En un mes como ha sido marzo de 2017, marcado por multitudinarias concentraciones, marchas y medidas de fuerza que expresan la protesta de los trabajadores y amplios sectores populares ante la reiterada ola de suspensiones, despidos, conflictos en la negociación de paritarias y una realidad que cada día muestra nuevos datos abrumadores de que se profundiza el empobrecimiento de los argentinos, es posible que muchos compatriotas no hayan prestado atención a dos hechos ocurridos en Buenos Aires.
El día 9, se reunieron los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y entre el 20 y el 24, se realizó una nueva ronda de conversaciones oficiales del Mercosur con la Unión Europea. Las dos reuniones tuvieron un mismo tema principal: la negociación de un acuerdo de libre comercio entre los dos bloques regionales. Es una cuestión que no sólo hace a las relaciones diplomáticas y al comercio exterior, sino que por afectar al conjunto de la economía de nuestros países tiene una importancia fundamental para los trabajadores.
Acuerdos. Sin pretender aquí un repaso detallado, hay que recordar que las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) tienen una larga historia. Cuando nuestro bloque regional tenía apenas cuatro años de su creación, firmó en 1995 un Acuerdo Marco de Cooperación con la UE, que entró en vigor en 1999 y a partir del cual se trataron y convinieron distintos aspectos de las relaciones interregionales. En ese marco, en 2004 se propuso alcanzar un “Acuerdo de Asociación” y desde 2010 se viene discutiendo un tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea. Desde ese último año e incluida la realizada en marzo de 2017, hubo once rondas oficiales de negociación sobre este tema, lo que da cuenta de dos caras de la cuestión. Una es la importancia de las relaciones comerciales entre los dos bloques regionales, reconocida por los sucesivos gobiernos; la otra está dada por las dificultades en lograr un acuerdo de esa amplitud, por lo mucho que pone en juego.
Considerado como bloque, una quinta parte del comercio exterior del Mercosur se realiza con la Unión Europea. Pero mientras nuestras exportaciones están formadas en su gran mayoría por productos agrícola-ganaderos y de la minería, el grueso de nuestras importaciones desde Europa son bienes industrializados y servicios comerciales.
Está claro que, por las características de nuestras economías, sería difícil suponer que fuese de otro modo, ya que las famosas “ventajas comparativas” apuntan a que nuestra producción de alimentos y bienes primarios sea, en principio, más competitiva. Pero acá entran a actuar otros factores que, desde hace más de medio siglo, afectan su colocación en la UE.
La política europea de subsidios a sus productores rurales, adoptada tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y mantenida desde entonces como estrategia para asegurar la independencia regional en la provisión de alimentos, como es sabido perjudica nuestra competitividad en materia de precios de estos productos. Pero, además, se combina con una serie de normas en materia de comercialización –por ejemplo, el plazo en que un producto puede ofrecerse en las góndolas de los supermercados europeos– que llevan a la generación de un considerable excedente que los países de la UE buscan exportar a otras regiones. El caso reciente de las importaciones de carne de cerdo procedente de Dinamarca es sólo un botón de muestra de esa realidad.
Hasta el momento, ninguno de los intentos del Mercosur para que la Unión Europea modifique esas políticas ha tenido resultado. Por su parte, los representantes de la UE exigen al Mercosur una quita de los aranceles de importación que abarque a la casi totalidad de sus productos. Así las cosas, las rondas de negociación han venido fracasando hasta ahora.
Motivos para preocuparnos. Son esos antecedentes y en la actual situación mundial y regional, las declaraciones de quienes participaron en las reuniones dan motivos para que los trabajadores y los argentinos en general debamos preocuparnos. Tanto el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, como la de Argentina, Susana Malcorra, expresaron la intención de alcanzar un acuerdo de libre comercio con la UE “a más tardar” en 2018. Por su parte, la directora para las Américas de la UE, Edita Hrdá, dijo que buscan “terminar lo antes posible” con su redacción definitiva.
Conviene recordar que la señora Hrdá, en esos mismos días, afirmó que la llegada de inversiones a nuestro país “depende de la habilidad del gobierno para tener paz social”. Viniendo de un funcionario extranjero no es un comentario tranquilizador.
