En materia de seguridad pública, la Argentina no ha sido una excepción a la mayoría de las experiencias latinoamericanas. Desde la instauración democrática de 1983, el signo característico de nuestro país ha sido, salvo algunas excepciones, el recurrente desgobierno político sobre estos asuntos, en cuyo contexto las sucesivas autoridades gubernamentales delegaron sistemáticamente a las policías el monopolio de la administración de la seguridad pública. Es decir, ésta configuró una esfera institucional exclusivamente controlada y gestionada por la policía sobre la base de criterios, orientaciones e instrucciones autónoma y corporativamente definidas y aplicadas sin intervención determinante de otras agencias estatales no-policiales. En consecuencia, la dirección, administración y control integral de los asuntos de la seguridad pública así como la organización y el funcionamiento del sistema policial quedaron en manos de las propias instituciones policiales, generando así una suerte de policialización de la seguridad pública.
A su vez, esta impronta de desgobierno político y de delegación dio lugar a la articulación de una modalidad particular de politización de las instituciones policiales, en cuyo contexto éstas se conformaron como instrumentos estatales centralmente perfilados al control político y social y no como organismos de protección ciudadana. Hubo una suerte de manipulación política soterrada de la policía por parte de las propias autoridades institucionales del ramo así como también por parte de referentes políticos sin facultades de dirección policial, mediante la conformación de dispositivos de conducción extraoficiales y subterráneos a través de los cuales incidieron informalmente -pero con alto nivel de efectividadsobre los ascensos, pases, destinos y ocupación de los cargos policiales y hasta formularon en la trastienda ciertos lineamientos y directivas en materia de seguridad siempre instrumentalizados por los uniformados. En este contexto, en muchas ocasiones, no pocos legisladores, intendentes y dirigentes partidarios ejercieron ocultamente diferentes formas de influencia, presión y dirección sobre jefes policiales y sobre diversos integrantes de la institución y hasta decidieron acciones y operaciones policiales concretas, siempre al amparo de la protección política que se les garantizaba a sus operadores policiales. Este manejo informal de la policía implicó, en algunos casos, la protección y el encubrimiento de jefes y cuadros policiales corruptos que articulaban y amparaban ciertas redes delictivas mediante las cuales generaron cuantiosos fondos ilegales. En otras circunstancias, ha supuesto la disposición de medios policiales para el desarrollo de acciones encubiertas tendientes a dirimir pujas políticas con sectores adversarios o a influir sobre contiendas electorales mediante la generación de situaciones de desborde delictivo o de crisis de seguridad.
Así, el desgobierno y la policialización de la seguridad pública se instrumentó sobre la base de un pacto de reciprocidad entre gobierno y policía en cuyo contexto aquel delegó en la institución policial la gestión de la seguridad pública y le concedió a ésta el compromiso de no ingerencia en el autogobierno policial y de protección institucional a cambio de la conformación de una situación de seguridad estable y sin sobresaltos sociales ni crisis institucionales y de la posibilidad de hacer un uso instrumental de la policía como instancia de control político o disciplinamiento social y, en ciertas ocasiones, hasta como una fuente de fondos ilegales.
Por su parte, todo ello trajo aparejado dos consecuencias institucionales de suma importancia para las instituciones policiales. En primer término, dio lugar a la autonomización política de la policía, permitiendo que ésta definiera sus propias funciones, misiones y fines institucionales independientemente de las orientaciones generales del gobierno, se proporcione sus propios criterios y medios para cumplirlos o alcanzarlos y, en ese marco, también estableciera los objetivos y orientaciones generales de la seguridad pública en su conjunto. De cara al interior de las agencias policiales, ello apuntaló una marcada independencia doctrinal, orgánica y funcional en su desarrollo y proyección institucional frente al gobierno estatal y frente a la sociedad política y civil, y permitió que estas agencias actuaran con frecuencia como si estuvieran por encima y más allá de la autoridad constitucional del gobierno, protegiendo cada vez más sus logros e intereses autodefinidos y resistiendo con relativo éxito a todo tipo de iniciativa gubernamental tendiente a erradicar, reducir o cercenar dicha autonomía. Y, en segundo término, ha favorecido el autogobierno policial sobre la seguridad pública y el sistema policial mismo. Tal como se dijo, en nuestros países, la institución policial contó con amplios márgenes de autonomía para autogobernarse orgánica y funcionalmente y, desde allí, ejercer el gobierno de la seguridad pública general. En concreto, el abordaje y resolución de las problemáticas referidas a la violencia y el delito quedaron en manos exclusivamente de la agencia policial, la que gestionó este conjunto de asuntos de acuerdo con concepciones, formas de organización y modalidades de funcionamiento articuladas históricamente durante la última centuria.
*Diputado bonaerense (Nuevo Encuentro). Vicedirector del Núcleo de Estudios sobre gobierno y seguridad. Extraído del libro Políticas de Seguridad y Justicia Penal en Argentina (CEPES) – 2005.
