Argentina concentra las peores condiciones de vida en los niños. El 47,4% de los menores de 15 años en los aglomerados urbanos viven en situación de pobreza, porcentaje que casi duplica el 27,9% referido al resto de la población. Este fenómeno no es nuevo y es regional, pero los últimos datos de pobreza publicados por el Indec revelaron su magnitud.
La situación de los más chicos se verifica al medir pobreza por ingresos, pero también con mediciones que van más allá de lo monetario, como las de necesidades básicas insatisfechas (NBI): en 2010, 20,5% de los niños de 0 a 14 años vivían en hogares con NBI, frente a 9,7% de los mayores a esa edad. También se observa en mediciones realizadas por fuentes alternativas al Indec, como la medición de pobreza multidimensional de Unicef, o los informes de situación social del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Además, los datos coinciden en que la situación es aún peor para los niños en su primera infancia.
Este fenómeno, caracterizado por niveles de pobreza más elevados en la infancia, es conocido como infantilización de la pobreza, que viene profundizándose desde 2003: el porcentaje de menores de 18 años con ingreso per cápita familiar correspondiente al 40% más pobre del país aumentó de 57,2% a 58,7% entre 2003 y 2014, mientras que para los de 18 o más se redujo de 34,3% a 32,2% (según Cippec en base a EPH, cuarto trimestre). Esto representa un gran problema, no sólo porque niños y adolescentes cuentan con el derecho a un nivel de vida digno, sino también porque este período es crucial para el desarrollo de las personas. En comparación con otras etapas, lo que ocurre en la infancia y la adolescencia tiene mayores implicancias en cómo se transita el resto de la vida. Es por ello que deberíamos asegurarles las mejores condiciones posibles. Pero estamos haciendo todo lo contrario.
Existen varias razones que explican por qué en Argentina los ingresos per cápita son menores para las personas con hijos. Por un lado, tener hijos disminuye el nivel socioeconómico de la familia (los niños consumen ingresos y, en nuestro país, son las familias las que cubren la mayor parte de ese déficit). Por otro lado, los hogares con niños suelen ser los más pobres, por déficits en la educación sexual, mayor aceptación de la maternidad temprana y/o menor acceso a servicios de control reproductivo, entre otros. Así, la realidad socioeconómica y los patrones reproductivos se vinculan y generan una relación circular en la que ambos se refuerzan retroalimentándose, y sus consecuencias tienden a prolongarse en el tiempo.
Revertir la infantilización de la pobreza y su profundización constituye un desafío de alta complejidad, ya que implica romper el círculo intergeneracional atacando sus causas estructurales y arraigadas. Un innegable pilar en esta estrategia se centra en garantizar que todas las familias con niños cuenten con ingresos suficientes. En este sentido, son claves las intervenciones para promover su inserción productiva y las políticas de transferencias de ingresos monetarios.
El Estado transfiere ingresos a estas familias por tres vías: subsistema contributivo (asignaciones familiares), subsistema no contributivo (principalmente Asignación Universal por Hijo –AUH–) y deducción del impuesto a las ganancias (se trata de una transferencia tácita). Si bien se realizaron avances de cobertura y equidad que permitieron que el Estado cumpla mejor con su rol de garante de los derechos de todo argentino, como extender la cobertura a hijos de trabajadores desocupados, en la informalidad y monotributistas, es necesario revisar e introducir algunas modificaciones al actual esquema, porque sigue teniendo aspectos en los que es fragmentado e inequitativo.
Es fragmentado porque los múltiples tipos de cobertura dependen de la condición laboral de los adultos, cuando el foco debería colocarse en los derechos de los niños y adolescentes. Es inequitativo por varias razones. Por un lado, hay inconsistencias entre los sujetos cubiertos: el valor de las prestaciones no es igual y tampoco progresivo. Por ejemplo, quienes deducen de Ganancias pueden llegar a deducir $ 21.061 por año, lo cual resulta mucho mayor a lo que puede recibir una familia con AUH ($ 966 por mes). Además, es necesario aumentar la prestación a los niños de 0 a 5 años beneficiarios de AUH para reducir la infantilización de la pobreza, que afecta en mayor medida a los más pequeños. Otras cuestiones que se deben corregir son las heterogeneidades en los criterios para determinar la elegibilidad para recibir prestaciones (por ejemplo, el menor tope de ingreso para percibir la AUH), la edad de cobertura (mayor para quienes deducen Ganancias), o las corresponsabilidades exigidas (mayores en la AUH y 20% del cobro está condicionado a su cumplimiento).
