen las terminales para acceder a las divisas necesarias para la importación, otro ejemplo en el que las dificultades de la coyuntura global son exacerbadas por la política económica.
La realidad es que la coyuntura acentúa la necesidad de generar un cambio en la política económica. El próximo gobierno no contará con soluciones externas. El primer desafío es ordenar la coyuntura macroeconómica. Las dificultades para acceder a divisas y girar dividendos se encuentran entre los principales factores que desalientan la inversión. En segundo lugar, será necesario revisar la política tributaria, que en muchos casos fue pensada para un marco de precios internacionales elevados y actualmente representa una presión difícil de soportar para los productores.
En un mundo en que la mayoría de los países deprecian sus monedas contra el dólar, Argentina va en sentido contrario, tendencia que sin dudas deberá corregirse en 2016. A su vez, deberán tomarse medidas para incrementar la competitividad en forma genuina. El primer paso es incentivar la inversión, tanto en los sectores productivos como en infraestructura, para incrementar la productividad. El país tiene un gran potencial de crecimiento gracias a sus recursos, por lo que se descuenta que los capitales llegarán si se determinan reglas de juego claras, un marco regulatorio competitivo y un mayor acceso al financiamiento.
