En medio de la crisis económica, hubo un hecho que pasó un tanto oculto en la agenda mediática: el Comité de los Derechos del Niño (CRC por sus siglas en inglés) concluyó esta semana la sexta evaluación al Estado argentino sobre la situación de la infancia y la adolescencia en el país. El Gobierno debió contestar si el acuerdo con el FMI podría afectar los derechos de la infancia. O si la “doctrina Chocobar” también se aplica a menores. Los expertos independientes que integran el CRC indagaron también sobre cuestiones como la demorada designación del Defensor del Niño, la falta de una ley de responsabilidad penal juvenil y la violencia institucional contra los adolescentes, entre otros temas.
El CRC es el órgano de seguimiento de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Todos los Estados que firman y ratifican la CDN presentan cada cinco años un informe oficial sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes, y sobre los avances en el cumplimiento de sus derechos. El Comité contrasta el informe oficial con los “informes sombra” que elaboran las organizaciones de la sociedad civil, y con los documentos que emiten expertos independientes como el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura.
7 de junio. Antes de emitir sus observaciones –que se conocerán el próximo 7 de junio–, el CRC recibió a una delegación del Estado argentino, liderada por titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Castelli, y representantes de los Ministerios de Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Educación, Justicia y Finanzas, y la Misión Permanente de Argentina en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
A pocos días de anunciarse el acuerdo de Argentina con el FMI, el CRC manifestó preocupación por la situación económica y su efecto sobre la niñez. Así lo señaló Cephas Luminas, uno de los integrantes del panel. “Mis preguntas se centrarán en la asignación y el uso eficiente de los recursos, especialmente en el contexto de los recortes a los gastos públicos impulsados por las medidas de austeridad que se vienen aplicando a partir de 2015, y sobre los posibles recortes que se realizarán en el contexto del Programa de Asistencia Financiera de 30 mil millones de dólares del FMI”.
Por su parte, el uruguayo Luis Pedernera Reyna –único integrante del CRC de la región– indagó sobre situaciones de violencia policial contra las personas menores de 18 años. “El hecho más reciente es la muerte del adolescente Facundo Ferreira, de 11 años, de un tiro en la nuca en la provincia de Tucumán, cuando transitaba en una moto junto a otro adolescente”, indicó. “Hemos tomado conocimiento de que se está aplicando una doctrina que en su país se denomina ‘doctrina Chocobar’. Es decir, el uso de violencia letal como primer resorte –continuó Pedernera Reyna–. Le queremos preguntar a la delegación (argentina) si es realmente el enfoque que el Estado le está dando al tema de seguridad”.
Menos garantista que con los adultos. Pedernera Reyna también observó que el país aún no cuenta con una ley de responsabilidad penal adolescente “y lamentablemente sobrevive un enfoque que es menos garantista que el sistema de adultos”. “Todavía en vuestro país se sigue privando de libertad por protección bajo el argumento tutelar de peligro moral y material a adolescentes que no cometieron delitos –dijo–. Y las condiciones de detención presentan grave déficit; así lo ha confirmado recientemente en su visita al país el Relator contra la Tortura”.
Nils Melzer, Relator Especial de ONU sobre Tortura, viajó a Argentina entre el 9 y el 20 de abril, y en sus observaciones preliminares instó firmemente a las autoridades “a ponerle fin al encierro excesivo en centros de detención de menores, y a garantizarles el acceso a escuelas y oportunidades para la reinserción de los internos adolescentes, en cumplimiento de las Reglas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de su Libertad y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores”.
Los integrantes del CRC también consultaron sobre la demorada designación del Defensor del Niño, prevista por la Ley 26.061 en 2005, y mostraron preocupación por las tasas de abandono escolar en el nivel secundario y las marcadas inequidades interprovinciales en el acceso a derechos.
Preocupación oficial. La delegación nacional respondió a través del titular de la Sennaf, Gabriel Castelli. “No desconocemos que la situación económica es un signo de preocupación”, sostuvo el funcionario, en tanto señaló que los primeros preocupados “somos los mismos argentinos porque la inflación es el principal flagelo que afecta a los pobres”. “Es cierto que recurrir al Fondo (Monetario Internacional) puede parecer un signo de debilidad en una primera etapa –continuó–, pero también es una tranquilidad en términos de asegurar un financiamiento sostenido en el tiempo a tasas más competitivas que las tasas de mercado, que aseguran previsibilidad y estabilidad”.
En la misma línea, el funcionario destacó la ampliación de la cobertura de los programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y dijo que las medidas de austeridad “no tuvieron impacto en el gasto público y social”. El impacto social de la AUH fue significativo, afirmó: en 2015, el 2,5% de los hogares pudieron salir de la pobreza y la inscripción escolar aumentó.
Castelli aseguró además que Argentina “no es un país que tenga violencia institucional”. “Todos los casos resonantes han sido promocionados excesivamente por los medios, son aislados y la Justicia ha intervenido de manera sistemática –continuó–. En la mayor parte de los casos, las personas que han intervenido están privadas de su libertad. Por lo cual, me gustaría enfatizar este tema porque no existe tal cosa como la ‘doctrina Chocobar’, que tanto promocionan los medios. No hay una política de gatillo fácil, y mucho menos vinculada con la niñez y la adolescencia”.