Mucho menos tranquiliza ese apuro mostrado por los responsables de las negociaciones. Un acuerdo de esas características tiene carácter estratégico, ya que significa un grado de integración que afectará a la economía en su conjunto, y con ello, tendrá consecuencias estructurales para toda la sociedad. Sus cláusulas están pensadas para el largo plazo, y de manera directa o indirecta determinan qué sectores de la producción habrán de privilegiarse, qué infraestructura se requerirá, qué políticas de promoción habrá que adoptar y, por esa vía, hacen a los niveles de ocupación y calidad de vida, entre otras cuestiones clave.
En este sentido, que todavía no hayamos logrado, en el Mercosur, dar los pasos de integración y desarrollo en favor de todos los países de la región no sólo es un signo de las dificultades que es necesario afrontar, sino de la necesidad de planificar con total seriedad y responsabilidad las políticas. Es que acuerdos de este tipo requieren, ante todo, estrategias discutidas y consensuadas como políticas de Estado de qué país y qué región queremos construir.
Todo esto es precisamente lo que está faltando y que, frente a un bloque poderoso como la Unión Europea, debe aumentar la prudencia en las decisiones que se adopten. Desde sus orígenes, en la década de 1950, la actual UE ha dado muestras más que suficientes de planificar de manera estratégica sus políticas. Y en los últimos años, sus documentos vienen señalando como una prioridad clave negociar acuerdos de libre comercio con otros bloques regionales y países, para asegurar las exportaciones de sus empresas, en un mundo que tiende a “cerrarse”.
Los datos oficiales de la UE señalan que en diez años, el valor de sus exportaciones al Mercosur aumentó a más del doble (pasaron de 21 mil a 46 mil millones de euros entre 2005 y 2015), el crecimiento de sus importaciones desde el Mercosur fue mucho menor (pasaron de 32 mil millones a 42 mil millones de euros en el mismo período), con lo que el saldo para nuestra región pasó de positivo a negativo. Esto, recordemos, sin que hubiese un tratado de libre comercio y con precios internacionales que, en buena parte de ese período, fueron relativamente favorables para nuestras exportaciones.
¿Qué sucederá con un tratado como el propuesto, en un contexto de baja de precios de las llamadas “commodities” en los mercados internacionales, y en el que los analistas pronostican mayor proteccionismo en los principales países del mundo y “guerras comerciales” entre ellos?
Un llamado a la prudencia. En nuestro país, todos los días cierran o reducen su actividad empresas, no sólo del sector manufacturero sino las vinculadas a la producción de origen agropecuario, con despidos y suspensiones que agravan la ya terrible situación social, mientras las economías regionales no sojeras padecen una intensa crisis. En este cuadro, en el que lejos de verse en quienes gobiernan la adopción de estrategias que permitan avizorar un cambio de rumbo hacia mejores puertos, el apuro por firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea parece lanzarnos hacia lo peor de la tormenta.
Si Brasil, con una estructura industrial y una actividad agropecuaria que se beneficiaron a lo largo de décadas de sistemas de promoción, que le permiten contar con un tejido productivo mucho más sólido, tal vez pueda soportar mejor ese embate, la situación es muy distinta en la Argentina, donde no hemos contado ni contamos hoy con estrategias de desarrollo coherente. La actual apuesta a una “reactivación” en la relación con la Unión Europea hace recordar, en sus procedimientos, a la “apuesta a China” de los gobiernos anteriores, sin que haya signos de que en las negociaciones se estén tomando las salvaguardas para evitar una invasión de los excedentes europeos, incluso en el sector agroalimentario.
Es necesario hacer un llamado a los funcionarios de nuestra Cancillería y al gobierno en su conjunto, para que actúen con prudencia y responsabilidad. No está acá en juego tal o cual aumento en el nivel de exportaciones primarias, sino la matriz productiva de largo plazo que se quiera para la Argentina, con todo lo que eso implica en cuanto a las posibilidades de generar desarrollo y empleo digno, asegurar niveles de vida adecuados, reducir la inequidad y la brecha social que padecemos.
No se trata de una discusión entre “cerrarnos” o “abrirnos” al mundo. Se trata de que en los acuerdos que se pacten con el exterior, sobre todo si son de carácter estratégico como en este caso, se privilegien siempre el interés y el bien común de la Nación y el Pueblo
argentinos, que es el primer y fundamental deber de
todo gobierno.
*Secretario general de la CGT.
