El 2018 quedará en la historia como el año de mayor circulación de empresarios por Comodoro Py. Y no cualquier empresario: los popes de las principales empresas de la industria y la construcción.
Pero de la treintena de empresarios que circularon por tribunales este año, solo cuatro del sector privado están detenidos. Uno de ellos, Juan Carlos Lascurain, de Fainser y ex presidente de la UIA, con prisión domiciliaria.
El rionegrino Raúl Vertúa, Gerardo Ferreyra de Electroingeniería (que no pidió ser arrepentido) y Carlos Mundin de BTU siguen detenidos. A ellos se suman dos titulares de empresas públicas: Walter Faygas, de Enarsa, y Oscar Alfredo Thomas, del Ente Binacional Yacyretá.
Semanas atrás, un directivo de Techint, una de las firmas involucradas, vaticinaba que por los errores en la Justicia la causa podría quedar en la nada. El presidente de la multinacional argentina con base en Luxemburgo, Paolo Rocca, reapareció en Buenos Aires esta semana y desterró las versiones de que se quedaría en el exterior y solo volvería cuando se lo requiriese la Justicia.
En la Rural, acompañado por Dante Sica, el ministro de Producción, en el escenario Rocca señaló que la economía había tocado fondo y empezaba la recuperación, y consideró que el Gobierno debería evitar que se atrase el tipo de cambio en un año electoral. No hubo referencias a los “cuadernos” de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, de Planificación.
En el Gobierno admiten que las constructoras son las más complicadas por la causa de los cuadernos.
Por las investigaciones, las empresas también acusaron golpes en la cotización de sus acciones e incluso se abre la posibilidad de demandas en el exterior. “Lo de Argentina es un proceso sistémico y es único en el mundo que se detecte algo así, mientras que Odebrecht era un caso puntual”, recapitula un funcionario sobre desfile de empresarios por los tribunales de Retiro. “El responsable principal es el Estado pero también los empresarios”, agrega.
Como consecuencia de las denuncias, también se encareció el crédito para el sector –desde mucho antes de la escalada del riesgo país– y las empresas se vieron obligadas a llevar adelante cambios de accionistas y auditorías. Las constructoras de Aldo Roggio y Juan Chediack son algunas de las que vieron cómo sus directivos daban un paso al costado. También Armando Loson de Albanesi renunció a la dirección de la empresa.
No por los cuadernos, sino implicado desde antes por la causa Ciccone, Jorge Brito dio un paso al costado en el Banco Macro hace tiempo. La semana pasada el juez Ariel Lijo lo procesó junto al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.
Aldo Roggio, implicado también en la causa Odebrecht, ahora se refugia en Córdoba y en su entorno señalan que está deprimido, aunque no todas son malas noticias: el Gobierno porteño le extendió la concesión del subte hasta fin de 2019.
En algunos círculos, como el de IDEA, repiten que “si lo que se necesita es que un gran empresario vaya preso, entonces adelante”. Sin embargo, marcan que la Justicia es la que define y destacan que una indagatoria no es una condena. El ejemplo que ponen es la única falta de mérito dictada hasta el momento: la de Marcelo Mindlin, del Grupo Pampa, por la compra de Iecsa a Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri.
La familia Macri. El entorno presidencial no quedó exento y hacia final de año, la Justicia también avanzó en la citación a su padre, Franco, y su hermano, Gianfranco, en una causa derivada por el pago de sobornos en Socma.
En el Ejecutivo sostienen que se avanzó en “licitaciones transparentes” y remarcan la decisión de separar a las personas de las empresas para evitar el impacto en la actividad y el empleo de la causa judicial. “Hay una renovación generacional”, sostienen los más optimistas como resultado del devenir de los cuadernos. Y ponen como ejemplo la renovación de autoridades de la Cámara de la Construcción, aunque allí el cambio fue de un constructor a un abogado –Julio Crivelli– al frente de la entidad.
El ex presidente de Camarco, Carlos Wagner, fue de los primeros en prender el ventilador e involucrar a funcionarios y otros empresarios, mientras la semana pasada, Baratta volvió a implicar a empresarios como Enrique Pescarmona, de Impsa, y Bonadio convocó a Eduardo Eurnekian para un nuevo round de declaraciones.
* Con la colaboración de Cecilia Devanna