Por otro lado, hay inequidad porque no todas las familias con hijos menores están cubiertas: 25,5% de los niños y adolescentes no cuenta con apoyo monetario (cifras a 2011). Todavía hay exclusiones por normativa injustas, como los hijos de autónomos, para quienes se deberían equiparar los beneficios con quienes deducen Ganancias. También sigue habiendo muchos chicos no alcanzados por las intervenciones a pesar de cumplir los requisitos normativos, y preocupa que este porcentaje sea mayor en el 20% más pobre de la población y menor en el 20% más rico (19,1% contra 0,3% en 2011 y 15,7% contra 5,9% en 2015). Resulta fundamental que se continúe la búsqueda activa por parte del Estado de quienes deberían recibir la AUH y no lo hacen.
Además de corregir estos aspectos del esquema de transferencias a las familias con niños, para revertir la infantilización de la pobreza se debería avanzar en una modificación del régimen de licencias por maternidad y paternidad (ampliando mucho más esta segunda), y crear una licencia familiar que pueda ser usada por cualquiera de los dos padres. Además de contribuir al desarrollo infantil, una medida así en términos de licencias, sumada a la concreción del plan gubernamental de extender el acceso a ofertas de cuidado y/o educación de calidad para los niños hasta 4 años, serían un gran aporte para reducir la pobreza por ingresos de los hogares con niños. Esto se debe a que estas políticas contribuyen a colectivizar los costos de la crianza y a que, al ser políticas conciliadoras de las responsabilidades laborales y familiares, ayuda a una mayor y mejor inserción laboral de las mujeres, históricamente encargadas del cuidado, lo cual repercute en los ingresos y el bienestar de las familias.
Con respecto a otras medidas prioritarias para paliar la pobreza infantil en distintas dimensiones, es fundamental fortalecer la estrategia de salud sexual y reproductiva para que la tenencia de un hijo sea realmente una elección y logremos reducir los embarazos no intencionales.
El nuevo dato de pobreza nos presenta un escenario oscuro, pero nos lo presenta con mayor claridad. En este sentido, es necesario celebrar el enorme avance que significa contar con datos oficiales confiables luego de años sin información o desinformación. Esto permitirá dejar de centrar tanto la discusión en la magnitud del fenómeno y, en vez de eso, discutir sobre cómo resolverlo. Además, la mayor disponibilidad de datos deberá aprovecharse para incrementar e incorporar de forma más sistemática el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas. Esto permitirá aumentar las políticas basadas en evidencia y así mejorar la calidad y la efectividad de las mismas.
Implementar las políticas necesarias para revertir la infantilización de la pobreza requiere una mayor inversión destinada a niños y adolescentes. No realizarla tiene costos importantes, no sólo para las familias en situación de pobreza, sino para la sociedad en su conjunto. Invertir en este grupo etario también tiene altas tasas de retorno social a futuro. Es por lo estratégico de este gasto que se debe discutir la posibilidad de crear un fondo específico destinado a financiar inversiones destinadas a los niños y adolescentes.
Garantizar los derechos de los niños e igualar las oportunidades desde el inicio de la vida requiere que dejemos de concentrar la pobreza en la infancia. Alcanzarlo es un arduo y complejo desafío, pero no por eso menos urgente. Revertir esta situación debe ser la más alta prioridad de nuestras políticas públicas.
*Directora del Programa de Protección Social de Cippec.
**Analista del Programa de Protección Social de Cippec.
25% de niños sin ayuda monetaria
Para las especialistas del Cippec, el sistema de asignaciones familiares y universal por hijo es insuficiente y no cubre todas las necesidades. ¿Por qué una familia es más pobre en la medida que tiene más hijos?
