Hasta ese momento, las Fuerzas Armadas podían considerarse un bloque monolítico y sin fisuras, en donde todos los militares cerraban filas en defensa de lo que hicieron, de la ideología que los llevó a hacerlo y del proyecto político que emanaba de esa ideología.
Después del libro Nunca más y del Juicio a las Juntas, hechos en los que se reveló la magnitud de lo ocurrido, se produjo un cambio sustancial en sus filas. Las nuevas camadas comenzaron a tomar conciencia de lo sucedido y a romper con la antigua tradición autoritaria que supeditaba la democracia a sus intereses corporativos.
La tutoría que las Fuerzas Armadas se autoasignaron durante más de cincuenta años sobre los destinos del país, con el respaldo y la instigación de grupos de poder de la dirigencia civil, empezaba a ser una cuestión que pertenecía al pasado, y bajo el pleno respeto al orden constitucional se extinguían las brasas del viejo conflicto entre militares y civiles. Pero todavía debíamos atravesar varias pruebas de fuego.
El 20 de abril de 1987, la crisis volvió a manifestarse con crudeza: el día anterior había designado como nuevo jefe del Ejército al general Caridi, en reemplazo de Ríos Ereñú. Los militares carapintada manifestaron su disconformidad con esa decisión porque la interpretaron como una maniobra del gobierno para recomponer la situación. De inmediato se conoció que las guarniciones de Salta y Tucumán formalizaban el rechazo a esta medida, ahora lideradas por el teniente coronel Angel León, otro de los jefes sublevados.
Al mismo tiempo, el teniente coronel Venturino se habría comunicado con el contador José María Menéndez para hacerle saber las nuevas exigencias y utilizarlo de contacto. Al parecer, Menéndez participó en la redacción de un nuevo pliego de condiciones que curiosamente, vaya a saber por qué azar de circunstancias, llegó primero a la redacción del diario Ambito Financiero que al escritorio del ministro de Defensa, mientras una fuerte campaña de acción psicológica recreaba un clima de intranquilidad en la opinión pública.
Convoqué de inmediato a una reunión del equipo de crisis y planteé que había que buscar una solución. La designación del general Caridi era inamovible, pero era necesario elegir a su segundo.
Al mediodía del martes, el subsecretario de la SIDE, Ricardo Natale, se contactó con el coronel Heriberto Auel, quien permanecía en Río Gallegos, para consultarlo. Auel aceptó viajar a Buenos Aires para reunirse, pero bajo ciertas condiciones.
Mientras tanto, Jaunarena se reunió con el coronel Cervo, quien propuso “provocar un descabezamiento” del mando del Ejército. El coronel agregó que era necesario determinar quién podía conformar a los más exasperados, refiriéndose a los carapintadas, y sugirió el nombre del general Vidal, quien ya había sido candidato a suceder a Ríos Ereñú en los momentos finales del domingo anterior, pero no aceptó.
El siguiente nombre en la lista era el general Fausto González, aparente simpatizante de los carapintadas. Cervo acercó entonces el nombre a Jaunarena. El coronel Auel, que ya había arribado a Buenos Aires, propuso el mismo nombre a Natale. Cuando éste se comunicó conmigo para hacerme llegar lo que entendía era “una buena idea”, tuvo noticias de que la decisión ya estaba tomada en el mismo sentido y que mi asesor militar Tisi Baña la avalaba. El general Caridi manifestó alguna reticencia, pero finalmente accedió y se comunicó telefónicamente a Córdoba con el general González para hacerle el ofrecimiento.
El miércoles, el designado segundo jefe del Estado Mayor ya estaba en Buenos Aires para asumir su cargo. Como resultado de su nominación y de la resolución de la crisis, el domingo anterior, 17 generales pasaron a retiro, cumpliéndose así el descabezamiento sugerido por el coronel Cervo. Sin embargo, los rebeldes advirtieron que el hipotético triunfo que creían haber obtenido no era tal.
Caridi era un “duro” en términos de ejercicio del mando militar. Compañero de promoción de Ríos Ereñú, había quedado rodeado de un cuadro de generales que le respondían directamente, como Abbate, Ferrucci, Arrillaga y Mabragaña, o que eran sus aliados para restablecer la disciplina, como Isidro Cáceres y Martín Balza, y conseguía disminuir el peso específico de los carapintadas, reducidos, según se decía, a Fausto González y Auel.
Para obtener sus objetivos políticos y de propaganda, los jefes carapintadas habían debido exponerse públicamente y tenían en su mayoría la carrera militar comprometida: nueve jefes de unidad que se identificaban con esa posición fueron relevados de sus cargos.
Para Caridi, en cambio, la situación estaba en condiciones de mejorar para poder cumplir así con el compromiso que asumió conmigo y con Ríos Ereñú cuando se le propuso el cargo de jefe del Estado Mayor: depurar el Ejército.
El jueves a la noche, Rico fue trasladado desde su prisión en Campo de Mayo a la sede del Estado Mayor, donde, según se me informó, mantuvo una tensa reunión con Caridi, en presencia de los generales Arrillaga y González y del coronel Cervo. Rico sostuvo que había actuado para cambiar las cosas y señaló la necesidad de instrumentar algunas modificaciones en la situación militar.
