La nueva etapa del programa oficial “Precios Cuidados” vendrá con aumentos del 2,8%, una “desaceleración” frente a los anteriores que el ministro de Economía, Axel Kicillof, se encargó de remarcar y encomendar para que los “precios libres” tengan en cuenta la tendencia a crecer cada vez menos. La brecha entre los precios acordados con los supermercados y los que fluctúan sin restricciones, en tanto, siguió en ascenso y, según los productos, puede llegar a duplicarse. “Es un orgullo saber que seis de cada diez consumidores buscan ‘Precios Cuidados’”, dijo Kicillof ayer en la presentación de la nueva etata que irá hasta el 7 de julio y que suma 28 productos a la canasta, que ahora será de 476 artículos. Según una comparación entre la lista de “Precios Cuidados” en la Ciudad y el relevamiento de Precios quincenal de Consumidores Libres, la asociación de defensa al consumidor que dirige Héctor Polino, un paquete de primera marca de fideos de 500 g cuesta casi el doble sin los precios oficiales.
En el programa a cargo del secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, un paquete de harina 0000 se consigue por $ 8,90 mientras que el precio “desregulado” llega a $ 15 según Consumidores libres, una brecha del 68,5%. El octubre del año pasado, un relevamiento del Indice Barrial de Precios del Isepci publicado por PERFIL daba cuenta de una diferencia del 42% entre un kilo de harina de “Precios Cuidados” y el mismo producto o uno similar en un local de barrio. Esa brecha se amplió, en seis meses, en más de 25 puntos. El kilo de queso Por Salut bajo “Precios Cuidados” llega a $ 80, pero la marca “liberada” lo vende a $ 119 en un supermercado de La Boca, un 77% por arriba. Los ejemplos siguen, con diferencias menores: para un pan de 200 g de manteca la brecha es de 26%; del 32% en un kilo de yerba y del 35% para un paquete de arroz. Costa destacó que el programa se cumple en un 80%. Kicillof, en tanto, siguió en campaña: estimó que la oposición no mantendrá el programa si llega al Gobierno.
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La falta de datos sobre la pobreza se sigue justificando por las dificultades para medirla, según el ministro de Economía, Axel Kicillof. Ayer aseguró que los datos oficiales –que el Indec dejó de publicar hace más de un año– se debe a que “todavía no se terminó de hacer el empalme estadístico” por los cambios del índice de precios al consumidor. El indicador de pobreza e indigencia surge de la medición de las canastas básicas alimentaria y total, que incluyen productos medidos para la inflación. Pero el Gobierno dejó de difundir incluso el dato del segundo semestre de 2013, que no tenía problemas de empalme estadístico porque el Indec midió todo el año con el viejo IPC. Las estadísticas están siendo analizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se espera que el próximo miércoles 15, la titular del organismo, Christine Lagarde, eleve el informe sobre el índice de precios y PBI. El FMI realizará su asamblea “de otoño” el próximo viernes 17, en Washington, junto con el Banco Mundial, donde el directorio podría evaluar el caso argentino y desactivar la “moción de censura” si estima que el Gobierno mejoró las estadísticas.
