La falta de una ley nacional que especifique los criterios para la utilización y distribución de la publicidad oficial motivan la intervención de la Justicia en la resolución de conflictos. Uno de los fallos relativos a este tema fue el de la Editorial Perfil. Ante la exclusión de la asignación de pauta de sus medios se procedió a una puja judicial con el gobierno, que incluyó fallos judiciales, dos de la Corte Suprema. Finalmente, en marzo de 2011, la Corte falló a favor de la editorial y empezó a recibir pauta oficial tal cual había reclamado para sus publicaciones. El tribunal le exigió al Estado nacional que en el término de 15 días procediera a “distribuir la publicidad oficial en las distintas publicaciones de la editorial (…) respetando el equilibrio razonable con aquellas de similares características”.
Otro caso de reclamo fue el del Diario de Río Negro. En 2003, la provincia de Neuquén retiró la publicidad oficial que asignaba periódicamente al diario. El medio demandó a la provincia denunciando que se trataba de un acto arbitrario y discriminatorio.
La Corte, en su fallo, ordenó al Estado provincial que las futuras pautas sean adjudicadas con dos criterios: 1) no manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios, y 2) no utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión. Otro antecedente fue en 2013 el de Arte Radio Televisivo Argentino (Artear).
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