Caridi le contestó: “Yo levanto las banderas de Semana Santa. Pero he venido a mandar y no acepto la existencia de segundos mandos ni de un Ejército paralelo”.
Rico tomó en sus manos un ejemplar de la revista Siete Días, repleta de fotografías de los hechos anteriores, y la abrió en una página en la que se veían dos especialmente destacadas: una mostraba la imagen de un oficial carapintada en Campo de Mayo, con el uniforme de combate, el arma lista y la cara embadurnada; en la otra se observaba al general Alais mientras tomaba mate rodeado de periodistas.
Señalando la primera foto, Rico dijo: “Luchamos para que usted comande un Ejército como éste”, y mirando la otra añadió, “no como éste”. Luego, con gesto teatral, se sacó de la camisa las insignias del grado y las puso sobre el escritorio de Caridi: “Yo ya no estoy más en el Ejército”. Allí terminó el encuentro y Rico volvió a su lugar de detención, en la guarnición de Campo de Mayo.
Si la crisis de Semana Santa había concluido en su expresión más visible, se abrían igualmente tiempos difíciles y turbulentos. La nueva situación modificó el mapa político del Ejército y cambió el eje de las discusiones. Estas no eran ya confrontaciones entre poder civil y poder militar, que tenían como centro exclusivo el pasado inmediato. Desde el estallido de Semana Santa también estaba en juego quién y cómo decidía en la fuerza.
Era evidente que la aparición pública de los carapintadas como factor de poder e inestabilidad, con sus efectos internos y externos, era un dato reciente de carácter erosivo que habría de tomarse en cuenta para cualquier política que se quisiera aplicar. A partir de ese momento, los conflictos serían constantes, porque la disciplina había quedado gravemente resquebrajada después de la ruptura de la cadena de mandos. Los oficiales subalternos respondían malamente a las órdenes y el mando de la fuerza tenía serias complicaciones para controlar la totalidad de los hechos.
Como resultado de los episodios castrenses, sólo Rico y Venturino fueron detenidos y los restantes partícipes del levantamiento quedaron en libertad, aun cuando los que tenían funciones comenzaron a quedar en situación de disponibilidad. Nuestro gobierno tuvo que enfrentar otros dos levantamientos militares desde entonces hasta el final de la gestión. Dentro del Ejército se había abierto una dura lucha que se expresaba, a pesar de la afirmación de Caridi a Rico, en una dualidad de poder que no se resolvió totalmente hasta 1989 y cuya influencia en los sucesos políticos del país fue creciente.
Desde los distintos flancos recibíamos presiones y manifestaciones cruzadas. De un lado nosotros, confrontando con todos los recaudos necesarios para encauzar los procesos y llevar a buen puerto la acción de la Justicia.
Del otro lado, quienes agitaban y exacerbaban el delicado cuadro con la intención de lograr una amnistía, o al menos la interrupción de las causas.
En Córdoba, una misa organizada por la agrupación de Familiares y Amigos de los Muertos por la Subversión (Famus) tuvo una concurrencia masiva y, en su homilía, el sacerdote fray Rossi exaltó a los militares como víctimas de un ataque oficial.
La presencia del teniente coronel Luis Polo, de uniforme, promovió aplausos y vítores. El jefe de la Armada, Ramón Arosa, y el de la Fuerza Aérea, Ernesto Crespo, coincidieron en pedirme una “solución política rápida” al tema.
Un artículo de la revista Somos informó que para “las instituciones militares [...] la amnistía lisa y llana sigue siendo la solución preferida”. Naturalmente, no estaba dispuesto a ceder frente a tales presiones ni a cometer semejante claudicación.
El 13 de mayo de 1987, exactamente dos años y un día antes de las elecciones que dieron el triunfo a Carlos Menem, hablé al país por radio y televisión para anunciar que el Poder Ejecutivo asumía la responsabilidad de enviar al Congreso el proyecto de ley que reformaba el Código de Justicia Militar e incorporaba la eximente de la obediencia debida, admitiendo que algunas de las medidas previas no habían tenido la eficacia necesaria.
Mi argumentación se centró en que la ley garantizaba la estabilidad democrática y que, al no ser una amnistía, evitaba la impunidad que, de otro modo, sería una consecuencia casi inevitable.
El 20 de mayo, Famus organizó una nueva misa, esta vez en la Capital Federal, a la que asistió una gran cantidad de oficiales en retiro de las tres fuerzas y unos pocos en actividad. Al terminar se escucharon vivas al ex dictador Videla y a las Fuerzas Armadas y exigencias de reivindicación de la “lucha antisubversiva”.
Todavía quedaban otros momentos difíciles para nuestro gobierno en el plano militar. Durante 1987, el Congreso de la Nación había sancionado una ley, originada en un proyecto del senador radical Adolfo Gass, que obligaba a todos los oficiales a prestar juramento de lealtad y fidelidad a la Constitución Nacional “hasta perder la vida”. El mando dispuso que esta promesa se efectuara en las formaciones de homenaje a la fiesta patria del 25 de Mayo, pero algunos oficiales prefirieron dar por concluida su carrera antes que expresar públicamente el compromiso requerido.
(*) Ex presidente de la Nación (1983-1989), fallecido en 2009.
