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El franquismo, la deuda pendiente

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Relatores de la ONU, un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y expertos en justicia universal criticaron el recorte impuesto en España a dicha justicia y elogiaron a la Argentina. Raúl Zaffaroni felicitó la labor de Baltasar Garzón por su puesta en funcionamiento de la justicia universal respecto del proceso que culminó con la prisión del marino Adolfo Scilingo y denunció la violación de la independencia del Poder Judicial en el sistema español. “La legitimidad de la justicia universal no emerge de ningún proceso selectivo sino del fundamento de hacer efectivo el proyecto de orden jurídico humano”, dijo.
El fiscal de la CPI, el argentino Fabricio Guariglia, señaló: “Si España no juzga ni entrega, sería visto como una afectación a sus deberes” adquiridos al ratificar el Estatuto de Roma de la CPI. Así se refirió Guariglia al rechazo de la Audiencia Nacional a extraditar a Argentina al ex inspector Juan Antonio González Pacheco y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, donde están reclamados por torturas en el franquismo, en la causa que instruye Servini de Cubría, y a la negativa de la Justicia española a abrir una investigación en España. Ana Messuti, abogada de la causa abierta en Argentina, destacó el trabajo de la jueza, y valoró que “Argentina está ejerciendo la jurisdicción universal no sólo en el caso español, sino cuando juzga los crímenes argentinos”.
Carlos Slepoy, abogado de la querella argentina, señaló que “Argentina es una abanderada en materia de derechos humanos”.
Por su parte, María Garzón Molina, hija del ex juez y directora de Fibgar, le dijo a PERFIL “estar asombrada” por cómo “en la Argentina la gente de a pie habla sin ningún tapujo de los crímenes cometidos por la dictadura militar”, de cómo en ese país “el tema no divide a nadie”, y destacó “la conciencia y educación con la que los argentinos asumen el tema, cosa que en España no sucede”.